La Asociación de Jubilados viudas y herederos legales de Tumán y anexos, ante los últimos acontecimientos en la Empresa Agroindustrial Tumán SAA, de la cual sus integrantes son accionistas fundadores, ha presentado una lista detallada sobre los antecedentes de la crisis que aún enfrenta la azucarera, a fin de posibilitar un mejor entendimiento del problema.
“Hay que hacer una exegesis de cómo es que se ha llegado a la situación actual, el gobierno fujimorista en el año 1995 a través del Decreto Legislativo N° 802, Ley de saneamiento económico financiero de las empresas agrarias azucareras, dio un dispositivo legal en el cual se obligó a las entonces cooperativas agrarias de producción, entre ellas Tumán, a cambiar de modelo societario de cooperativa a sociedad anónima. Si bien es cierto el régimen cooperativo fracasó por múltiples motivos, la propiedad de la empresa en todo momento se mantuvo en poder de sus trabajadores, que a la vez eran socios cooperativistas, este Decreto Legislativo N° 802, resultó funesto por varias razones”, explica José Asunción Reyes, asesor legal de la asociación.
Entre las razones menciona que el cambio de modelo empresarial de cooperativa a sociedad anónima se dio sin previamente capacitar y preparar a los futuros accionistas, repitiéndose el error del modelo cooperativo y que a través del Decreto Legislativo N° 802 se capitalizó la compensación por tiempo de servicio y demás adeudos laborales de los trabajadores y jubilados al valor nominal de 10 soles cada acción. Es decir, a cada trabajador le costó 10 soles cada acción de la naciente sociedad anónima.
Otra razón – señala – es que el Estado no se preocupó por reflotar o establecer políticas de promoción e incentivos de las nacientes sociedades anónimas. Por el contrario, sobrecargó tributos, cargas e impuestos sin tener en cuenta que durante todo el tiempo de época cooperativista el Estado no invirtió en las localidades.
“El Estado no dio luz, agua ni servicios alguno, porque Tumán como modelo cooperativo era un pequeño Estado dentro del Estado Peruano, autogestionario en todos sus niveles. El Estado nunca realizó políticas de inversión durante años. Sin embargo, la infraestructura de hospitales y colegios las aprovecho el Estado cuando se creó el distrito de Tumán el fecha 29 de enero de 1998, mediante Ley N° 26921, sin recibir ninguna compensación económica ni ningún tipo de apoyo a cambio”, precisa el abogado.
Añade que el Estado, lejos de adoptar políticas sanas de competitividad, dejó a la merced del mercado la fluctuación del valor de las acciones en bolsa de valores.
“El Estado en ningún momento se preocupó por capacitar lo que significaba ser accionista en la empresa, tal es así que los trabajadores y jubilados no eran conscientes lo que representa una acción, siendo esta la propiedad de una sociedad y empezaron a vender como si fuera cualquier mercadería a precios irrisorios, no respetándose el derecho que establece de preferencia conforme al Artículo 97 y 208 de la Ley General de Sociedades, sino ofertándose directamente en bolsa de valores, todo esto originó que seudo accionistas hayan adquirido a precios de regalo las acciones de Tumán, consiguiendo con ello pretender tener el control y la propiedad de la empresa, como ha sucedido con el írrito V Directorio”, cuestiona Asunción Reyes.
Añade que la situación es aún más crítica en otras empresas azucareras, donde los trabajadores perciben menos de la Remuneración Mínima Vital – RMV, que asciende legalmente a 850 soles. En Tumán, el promedio de los ingresos de un trabajador es de mil 200 soles.
RESPONSABLES DE LA CRISIS
¿Quiénes son los responsables de la situación que atraviesa la agroindustrial?
Según la asociación, uno de los principales responsables es César Sandoval, quien en su momento estuvo en la administración judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán SAA, y – denuncian - no se preocupó en lo más mínimo por convocar a elecciones para elegir a Directorio cuando las acciones del Grupo Oviedo estaban suspendidas por mandato del Juzgado Mixto de Ferreñafe, con expediente N° 114 – 2016.
Similar carga pesa sobre Leoncio Egúsquiza, también ex administrador judicial, quien tampoco se preocupó en realizar las elecciones de la Junta General de Accionistas para elegir al Directorio.
“Por el contrario, se creyeron eternos y una vez sentados se olvidaron de las promesas y de lo que debieron hacer, usufructuando el cargo, tratando de proteger su permanencia en el poder y aquí están los resultados que han traído abajo a Tumán. Ambos se encuentran descalificados para pretender conducir Tumán”, afirma José Asunción.
POSICIÓN DE LOS ASOCIADOS
Asunción Reyes refiere que la Asociación de Jubilados, Viudas y Herederos de Tumán y Anexos es en rechazo a al Grupo Oviedo y también a Ernesto Flores Vílchez, quien estaría detrás de la resistencia que se mantiene en cierta parte de los trabajadores.
“La Asociación de Jubilados, Viudas y Herederos Legales de Tumán y Anexos es absolutamente autónoma, no obedece a ningún grupo económico, únicamente se debe a sus miembros, a los socios que la conforman, es por eso que no se ha prestado ni se ha sometido para ninguna situación que deslegitime su naturaleza gremial”, refiere el abogado.
Afirma que la asociación la asociación posee el mayor paquete de acciones y por ello demanda enérgicamente a los trabajadores, jubilados y accionistas a no seguir vendiendo sus acciones. “No debe venderse ni una acción más, especialmente este clamor se hace llegar a los herederos legales, que son los que últimamente están vendiendo en mayor cantidad sus acciones porque consideran que solo es una mera herencia que deben repartirse”, indica el abogado, quien asegura que los fundadores de la empresa todavía poseen un poco más del 50 % de las acciones de la empresa.
MANTENER LA UNIDAD
“Saludamos la nulidad de la Resolución N° 550, del expediente N° 4430-2001 del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, resuelto por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, respaldando al fiscal Juan Carrasco Millones, investigando al señor Oviedo y la cúpula que en su momento administró y depredó la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. Asimismo, rechazamos la decisión judicial que deja sin efecto la administración judicial que es encabezada por el ingeniero Daniel Rioja Sánchez, ordenada por el Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de la provincia de Bongará, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, con expediente N° 00018 – 2017”, manifiesta Asunción Reyes.
Por otro lado, a nombre de la asociación exhorta Daniel Rioja Sánchez a seguir liderando la residencia al V Directorio instalado en la azucarera.
“Cuestionamos que la Zona II Registral de Chiclayo haya inscrito en la Partida Electrónica N° 11002177 el nombramiento del V Directorio de la Sociedad Anónima Empresa Agroindustrial Tumán a sabiendas que las resoluciones emitidas por la Primera Sala Civil de Chiclayo han anulado al IV Directorio y la administración judicial, ambas del Grupo Oviedo por lo que en su oportunidad denunciaremos al registrador que ha incurrido en ilícito penal”, advierte.
Asimismo, propone que todos deben unirnos para exigir que las acciones del Estado sean transferidas a los jubilados.
“Proponemos iniciar una cruzada para comprar acciones, todo el pueblo de Tumán desde la ama de casa, el universitario, jubilado, el trabajador que tiene acciones, tenga más acciones, el que no tiene acciones comprarlas en la bolsa de valores, para de esta manera garantizar la propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumán, sobretodo unirnos y lograr sacar a este V Directorio, logrando así una verdadera elección únicamente entre los accionistas fundadores de la Empresa Agroindustrial Tumán SAA”, concluye.
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