Al fallecer en 1986, el reconocido médico Juan de Dios Ruiz Murgueitio dejó en herencia una valiosa propiedad ubicada en el centro de Chiclayo, específicamente en la cuadra cuatro de la Avenida José Balta, y que de acuerdo a su testamento debía ser compartida entre sus hijos y uno de sus nietos, al que conforme a su última voluntad le correspondía un tercio del total del bien. Sin embargo, una serie de anomalías sucedidas en el tiempo han impedido que los beneficios hagan usufructo del patrimonio, llegando el caso al Poder Judicial, que tras años de litigio resolvió designar una administración.
El proceso se inició en el 2005, ante el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, al que se apersonó Lily Ruiz Villamar, primera hija de Ruiz Murgueitio y quien no fue incluida en el testamento, para reclamar la administración judicial del inmueble, un imponente edificio de tres pisos ubicado en pleno corazón de Chiclayo, en cautela de los derechos de su madre con quien el médico estuvo casada.
La acción se inició porque el bien era aprovechado en su totalidad por Carlos Ruiz Gonzales, otro de los hijos, quien además cobraba los alquileres de las tiendas comerciales ubicadas en el primer nivel del edificio, signadas con el número 436, 456, 460 y 464 de la Avenida José Balta.
El valor total de la propiedad asciende a más de dos millones y medio de dólares considerando el área construida y la ubicación. En el segundo nivel hay una casa completa, con cuatro dormitorios, al igual que en el tercer piso.
LOS HEREDEROS
De acuerdo al testamento, son legatarios de Ruiz Murgueitio sus hijos, los hermanos Jorge (ya fallecido), Carlos (quien ocupa la propiedad), José (residente en Lima), Juan de Dios, (también residente en Lima), Luis, (que vive en Estados Unidos), y Elsa Ruiz Gonzales, (quien también vive en el edificio). A ellos se suman los otros hijos del médico, los hermanos Raúl, Toribio, Cristina y Elba Ruiz Alva; Juana Ruiz Chimpén y Laura Ruiz Chimpén de Ruiz, además de su nieto Luis Ruiz Orrillo, residente en Canadá.
Lo particular de este caso familiar es que se ha confirmado la existencia de documentos fraguados e incluso la adulteración de firmas en escritos presentados ante el Poder Judicial para dilatar el proceso de administración.
Por ejemplo, Laura Ruiz Chimpén ha formulado dos denuncias contra el abogado Candelario Carhuatanta Hernández por supuestamente haber falsificado hasta seis documentos para presentarlos ante el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, donde se revisa el proceso de administración judicial. Las denuncias que obran en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo están contenidas en la Carpeta N° 3997-2016 y N° 4594-2016.
También existen otras dos denuncias presentadas por Juan de Dios Ruiz contra los abogados Fernando Arce Usquiano y Luis Gómez Paredes, por la presunta falsificación en dos escritos presentados en el proceso civil, con el aparente propósito de retardar la designación de la administración judicial que capte los ingresos por el alquiler de las tiendas comerciales.
Estos hechos habrían tenido como objetivo beneficiar a Carlos Ruiz Gonzales para que este continúe en la administración total del inmueble, percibiendo además el total de los ingresos por el alquiler de los espacios comerciales.
RECONOCIÓ FALSIFICACIÓN
Lo increíble es que Carlos Ruiz Gonzales, reconoció en su declaración, dada el pasado 24 de abril, ante la fiscal Ana Tiravanti Martínez, responsable del primer despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, haber presentado seis escritos ante el Segundo Juzgado Civil, fechados el 4 y 28 de noviembre del 2014, y el 16 de enero, 26 de mayo, 16 de septiembre y 2 de octubre del 2015, en los que además falsificó la firma de una de sus hermanas.
“Reconozco haber presentado dichos escritos y que la firma que aparece a nombre de Laura Cristina Ruiz de Ruiz fue dibujada por mi persona con conocimiento y autorización de Laura. Quien conoce de esto a plenitud es su esposo Abraham Humberto Ruiz Bautista y él es testigo de la autorización”, reza la declaración.
Según el investigado, su hermana le vendió sus acciones como heredera del edificio y que “al no querer realizar ningún gasto” le autorizó la falsificación de su firma en el escrito presentado ante el juzgado civil. De acuerdo a su propia declaración, compró las acciones de Laura Ruiz Chimpén de Ruiz en octubre del 2007.
Ruiz Gonzales acotó que otros cinco hermanos le donaron sus acciones y derechos sobre la propiedad en disputa.
“De mi parte no ha existido dolo, considero no haberle causado perjuicio a la denunciante, que fue con su autorización y conocimiento”, añadió en su declaración.
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