“Tendría que ponerme de luto si Chaparrí desaparece”, señaló el último fin de semana el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, quien sostuvo una audiencia con los comuneros y activistas que desde hace meses denuncian la invasión de la reserva ecológica ubicada en el distrito de Chongoyape.

En la reunión, previa a una visita a la zona en la que estuvo acompañado de las autoridades políticas y judiciales de Lambayeque, Rodríguez Tineo fue informado de cómo es que han sucedido una serie de hechos que hacen presumir la presencia de mafias articuladas, con soporte en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, dedicada a la usurpación de terrenos, lo que ha puesto en peligro no solo el área de conservación, sino también la propia vida de los campesinos de la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape.

El reciente asesinato de José Napoleón Tarrillo Astonitas, uno de los defensores de la biodiversidad que se encuentra en Chaparrí, ha puesto en vitrina internacional los intentos de depredación de una de las zonas de mayor riqueza natural de la costa norte del Perú, refugio del oso de anteojos y de una gran cantidad de especies, algunas en peligro de extinción como la pava aliblanca.

NECESARIA ACLARACIÓN

Rodríguez Tineo puso énfasis al precisar que su presencia en Chiclayo para conocer de cerca el problema de Chaparrí no representa – en ningún sentido – una injerencia del Poder Judicial en las investigaciones que debe realizar el Ministerio Público para determinar las razones y responsabilidades del asesinato de José Napoleón Tarrillo. Por el contrario, dijo que obedecía a un pedido expreso de los comuneros de Chongoyape de dar a conocer su problemática, a fin de generar consciencia en las autoridades judiciales en relación a lo que está pasando con la reserva.

“Los jueces no intervenimos de oficio; es decir por propia iniciativa. Los jueces intervenimos en un litigio a pedido de las partes, por ello, por naturaleza, somos imparciales. En este caso convocamos a esta audiencia a pedido de quienes se consideran la parte agraviada por la invasión de la reserva ecológica de Chaparrí”, mencionó.

Añadió que se siente comprometido a actuar ante la problemática existente porque como presidente del Poder Judicial promovió la firma del Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú, compromiso asumido por instituciones públicas y privadas para defender el medio ambiente como derecho constitucional.

“La mayor parte de los conflictos sociales en el Perú derivan de temas ambientales, porque tenemos modelos de desarrollo y una economía extractiva, habiendo otra alternativa sustentada en el desarrollo sin sacrificar al medio ambiente. En respeto al Pacto de Madre de Dios es que estoy interviniendo en el problema de Chaparrí, porque de otra forma podría parecer que me estoy parcializado. En los temas ambientales no solo tienen interés las partes de un conflicto, sino todos. Los jueces no vivimos en la estratosfera y debemos entender que los bienes jurídicos en un problema ambiental no son particulares, sino colectivos”, afirmó.

“Espero que algún día el presidente de la Corte de Lambayeque lleve a todos los jueces a conocer Chaparrí, porque si no lo conocen no lo van a defender. No se defiende lo que uno no quiere. Nosotros defendemos a nuestros hijos porque los conocemos y los queremos, nadie defiende a extraños”, enfatizó.

CRONOLOGÍA

La creación de la Reserva Ecológica Privada de Chaparrí se remonta a 1999, como una iniciativa de la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape, constituyéndose en la primera de su tipo en el país y en América Latina. Su formación se consolidó en el 2001.

A partir del ejemplo de Chaparrí se han creado en el Perú 119 áreas de conservación privada, todas tomando el modelo del caso lambayecano, donde se impulsó el primer programa de avistamiento de aves.

La Comunidad Campesina de Chongoyape cuenta con 42 mil 412 hectáreas, de las cuales 34 mil 412 fueron destinadas a la conservación del bosque seco y las especies endémicas de flora y fauna que allí existentes. Para fines agrícolas se dejó ocho mil hectáreas propiedad de la comunidad.

Actualmente se encuentran en peligro mil hectáreas de la reserva, en las que coincidentemente se han producido incendios forestales que, según lo determinado por el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, fueron provocados.

“Los incendios han sido provocados por esas mafias que también son crimen organizado, por los traficantes de tierras. Están interesados en eso porque esas tierras se van a valorizar”, afirmó Durbelí Rodríguez.

