El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Aldo Zapata López, remarca que los magistrados del Poder Judicial están preparados y tranquilos para resolver los controversiales casos de corrupción y criminalidad organizada que existen en el departamento, y añade que corresponde a los representantes del Ministerio Público realizar una labor prolija que sustente de manera eficaz sus acusaciones para estar a la altura de las expectativas de justicia de la población.

En el primer trimestre de su gestión, Zapata López ha sorteado diferentes dificultades. Desde los rezagos de la huelga de trabajadores del Poder Judicial que duró dos meses, con el consiguiente retraso en la realización de audiencias y diligencias, hasta los efectos de El Niño Costero, que complicaron la labor jurisdiccional en diferentes partes de Lambayeque.

A esto se sumó que cuatro jueces superiores titulares fueron convocados a la Corte Suprema de la República, dos de ellos para integrar el sistema anticorrupción recientemente creado para asumir los casos de alta complejidad, relacionados a este flagelo social, a nivel nacional.

“Una de las dificultades mayores que debe afrontar un presidente de corte es establecer y decidir qué persona en sustitución de otra debe cumplir labores en determinados casos. En Lambayeque es conocido que cuatro jueces superiores han sido promovidos para trabajar en la Corte Suprema de la República, ellos son los doctores Magdalena Chávez Mella, Enrique Rodas Ramírez, Óscar Burga Zamora y Juan Guillermo Piscoya. Hemos cuidado que las personas que los sustituyan sean aquellas que cumplan las expectativas que tienen la comunidad y el Poder Judicial en la atención de sus requerimientos y necesidades”, refiere el magistrado.

Precisa que cuando por alguna razón el magistrado titular no está presente se aplican los protocolos y procedimientos establecidos para sustituir, por lo que no ha sido necesaria la recomposición de salas en el distrito judicial.

Respecto a la emergencia por lluvias e inundaciones presentada en el departamento, y que también afecta a las provincias cajamarquinas de Jaén y San Ignacio, que forman parte de la Corte de Lambayeque, Zapata López destaca que la mejor forma de ayudar a la población, de parte del Poder Judicial, es no haber suspendido sus labores.

“Dos meses de huelga y lluvias que no esperábamos nos obligan a pensar, más que en nosotros, en la comunidad. Si no hemos dado dinero en efectivo para ayudar a los damnificados, lo hemos hecho con nuestra labor, porque mientras que en otros lugares se suspendieron las actividades de los trabajadores del Poder Judicial, incluyendo las de los jueces, aquí decidimos no hacerlo. Creemos que enfrentamos la emergencia laborando, y laborando más. Establecimos las jornadas sabatinas que se van a retomar, no hemos parado por las lluvias, esperamos remontar las cifras negativas de la huelga y esa es la forma en la que creo que nosotros devolvemos más a la comunidad de lo que se espera. Estamos luchando contra la frustración de audiencias, y como la comunidad espera decidiendo rápido y bien”, señala.

PRODUCCIÓN

Desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, en abril del 2009, ingresaron a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 111 mil 296 expedientes, de los cuales se han resuelto 89 mil 636. El año con mayor carga procesal fue el 2014, cuando circularon entre los diferentes órganos jurisdiccionales 19 mil 708 casos penales.

Hasta abril del año pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones revisó 419 expedientes, siendo la de mayor carga, seguida de la Sala Mixta de Jaén, también jurisdicción de la Corte de Lambayeque, con 418 causas. De los juzgados colegiados, el primero trató 451 expedientes, en tanto el Octavo Juzgado Unipersonal es el que más casos ha tenido en primera instancia, al recibir tres mil 156 casos.

Respecto a los juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo, el primero, con cuatro mil 763 casos, es el que más carga ha tenido entre el 2009 y el 2016, en tanto el Primero de José Leonardo Ortiz revisó cinco mil 188 expedientes.

El juzgado con menor carga procesal en el distrito judicial de Lambayeque es el de Oyotún, con 62 casos.

