Invitados por la Primera Sala Laboral de Lambayeque, exintegrantes del Tribunal Constitucional arribaron a Chiclayo para participar de un conversatorio sobre los aportes de este órgano tutelar a la mejora de la administración de justicia luego de la caída de la autocracia de Alberto Fujimori.
Los juristas Juan Bartelli Lartirigoyen, Magdiel Gonzales Ojeda, Víctor García Toma y César Landa Arroyo, compartieron sus reflexiones sobre la importancia de las sentenciadas dadas por el Tribunal Constitucional, a 16 años del retorno de la democracia en el país.
Landa Arroyo destacó que el Tribunal Constitucional que se instaló después de la caída de Fujimori Fujimori, compuesto por integrantes de diferentes sectores del país, entre políticos, magistrados y académicos, buscó restaurar el orden respecto a la norma constitucional y la defensa de los derechos y principios de la persona humana.
“Ese trabajo nos permitió ir afirmando el lugar que tiene la justicia en la restitución de valores y derechos que habían sido privados y mermados a los ciudadanos. Esa era una tarea del Poder Judicial. Sin embargo, la justicia constitucional apareció por cuanto hubo deficiencias en el funcionamiento del Poder Judicial, porque a veces en el funcionamiento del sistema de justicia el poder político ha tenido mayor fuerza y capacidad para doblegar”, dijo.
DERECHOS FUNDAMENTALES
Landa Arroyo destacó que el Tribunal Constitucional consagró el principio fundamental de la fuerza normativa de la Carta Política del Estado, buscando proteger a través de sus sentencias principios como el derecho al trabajo o la posibilidad de contradecir fallos administrativos como el del Jurado Nacional de Elecciones – JNE.
“Otro principio importante que se consagró, también fue el carácter vinculante de los tratados internacionales. La palanca del derecho internacional ha sido muy importante para poder avanzar. Hasta antes del 2002 los tratados tenían rango de ley, incluso los de Derechos Humanos, pero a partir de ese año se asumió que los tratados internacionales firmados por el Estado forman parte del derecho nacional, y eso se hizo evidente en la sentencia del Grupo Colina, del 2004, o el caso Castillo Chirinos, donde se había generado una controversia con el Jurado Nacional de Elecciones. Con esos fallos se garantizó la presunción de inocencia y la cosa juzgada, que en ese caso todavía no se tenía”, comentó.
Otro caso revisado por el Tribunal Constitucional en el que se aplicaron principios del derecho internacional es el de El Frontón.
MOTIVACIÓN DE RESOLUCIÓN
El exmagistrado Juan Bardelli Lartirigoyen destacó como otro resultado de la labor del Tribunal Constitucional el fallo que en adelante obligó a las autoridades judiciales a la motivación de sus sentencias.
Antes – explicó – el juez se limitaba a señalar cuál era su fallo en la resolución de sentencia, lo que restaba a las partes la posibilidad de conocer cuáles habían sido los sustentos doctrinarios y válidos para que se arribe a tal decisión.
“No había motivación ni justificación de las sentencias, entonces a partir del 2004 se establecieron parámetros para motivar y controlar una resolución judicial. A partir del caso Yuliana Yamoja, por ejemplo, que llegó a revisión del Tribunal Constitucional por un hábeas corpus, se establece que las sentencias deben tener coherencia interna y externa para dar un resultado. Y esto es tan importante que incluso el Consejo Nacional de la Magistratura ha establecido que uno de los criterios de evaluación para los jueces es la motivación de sus sentencias bajo criterios establecidos por el tribunal”, explicó Juan Bardelli.
Acotó, que otro logro del Tribunal Constitucional tras el retorno de la democracia fue definir el rol del juez como articulador entre el derecho y la política, considerando que los fallos constitucionales no solo tienen impacto en la norma, sino también en la vida económica y social del país.
“Y ahí está como ejemplo la sentencia respecto a los casos de terrorismo. El Tribunal dijo que las sentencias dadas durante la dictadura eran nulas porque estuvieron al amparo de una ley que no respetó las instancias constitucionales ni el sistema interamericano. Para ello fue necesario que el Congreso también legisle, para que sea posible sanear los procesos y se vuelva a procesar a los terroristas, a fin de evitar que sean liberados por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a los estándares internacionales y del debido proceso”, mencionó.
ROL TUTELAR
Se destacó también la sentencia en el caso de tragamonedas y casinos, donde se resolvió un conflicto de competencia generado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
“En el Perú hemos tenido una buena combinación en el Tribunal Constitucional entre quienes venían de la academia, de la judicatura y de la política, resaltando la visión de estadista de Javier Alva Orlandini, que había sido vicepresidente de la República, senador y ministro. Esa mixtura fue muy importante para avanzar en los aspectos que han servido para proteger la defensa de los derechos fundamentales o impulsar reformas como la Ley 20530, o las regalías mineras o eliminar discriminaciones legales”, relievó César Landa.
A su turno, Víctor García Toma también destacó que con Tribunal Constitucional al retorno de la democracia las sentencias judiciales se hicieron de mayor comprensión para los ciudadanos, al establecerse parámetros incluso de redacción a fin que el justiciable tenga más accesibilidad a una justicia clara y eficiente.
“Durante estos primeros años del Tribunal Constitucional, luego de recuperada la democracia, se desarrolló una amplia labor de difusión del trabajo de este a lo largo y ancho del territorio. Prácticamente no hubo lugar en el que no estuvimos presentes, y no solo en recintos judiciales, sino también en universidades y locales de la sociedad civil. Las audiencias a puertas abiertas fueron importante, igual que la transparencia en las visitas, la grabación de audios de audiencias y luego de videos. Avanzamos mucho en aras de la transparencia. Hubo decisiones importantes, algunas controversiales, pero ninguna irregular”, afirmó García Toma.
ACCIÓN EFICIENTE
El también ex ministro de Justicia anotó que entre el 2002 y el 2013 no hubo ninguna denuncia de presunta corrupción contra magistrados del Tribunal Constitucional, hecho que – dijo – merece ser resaltado.
“Es importante señalar que el Tribunal Constitucional asumió la tarea de resolver temas trascendentales, como cuando el Poder Judicial le pidió arbitrar en la controversia que tenía con el Poder Ejecutivo por el tema de su presupuesto, y como cuando se nos pidió arbitrar en el caso de casinos y tragamonedas. El Tribunal llegó a revisar hasta diez mil causas, situación que no se ha vuelto a repetir”, mencionó.
Víctor García resaltó además que las decisiones que adoptaba el Tribunal eran colectivas, lo que generaba mayor confiabilidad entre los justiciables.
“Se tomaron decisiones que incluso nos afectaban a nosotros como magistrados del Tribunal Constitucional. Recuerdo cuando César Landa planteó la reforma de la Ley 20530. Cinco de los magistrados estábamos inmersos en ese régimen, pero votamos a favor porque era legal y justo”, comentó.
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