LA MONTERÍA

Asunto medular para entender el problema de Chaparrí es el proyecto que apunta a la construcción de la represa La Montería, en jurisdicción de Chongoyape, y que según los comuneros y ambientalistas afectaría de manera directa a la reserva ecológica.

Entre el 2009 y el 2010 se empezó a promover la posibilidad de construir la represa para ampliar la frontera agrícola y la dotación de agua en el valle Chancay Lambayeque. En el 2011 dicho componente fue incluido en el Plan Hidráulico Regional junto a otras 18 obras hidráulicas para el ámbito departamental.

A fines del 2015, el Consejo Regional de Lambayeque aprobó la iniciativa privada confinanciada denominada “Sistema Hidráulico Integral del Valle Chancay – Lambayeque”, que comprende la construcción de La Montería y el hidráulico Sicán, valorizada en aproximadamente 600 millones de dólares y cuya ejecución era propuesta por la constructora brasilera Queiroz Galvao. Sin embargo, al momento en que la constructora inició los trámites ante Proinversión se eliminó el componente que garantizaba el uso del agua con fines poblacionales (agua potable).

Desde entonces, hasta el momento, la gestión de la iniciativa privada ha quedado paralizada debido a la vinculación que tiene Queiroz Galvao con el caso Lava Jato.

“Si van a tener la represa La Montería, que irrigaría toda esa zona, entonces los traficantes ya pusieron el ojo ahí, porque esas tierras que hoy podrían costar cinco mil soles la hectárea, costarán más adelante 50 mil dólares. ¿Quién va a comprar eso? Ahorita aparecen como beneficiarios los comuneros, pero ya vemos después cómo viene la concentración de tierras”, aseveró el presidente de la Corte Suprema de la República.

LA DIRECTIVA

Según lo afirman los comuneros y el propio Rodríguez Tineo, la junta directiva de la Comunidad Campesina de Chongoyape – llamada a la defensa de la reserva – “es una de las que promueve la invasión”.

“En esa directiva está un señor de apellidos Díaz Castillo, que no tiene nada de comunero. En el padrón están diferentes personas que nada tienen de comuneros, han aparecido falsos comuneros y lo que a nosotros nos preocupa es que no haya una respuesta oportuna del Estado. Hasta la SUNARP inscribe actas fraudulentas para dar legalidad a los invasores. A veces usan a los jueces de Paz. Este tema es bastante complicado y yo creo que los lambayecanos tienen la obligación de defender la reserva ecológica de Chaparrí como la de Laquipampa. Son los pulmones de nuestro departamento”, manifestó Duberlí Rodríguez.

Dijo además que ambas zonas protegidas son los atractivos de Lambayeque.

“Cuando uno viene de Lima y sale del aeropuerto hay una flechita que dice: “A Chaparrí”. Ahora, cuando ya se invada y desaparezca Chaparrí esa flechita tendrá que cambiar. Dirá: “Hacia el fundo tal, que produce uva”. Ya no veremos osos de anteojos”, añadió.

EL ASESINATO DE TARRILLO ASTONITAS

El 30 de diciembre del año pasado, cerca de las 10 de la noche, fue asesinado a golpes José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del sector El Mirador, en Chongoyape.

La causa de su asesinato sería su tenaz oposición al tráfico de tierras en Chaparrí, toda vez que en días previos a su muerte, ante la inacción del Estado, el comunero empezó a organizar una ronda campesina que permita la defensa de la zona protegida.

Fueron cuatro sujetos los que lo acabaron a golpes en su vivienda.

El crimen ha dado la vuelta al mundo y se toma como un atentado a los defensores de la ecología ejecutado por mafias organizadas.

El sábado, el presidente del Poder Judicial rechazó la hipótesis de que el móvil del asesinato haya sido un problema sentimental o que José Napoleón Tarrillo haya estado vinculado a las organizaciones que trafican tierras en Lambayeque.

“Desengañado del Ministerio Público, de los jueces, de la policía, pidió apoyo a las rondas de Chota para formar una ronda campesina de Chaparrí. Cuando estaba organizando eso le dieron muerte. Esas hipótesis de que fue asesinado por razones sentimentales son bastantes subjetivas, aunque claro tampoco puedo hacer una afirmación tan tajante. Es bien fácil decir que es un lío de faldas, yo espero que los fiscales y la policía estén haciendo sus investigaciones”, enfatizó Rodríguez Tineo.