En materia laboral, a diciembre del  año pasado, el Sexto Juzgado de Trabajo – Contencioso Administrativo es el que más carga tuvo, al manejar tres mil 381 expedientes, mientras que la Tercera Sala Laboral atendió 663 casos. En familia, la mayor carga está en el Tercer Juzgado, con mil 138 expedientes.

CELERIDAD

“Los casos que se encuentran bajo el Nuevo Código Procesal Penal se tramitan muy rápido, a diferencia de lo que sucedía con el Código de Procedimientos Penales, con el que por razones diversas los casos se demoraban, incluso todavía nosotros tenemos un pasivo de casos de este tiempo que no concluyen”, explica Aldo Zapata.

A decir del presidente de la Corte de Lambayeque, en general los casos ahora se resuelven muy rápido y cuando esto no ocurre genera preocupación. “Ahora, a cargo de la presidencia yo estoy al tanto de por qué se presentan retrasos, lo que me obliga a indagar qué está ocurriendo”, menciona, al ser consultado por la tramitación de los procesos de corrupción que involucran a exautoridades y exfuncionarios, principalmente por irregularidades en la ejecución de obras públicas.

“Las distorsiones en la tramitación de los procesos sí son preocupación de la presidencia de la Corte. Si esto tiene que ver con asuntos que lindan con la probidad del magistrado es competencia del órgano de control local y nacional, pero los asuntos de tramitación, gestión y demoran son revisados por la presidencia y es algo en lo que me comprometo a indagar”, indica.

Anota que en Lambayeque es mínima la estadística de casos prescritos, debido a la efectividad que garantiza la herramienta procesal vigente.

“La prescripción es una institución del Derecho y está presente en el ámbito penal. Es la sanción que le impone la ley al Estado por no realizar su labor a tiempo y es en términos de la expectativa ciudadana sobre la justicia una desgracia, porque esto no debe ocurrir. En verdad, si es que hubiera una estadística sobre casos prescritos esta es muy pobre, precaria casi en el Nuevo Código Procesal Penal. Era un asunto mucho más frecuente con el código anterior”, refiere el magistrado.

JUECES IMPARCIALES

Aldo Zapata pone énfasis al señalar que los jueces no tienen injerencia en la investigación penal porque esta corresponde al Ministerio Público, erigiéndose, en consecuencia, como un tercero imparcial que deberá valorar la carga probatoria y los argumentos de la defensa para emitir su fallo.

“Quien prueba que alguien cometió un delito es el fiscal. El juez es constitucionalmente independiente, autónomo e imparcial. Es decir, el juez como un sujeto imparcial, en un proceso de partes, tiene que ver si el acervo probatorio es de entidad suficiente, por ejemplo, para estimar una prisión preventiva al inicio de un proceso penal y para dictar una sentencia de condena o una absolución”, remarca.

Añade que la Corte que preside cuenta con magistrados capaces de asumir decisiones con apego a ley para resolver los denominados casos emblemáticos o de crimen organizado, que en caso de Lambayeque son varios. Uno de los más sonados es el los “Limpios de la corrupción”, que involucra a exautoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

“Es un caso emblemático, mediático, tiene todos los calificativos y hace que las alarmas se enciendan, porque la comunidad merece una respuesta sobre un asunto del que de manera individual y colectiva se ha reclamado afectada por varios años. Lo que digo yo es que el Poder Judicial está atento y preparado para actuar con autonomía, con independencia y los jueces con imparcialidad”, asevera.

Respecto a los mandatos de prisión preventiva, sostiene que “los que los magistrados de la Corte, al momento que declaran fundada o estiman una medida cautelar de este tipo, es porque están convencidos que la persona que se ve afectada con la restricción de su libertad debe quedarse en ese estado en seguridad del proceso, porque tiene visos que lo vinculan como autora o partícipe de un delito”.

