Decano del Colegio de Abogados no está habilitado para el ejercicio de la profesión.
El 24 de noviembre y el 13 de diciembre del año pasado, el Colegio de Abogados de Lambayeque, difundió dos comunicados a través de sus redes sociales, notificando que el 5 de octubre la Asamblea de Delegados había decidido suspender al vicedecano de la orden José Larios Bernal, por supuestamente haber cometido antes anti institucionales. El detonante de dicha decisión fue la entrevista que Larios Bernal concedió a Expresión en la edición 1026, en la que pedía la intervención de la Comisión Revisora de Cuentas a la gestión del decano Juan Zamora Pedemonte, pero además el adelanto de elecciones por la ocurrencia de hechos irregulares y violaciones al estatuto.
Lo que Larios Bernal advertía era que los recursos del ICAL estaban siendo destinados para la habilitación del terreno donde deberá construirse el centro de esparcimiento de los abogados, sin que exista un proyecto en concreto ni perfiles técnicos y económicos de las obras.
Sus aseveraciones finalmente fueron confirmadas. Documentos en mano, José Larios, quien no ha sido notificado hasta el momento de ningún proceso por parte de la Comisión de Ética en su contra, demuestra que empresas de rubros ajenos al alquiler de maquinaria han prestado dichos servicios a la institución, esto con el aval del decano.
“Personas que se dedican a la venta de plantas aparecen alquilando maquinaria. Personas que transportan agregados también y qué raro que esa maquinaria ha sido supuestamente utilizada en el centro de esparcimientos”, cuestiona José Larios.
LAS FACTURAS
Ese es el caso de la “Comercializadora Pacífico Norte SAC, con RUC N° 20480729090, que el 28 de noviembre del año pasado extendió la Factura de Serie 004 - N° 000006, dedicada al “transporte de carga, materiales de construcción, distribución de ladridos, agregados y ferretería en general”, por 566.40 soles por el “servicio de alquiler de maquinaria, retroexcavadora c/ chofer”, durante cuatro horas de trabajo, cobrando el importe de 141.60 soles por hora.
La empresa, representada por María Cueva Moscol, recibió la cancelación del servicio el 7 de noviembre pasado con el cheque del Banco de Crédito del Perú – BCP N° 09635418-8-002-305-1137355041-14, girado por el Colegio de Abogados de Lambayeque.
Expresión se comunicó con la empresa y constató que en efecto alquila maquinaria, pero que la hora por el servicio de una retroexcavadora no cuesta 141.60 soles como le cobró al ICAL, sino 120 soles.
Otro caso es el de la empresa “Jardinería y Servicios Vivero Cristo Viene”, de Óscar Orlando Flores Uypan, con RUC N° 10802784720, dedicada a la “venta de todo tipo de plantas ornamentales, frutales, instalación de grass americano, grass bermuda, asesoramiento y mantenimiento de áreas verdes”, que el 9 de octubre del 2017 remitió la Factura de Serie 002 – N ° 000090, por 12 horas de maquinaria agrícola con sistema láser en nivelación de terreno y cuatro horas y media de horas de maquinaria agrícola con arado para terreno en el centro de esparcimiento El Ciénego, por una valor de dos mil 820 soles.
Flores Uypan recibió el pago de sus servicios con el cheque, también del BCP, N° 09635374-3-002-305-1137355041-14, del 11 de octubre.
Nuestro medio intentó contactarse con la empresa, pero ninguno de los teléfonos que se consignan en el comprobante de servicios se encuentra operativo.
“¿Qué otros documentos habrá? La gestión la está utilizando Zamora definitivamente para aprovecharse de los fondos de todos los abogados”, afirma José Larios.
LA SUSPENSIÓN
Como se ha dicho, el 5 de octubre del año pasado se realizó la asamblea en la que se resolvió suspender al vicedecano en sus funciones. De los 85 delegados del ICAL solo participaron 15.
Según denuncia Larios Bernal, el decano de la orden “había manipulado ideas” contra su persona con el objetivo de suspenderlo en el cargo.
“La razón de mi suspensión es que he venido haciendo una fiscalización y vigilancia permanente acerca de los recursos económicos que tiene la orden y he requerido formalmente a la Comisión Revisora de Cuentas para que intervenga y fiscalice cómo se están gastando los dineros de los señores abogados agremiados al ICAL. Sin embargo, la comisión hasta la fecha no interviene”, manifiesta.
“Hasta ahora no se me ha notificado ninguna resolución de suspensión, por lo tanto yo sigo ejerciendo el cargo de vicedecano”, indica.
Denuncia que en la nivelación y sembrado de gras en el lugar donde se construirá el centro de esparcimiento de la orden, hasta agosto del año pasado, se invirtió 15 mil soles. Sin embargo, Zamora Pedemonte habría informado, ese mismo mes, que se habían invertido – sin mostrar documentos – “que se había gastado cien mil soles”.
“Las plantas han sido donadas por la municipalidad de Picsi y el cargador frontal fue facilitado por la municipalidad de Monsefú. Realmente todos estos hechos son lamentables y los denunciamos porque se trata del dinero de todos los abogados”, explica.
DECANO INHABILITADO
Larios Bernal cuestiona además que resulta incongruente que el decano del ICAL no se encuentre habilitado para el ejercicio profesional, conforme aparece en la consulta actualizada en la página web del colegio al cierre de este informe.
“El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque se encuentra inhabilitado para ejercer sus funciones como abogado”, precisa.
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