HECHOS IRREGULARES

Javier Ruiz Gutiérrez, integrante del Frente de Defensa, denunció que existe una red de corrupción que ha capturado la conducción de la comunidad campesina y promueve la desaparición de la reserva ecológica.

“En un proceso que es desigual hemos tenido que seguir acompañando a los comuneros. Ya no es solo un conflicto entre privados y comuneros, es una red de corrupción bastante grande”, afirmó.

Explico, por ejemplo, que la actual directiva de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape recurrió a la adulteración de actas e incluso al uso de figuras inexistentes en el estatuto de la organización, como la ratificación, para lograr su inscripción ante SUNARP.

“Primero presentan un acta con la firma de tres comuneros que aprobaron, supuestamente, la ratificación de la directiva, y que lleva la firma del juez de Paz de Primera Nominación, José Chirinos Dávila. Esa misma acta fue observada por SUNARP. Sin embargo, el mismo documento fue presentado después pero con la firma de 200 comuneros y la SUNARP no observa la adulteración. Se trata de dos actas del 7 de septiembre del 2014. La mayoría de los firmantes eran comuneros no calificados, que según la Ley de Comunidades Campesinas no pueden elegir ni ser elegidos”, denunció.

Lo grave es que en la segunda acta aparece la firma del juez de Paz de Tercera Nominación Gilberto Bravo de los Santos, por lo que no queda claro qué autoridad dio validez a la supuesta asamblea en la que se ratificó a la directiva. La madre del juez Gilberto Bravo, Rosalía de los Santos, aparece como firmante del acta y también figura el hermano de este.

“El juez Chirinos ha dicho que nunca participó de ninguna asamblea. Otra cosa preocupante es la del señor José Antonio Díaz Castillo, vicepresidente de la comunidad campesina, cuya condición es la de comunero no calificado. SUNARP validó eso y vulneró la ley”, señaló.

Comentó además que una de las primeras acciones de la directiva fue la expulsión de los comuneros que promovían el turismo y la conservación de Chaparrí. En total fueron apartados de la comunidad 180 campesinos.

“Ser expulsado implica perder los derechos comunales, inclusive la tierra. Esto es importante de tener en cuenta porque fue denunciado. SUNARP no hizo caso y la fiscalía archivó las denuncias y pidió el sobreseimiento de una de las acusaciones por la designación ilegal de la directiva”, mencionó.

INDIFERENCIA JUDICIAL

Agregó que varias de las denuncias presentadas por los comuneros por atentados contra su seguridad son archivadas, lo que difiere de las denuncias que la directiva presenta contra ellos, cuyo trámite es mucho más célere.

“El 24 de noviembre del 2016 se denunció a la fiscalía la afectación de los bosques de Chaparrí. Se identificó que los ejecutores eran los integrantes de la familia Cruzado Carranza. Ese proceso pasó al Poder Judicial pero para pedir sobreseimiento. En mayo del 2017 esa familia intentó asesinar a los hijos de Heinz Plenge. Sus hijos fueron atacados con palos, de la misma forma en que se atacó a José Napoleón Tarrillo. Las denuncias presentada por la familia Plenge fueron archivadas y, lo peor, es que los señores Cruzado Carranza no fueron siquiera citados. Si los citaban se hubiera descubierto que estaban requisitoriados”, narró.

Uno de los hermanos Cruzado Carranza estaba incluidos en el Programa de Recompensas al imputársele el asesinato de tres comuneros de Salas, ocurrido octubre del 2016. Fue capturado el 31 de julio del 2017 y el 3 de agosto la jueza Maribel Mendoza Cueva declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva.

“El señor Marco Díaz Castillo tiene a toda su familia en el padrón a pesar que no tienen las condiciones mínimas para ser comuneros. Tiene una sobrina que no aparece en el padrón, pero que cuando se presentaron las denuncias era fiscal y, además, es primo hermano de la expresidenta de la Corte de Lambayeque, Ana Salés del Castillo. También tienen familiares en SUNARP”, enfatizó.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado garantías para los comuneros que defienden la reserva ecológica, mientras – contrariamente – la ministra del Ambiente, Elsa Galarza Contreras, declaró en Chiclayo que el problema de Chaparrí es el de una reserva privada y, por lo tanto, la intervención del Estado no es posible. 

 respuesta de 691464 el 2024-10-15.

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