La revelación de los audios que involucran en presuntos actos de corrupción a magistrados de la República, políticos y empresarios, ha causado un verdadero tsunami en el país, cuyas consecuencias no solo se hacen sentir en la economía, sino también en la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos en los poderes del Estado.
Al respecto, el juez superior de la Corte de Lambayeque, Ismael Rodríguez Riojas, integrante de la Segunda Sala Laboral, refiere que en el ámbito judicial se atraviesa por una situación difícil, toda vez que la misión de un juez, según los mecanismos constitucionales, es ser depositario de la confianza ciudadana para dirimir conflictos y controversias para alcanzar la paz.
“Esa función de juez de cara a la paz tiene tremenda importancia dentro de la comunidad y la comunidad debe ver a su juez como un ciudadano ejemplar. Esta coyuntura que se presenta es totalmente grave para la institucionalidad del país y nos lleva a reflexionar profundamente sobre estas circunstancias sin olvidar que nacen de ciertas individualidades, que no son un comportamiento general. La ciudadanía debe conocer que los que hemos abrazado a la magistratura somos, en mayoría, hombres y mujeres honestos, probos y justos. Sin embargo debemos reconocer que se ha producido un golpe tremendo en nuestra institución”, menciona.
ASUMIR Y ACTUAR
Rodríguez Riojas refiere que quienes tienen algún nivel de representación en los poderes del Estado están llamados a cumplir el rol constitucional y las responsabilidades que les asisten. Cita, como ejemplo, que el flamante presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, está elaborando propuestas de reforma con la finalidad de disminuir y evitar las circunstancias que afectan a este poder del Estado.
“Estos hechos nos llevan a meditar sobre la necesidad de realizar algunos ajustes en las normas, en el ordenamiento jurídico, en los mecanismos para la selección y nombramientos de los magistrados. Necesitamos mecanismos para evitar hechos que generan corrupción judicial. Entiendo que las instituciones tutelares del Estado tendrán que asumir ese rol para que la ciudadanía recobre la confianza”, señala.
LA SELECCIÓN DE JUECES
El juez superior recuerda que hubo momentos en los que la provisionalidad en el Poder Judicial fue alta, problema que a partir del 2001 se empezó a resolver con los concursos desarrollados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, aún hay plazas sin cubrir y órganos jurisdiccionales sin jueces titulares en los que se hace necesaria mayor atención de los organismos de control y de la sociedad civil.
“La población crece y necesita más servicios. Entre ellos el servicio de administración de justicia y esos nuevos órganos jurisdiccionales necesitan sus titulares. Puede ser una de las razones el tema de la provisionalidad. Para su cobertura se han dado reglas precisas de cómo deben cubrirse los puestos de los magistrados en los cargos provisionales. Para eso también existe la figura de los jueces supernumerarios, por ejemplo, que también salen de un procedimiento que llevaron a cabo las cortes para seleccionar a través de exámenes y un procedimiento de evaluación a quienes van a cubrirlos en la forma de supernumerarios, de manera que cada vez hay más campo normativo que nos dice que no solo depende de la persona la decisión, sino que viene de un proceso y si se cumplen esas normas estaremos garantizando la transparencia en la elección de quienes son provisionales o supernumerarios”, remarca.
REDUCCIÓN DE LA CARGA
Ismael Rodríguez destaca que el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, haya exhortado, en su mensaje a la Nación del 28 de julio, a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, a reducir las trabas que impiden a los adultos mayores acceder a una pensión por sus años de aportaciones. Precisamente, los procesos contra la ONP son los más que representan una de las principales cargas para la administración de justicia.
“Ese anuncio es totalmente importante, como importante será también que se lleve a la práctica. Los procesos pensionarios son los que mayor carga generan para el Poder Judicial y estamos hablando de temas que ya tienen un derrotero establecido por la ley. Si hubiera alguna situación de duda ya ha sido resuelta por la jurisprudencia. En la mayoría de los cosas estamos frente a lo que denominamos controversias que no deberían venir al órgano jurisdiccional, sino que deberían ser resueltas por la Oficina de Normalización Provisional en el nivel administrativo”, explica.
Añade que hay otros derechos de trabajadores del Estado que también deben ser atendidos administrativamente sin necesidad de llegar al fuero judicial. Un ejemplo de estos es el pago del 30 % de la remuneración adicional por preparación de clases a favor del magisterio.
“Los órganos administrativos, a través de las gerencias regionales de Educación e instituciones locales, niegan esos derechos, sobre los cuales no existe duda que les corresponde a los justiciables. En este caso a los maestros, pero como les deniegan tienen que venir al Poder Judicial cuando eso puede solucionarlo la autoridad administrativa. La respuesta siempre es que no hay presupuesto. Pero, ¿acaso porque no se tiene presupuesto se puede judicializar? Eso genera no solamente carga, sino el uso de los pocos recursos que tiene el Poder Judicial para atender esas causas”, afirma.
Anota que de cumplirse lo señalado por el mandatario de la República, se generaría un descenso importante de la carga procesal judicial, abriendo la posibilidad para que otros casos, que sí necesitan revisión judicial, puedan atenderse a cabalidad.
“Vamos a tener mejor posibilidad de atender las necesidades de la población, porque habremos eliminado la carga innecesaria desde el punto de vista que ya son temas que no necesitan judicializarse porque ya tienen una respuesta clara y completa. No solamente va a reducir la carga procesal, sino que va a generar tranquilidad a esos ciudadanos que buscan su pensión. Les ayudará a que recobren su dignidad de persona después de haber cumplido su ciclo laboral”, remarca.
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