La semana anterior el Consejo Directivo del PEOT volvió a emitir su opinión favorable para la transferencia de las acciones que posee Odebrecht en las concesionarias de trasvase e irrigación del Proyecto Olmos. Esta situación pone el asunto nuevamente en manos del Consejo Regional de Lambayeque, cuyos integrantes recibieron hace semanas a los ministros de Economía y Justicia quienes les dieron alcances del Decreto de Urgencia 003-2017, con el que se busca cautelar los intereses del Estado frente a los hechos de corrupción en los que está inmersa la constructora brasilera.
El PEOT ha señalado que si bien en febrero pasado el Consejo Regional de Lambayeque desestimó la solicitud de Odebrecht para transferir su participación accionarial, con la puesta en vigencia del Decreto de Urgencia 003-2017 se abre un camino mucho más seguro para el país, a fin de evitar que el dinero que obtendrá la empresa por la venta de las concesionarias CTO y H2Olmos salga sin antes haberse pagado la reparación al Estado Peruano por los actos de corrupción.
El mismo mecanismo resta piso al comunicado que esta semana hizo público la empresa Agro Olmos, del Grupo Gloria, que de manera unilateral demandó al Estado que la operación y mantenimiento de los componentes de trasvase e irrigación del Proyecto Olmos pasen a manos del PEOT, lo que supondría la resolución de los contratos suscritos con Odebrecht, y la consiguiente indemnización que el Perú tendría que abonar a favor de la compañía, estimada en mil 100 millones de dólares.
EL DECRETO
De acuerdo al dispositivo dado por el Ejecutivo, el procedimiento para concretar la transferencia deberá ser el mismo; es decir, Odebrecht elevará al Consejo Regional de Lambayeque la solicitud de autorización para la venta y este, a nombre del concedente de las concesiones de trasvase e irrigación, se pronunciará a favor o en contra. De lograrse la luz verde, la constructora acudirá al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos que tendrá la responsabilidad de suscribir los contratos y acuerdos del fideicomiso.
Acto seguido, el despacho ministerial solicitará al Procurador Público del Estado que corresponda la cifra estimada que correspondería de la reparación civil a favor del Estado por los actos de corrupción en los que está inmersa la compañía. Dicho monto será depositado en una cuenta del Banco de la Nación y tendrá naturaleza de intangible e inembargable, y se conservará hasta que concluyan los procesos judiciales seguidos contra la constructora.
“O VENDE O SE QUEDA”
En ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, ha explicado que en caso no se concrete la venta de la participación accionarial en el Proyecto Olmos, si es que el Consejo Regional de Lambayeque negara la aprobación, Odebrecht deberá quedarse para concluir los contratos de concesión suscritos con el Estado Peruano.
Thorne señala que si bien se ha dispuesto que las empresas comprometidas en actos de corrupción no vuelvan a contratar con el Estado, la norma no tiene carácter retroactivo, por lo que los contratos suscritos deberán respetarse tal y como establece el ordenamiento jurídico.
El Estado Peruano firmó los contratos con Odebrecht, a través de sus subsidiarias: Concesionaria Trasvase Olmos y H2Olmos, para la construcción, operación y mantenimiento de los componentes de trasvase e irrigación en el 2004 y el 2010, respectivamente.
DECISIÓN DEL CONSEJO
De acuerdo a los procedimientos establecidos en ambos contratos de concesión, el Consejo Regional de Lambayeque deberá emitir su pronunciamiento sustentándose en los criterios económicos, financieros, legales y contractuales analizados por el Consejo Directivo del PEOT, que al ser el organismo técnico responsable de la evaluación del Proyecto Olmos tiene – según la norma – carácter vinculante.
Hasta el momento se conoce que las empresas Brookffield Infraestructura y Suez mantienen su interés en la compra de las acciones de Odebrecht, potenciales adquirientes que – de recibir el visto bueno del colegiado lambayecano – continuarían el procedimiento ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como dispone el Decreto de Urgencia N° 003-2017.
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