La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, de disponer que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo adopte las medidas de corrección o protección a favor de Edwin Oviedo Picchotito, en la investigación que le sigue la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado – FECOR, por su presunta participación en una organización criminal al interior de la Empresa Agroindustrial Tumán, pone sobre la mesa la posibilidad de que todo lo actuado por el Ministerio Público, en lo referido al empresario, sea declarado nulo.
En concreto, la resolución emitida el 31 de enero de este año hace referencia a la Casación N° 326-2016, dada en noviembre del año pasado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a favor de Oviedo Picchotito, por la cual deja sin efecto la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque que desestimó la tutela de derechos que en primera instancia se le concedió al empresario, contra quien la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Carrasco Millones, no presentó imputación real para incriminarlo en el caso también conocido como “Wachiturros”.
En la casación, la suprema otorgó un plazo de cinco días para que el Ministerio Público subsane la investigación a Oviedo Picchotito y precise cuáles eran los hechos o elementos de convicción por los que lo sindica como líder de la presunta organización criminal, detallando así su imputación.
En consecuencia, la Sala Penal Permanente decidió adicional a su casación el contenido a referido a que el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Reynaldo Leonardo Carrillo, que revisa el caso “Wachiturros”, dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan “para hacer eficaz lo resuelto en la sentencia casatoria del 23 de noviembre del 2016 y, de ser el caso, aplicar lo establecido al Título III del Libro Segundo del Código Procesal Penal”.
POSIBLE NULIDAD
Por esto último, el abogado Carlos Isla Montaño, defensor legal de Edwin Oviedo, sostiene que existe la posibilidad de que el Poder Judicial declare la nulidad de lo actuado por el Ministerio Público respecto del empresario azucarero, considerando además que la FECOR Lambayeque – según afirma – no cumplió con lo indicado en la sentencia casatoria de subsanar su investigación en el plazo de cinco días.
“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema le está ordenando al juez que adopte todas las medidas de protección, todas las medidas correctivas para que se cumpla con su mandato, y esto porque se le dio al Ministerio Público un plazo determinado para que subsane la imputación contra mi patrocinado de ser posible hacerlo. Sin embargo, transcurrido ese plazo el Ministerio Público hizo caso omiso al mandato supremo y respondió señalando que había operado una sustracción de la materia y, por lo tanto, con la formalización de la investigación preparatoria ya había señalado la real imputación. Eso nosotros lo consideramos una burla, un acto arbitrario, una falta de respeto al órgano supremo del Poder Judicial en su última instancia”, precisa el abogado.
Isla Montaño refiere que a insistencia de la defensa técnica de Oviedo Picchotito la Corte Suprema volvió a pronunciarse sobre su casación vía aclaración, precisando qué acciones debe tomar el juzgado de investigación preparatoria.
“Le dice al juez que no solo tome medidas correctivas y de protección, sino que además puede aplicar el Código Procesal Penal en el extremo de nulidades; es decir, que si este advierte que la investigación es nula tendrá que declararla como tal, porque desde ya la Corte Suprema ha dicho que la investigación es incongruente, contradictoria, vulnera el derecho a la defensa y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no surte ningún efecto legal. En base a esta nueva resolución suprema el juzgado debe pronunciarse”, asevera.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
El letrado cuestiona que pese a no haber precisado la imputación respecto al empresario, la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado haya solicitado al despacho de Leonardo Carrillo el levantamiento de las comunicaciones contra Oviedo Picchotito, agravando – según dice – la vulneración de derechos.
“Cómo es posible que sin haber definido si existen o no cargos o imputaciones contra el señor Edwin Oviedo, el Ministerio Público pida el levantamiento de las telecomunicaciones, eso es absurdo. Si la fiscalía no ha podido indicar cuál es la supuesta participación ni detallar cuáles son los cargos del señor Oviedo en el caso Tumán, lo que queda corroborado con esta nueva resolución de la Corte Suprema, queda entonces claro que no procede ninguna medida de restricción en su contra, y esto porque no es posible defender a un investigado en tanto el Ministerio Público no ha precisado cuáles son los cargos. Eso vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso”, señala.
José Carlos Isla sostiene que la nulidad de la investigación contra Oviedo Picchotito es una posibilidad que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria puede adoptar, por existir indicios suficientes de que el procedimiento fiscal ha sido irregular.
“No hay un plazo señalado en la resolución pero se entiende que el accionar del juzgado debe ser a la brevedad. El señor Oviedo viene siendo investigado hace dos años y él ha colaborado con la justifica porque es el primer interesado en que esta situación se esclarezca. Sin embargo. Una persona no puede estar investigada por siempre, y por eso la Corte Suprema le ha pedido al Ministerio Público que cumpla con indicar cuáles son los cargos mínimos para que el señor Oviedo pueda defenderse”, manifiesta.
La decisión de la Sala Pena Permanente de la Corte Suprema tiene carácter de inapelable, y es la segunda que se da en relación a la necesidad de que la fiscalía defina la participación de Oviedo Picchotito en el caso Wachiturros, en el que se sindican delitos como asociación ilícita para delinquir, extorsión, robo agravado, tenencia ilegal de armas y otros.
INFORMACIÓN FINANCIERA
Por otro lado, el abogado hizo referencia al requerimiento de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, que a través del Oficio N°2361-2015-MP-2°FPPC-CH/5°DI, ha solicitado al Primer Juzgado Civil y Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo los informes financieros y todo acto jurídico que el Grupo Oviedo, a través de su ex administración judicial, ejecutó en la Empresa Agroindustrial Tumán.
De acuerdo a la Carpeta Fiscal N° 2361-2015, a cargo fiscal Carlos Osores Padilla, esta investigación preliminar se formalizó por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita, fraude procesal, falsedad ideológica, evasión tributaria y daños.
Al respecto, Isla Montaño indica que en ambos despachos judiciales se encuentra toda la información económica, financiera y contable que la administración judicial de Segundo Ordinola Zapata alcanzó de manera trimestral y anual, así como los estados financieros auditados que aparecen publicados en la Bolsa de Valores.
“En el expediente judicial en el Séptimo Juzgado Civil existen informes trimestrales que versan sobre aspectos económicos, financieros y contables de la empresa, alcanzados a lo largo de los últimos ocho años. Estos informes fueron puestos de conocimiento de las partes y nunca fueron impugnados, por lo que se entiende que fueron correctos. En buena hora que el Ministerio Público pida esa información, seguramente los jugados responderán, porque además dos peritos judiciales validaron el manejo de la compañía durante la permanencia de la administración de Segundo Ordinola Zapata”, resalta.
Añade que, por el contrario, en los últimos dos años no se han presentado los informes trimestrales del manejo financiero de la azucarera y tampoco los estados que las empresas que se encuentran en la Bolsa de Valores de Lima, como es el caso de Tumán, están obligadas a presentar.
“Esa conducta debe ser investigada por el juzgado. Durante los ocho años de la administración judicial que encabezó Segundo Ordinola Zapata se entregaron estados financieros y se auditó a la empresa, por eso es que estamos llanos a que se revise esa información, pero también pedimos al Ministerio Público que de igual modo investigue qué ha pasado en los dos últimos años respecto al manejo de la empresa”, enfatiza.
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