Hace más de mil 540 días el médico Jorge Rentería Ayudante está alejado de sus tres hijas. La madre se valió de una denuncia por supuesta violencia doméstica para trasladarlas a Ica. Casi cinco años después de idas y vueltas el Poder Judicial ha confirmado que nunca hubo agresiones ni físicas ni psicológicas en su contra, y pese a ello los magistrados de la Primera Sala Civil de Lambayeque han resuelto que ella debe mantener la tenencia de las menores, sin valorar el daño causado y tampoco la alienación parental que se ejerce sobre las niñas.
El proceso judicial por presunto maltrato psicológico se inició en agosto del 2012 en el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz.
Estando el caso en manos de la magistrada Matilde Mesones Montaño, esta emitió sentencia el 13 de marzo del 2014, con la Resolución N° 14, declarando la existencia de maltrato psicológico de parte de Rentería Ayudante contra su conviviente, más no contra sus hijas, por lo que determinó el establecimiento de medidas de protección y el pago de 400 soles a favor de Ana Magallanes Dagnino, madre de las niñas, por el daño causado.
Sin embargo, esta sería una de las resoluciones de sentencias que el superior jerárquico le ha anulado, sobre este caso, a la jueza Mesones Montaño. En dos oportunidades los vocales de la Primera Sala Civil de Lambayeque Le exigieron la emisión de un nuevo fallo, hasta que finalmente resolvieron declarar nulos sus criterios jurisdiccionales, revocando su sentencia y confirmando que no hubo violencia contra Magallanes Dagnino.
Empero, el 15 de mayo pasado, la misma sala, con Resolución N° 34, resolvió que la madre debía mantener la tenencia de las niñas, rechazando la tenencia compartida solicitada por el padre.
DAÑO IRREPARABLE
“¿Cuál es el reparo o la indemnización para un padre que en base a una denuncia falsa ha sido separado más de mil 500 días de sus hijas? Han transcurrido casi cinco años desde que la madre de mis hijas presentó esa denuncia por presunto maltrato psicológico, sentencias que han sido anuladas por la Sala Civil. ¿Quién entonces repara el daño causado a mis hijas y el quebrantamiento de mi relación con ellas?”, cuestiona el médico.
Rentería Ayudante considera que es mucho más cuestionable aún que la jueza Matilde Mesones haya sido incluida dentro de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, pese a los señalamientos que en su comportamiento jurisdiccional existen, más aún con tantos fallos anulados en un mismo proceso.
“Le pregunto al jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, Cástulo Rojas Díaz, si esta situación califica a la doctora Matilde Mesones para ser integrante de una subcomisión que él preside. ¿Puede una jueza con cuatro sentencias anuladas, revocada una de ellas, ser subcoordinadora de una comisión de Justicia Nacional de Acceso a las Poblaciones Vulnerables, tal como consta en un documento emitido por la Corte? ¿Sabrá el presidente de la Corte, Aldo Zapata, de este demérito en su gestión?”, indica.
RESPONSABILIDAD JUDICIAL
Jorge Rentería anota que el Estado no puede eximirse de la responsabilidad que le atañe por permitir la separación de su hijas por más de mil 500 días.
“Tengo una sentencia consentida de tenencia denegada a la madre, una sentencia consentida de que nunca hubo maltrato psicológico ni para mis hijas ni para su madre, y sin embargo como premio a todo este sufrimiento, a todo este desgaste judicial que me ha demandado casi cuatro años y medio, le siguen dando a la tenencia a la madre”, denuncia.
Para Rentería Ayudante, el mensaje que se da desde el Poder Judicial con la resolución de la Primera Sala Civil de Lambayeque es condenable, porque alienta a que con denuncias falsas los padres sean separados de sus hijos sin sanción alguna.
“Ahora, con eso se le dice a las madres alienadoras que pongan una denuncia falsa, que se lleven a los hijos indebidamente, y que se no se preocupen porque al final, después que se descubra lo que han hecho, se seguirán quedando con sus hijos. ¿Ese es el mensaje que da la justicia a la población? ¿Esa es la forma acaso en la que los jueces pretenden recuperar su credibilidad?”, asevera.
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