Empero, reconoce que en los últimos años la prisión preventiva se ha constituido en un mecanismo recurrente, y aunque prefiere abstenerse de comentar lo dicho por el presidente de la Corte Suprema de la República, Duberlí Rodríguez Tineo, sobre el excesivo uso que algunos magistrados le dan a esta medida cautelar, sí acepta que “hay muchos jueces carceleros”.

“En el Perú hay muchos jueces carceleros. Lo que ocurre es que tenemos un nuevo instrumento normativo que es el Código Procesal Penal que establece reglas fáciles de verificar para los jueces y fáciles de sustentar para la fiscalía. En esos casos, la prisión preventiva tiene reglas ahora muy claras que permiten resolver en tiempo real el requerimiento de la fiscalía sin cometer exceso”, asegura.

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

El magistrado anota que en un caso de criminalidad organizada, con muchas verificaciones que realizar para fundamentar por sí solas o en conjunto una medida como la prisión preventiva, la labor que les corresponde a los fiscales es compleja, pero también se espera que los jueces sobre la base de esas verificaciones adopten una decisión final, absolviendo o condenando.

“Los jueces están preparados, tranquilos y serenos, porque ahora, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, ya no buscan comprobar sino simplemente decidir sobre la base de los requerimientos de las partes. Si la fiscalía tiene un caso su obligación es probar la responsabilidad del acusado y el Poder Judicial en su momento decidirá si la persona incriminada es condenada o absuelta”, manifiesta.

De inmediato, el presidente de la Corte rechaza la posibilidad que exista presión sobre los magistrados para decidir los mandatos de prisión, aun cuando en el caso de crimen organizado la carga mediática es alta.

“Soy un profesionista de formación y creo que tanto jueces y fiscales como miembros de una comunidad están expuestos a algún tipo de contaminación y de presencia importante, incluyendo la de la prensa, pero creer que por presión estos deciden sería subestimarlos. Por los años que tengo trabajando como juez penal puedo decir que los magistrados no trabajan de esa manera. Nosotros estamos tranquilos, esperamos que lleguen los casos a nuestras manos y sobre la base y los argumentos decididos. No existe quien nos tenga que decir cómo decidir en uno u otro sentido”, afirma.

COLABORADORES EFICACES

Zapata López indica también que los fiscales que apoyan sus investigaciones en la información proporcionada por colaboradores eficaces o testigos encubiertos, deben corroborarla para garantizar que esta sea realmente efectiva para la acusación que formulen.

“Más que la decisión adecuada o inadecuada de recurrir a un colaborador eficaz o a un testigo encubierto que puede hasta estar purgando condena, tenemos que preguntarnos por la criminalidad organizada. Estamos hablando de corporaciones concebidas para delinquir, que representan por sí mismas mucha capacidad para hacer daño a las personas y a la sociedad en general. Es la ley, no es la imaginación o discrecionalidad del fiscal, la que lo lleva a recurrir a este tipo de colaboradores que pueden ayudar a la investigación. Es la propia ley quien lo autoriza”, señala.

Agrega que el colaborador eficaz es por naturaleza quien ya tiene una imputación, es el procesado o el condenado  que quiere a cambio de información tomar algo para sí, lo que está plenamente permitido por la ley.

CONTROL

Finalmente, Zapata López señala que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, tiene independencia y el respaldo total de la presidencia para que haga su gestión.

“Como siempre digo, en el caso de los magistrados y demás personas, incluyendo a funcionarios públicos y privados, se da por descontado la probidad de este. Ser probo no es un mérito, no es un atributo, no es un don, es una condición natural para poder desenvolverse como ser humano. Si algo es reprobado por la comunidad es la improbidad de un juez. Esta oficina está abocada a detectar, investigar y sancionar los casos de falta de probidad de un magistrado, y en eso me afilio a la tolerancia cero a la corrupción, porque es algo que nos afecta como institución y afecta a la comunidad, porque nadie puede sacar ventaja o tomar provecho del cargo que realiza en favor suyo o de otros”, enfatiza. 

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