El nombre del ex gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, Enrique Salazar Torres, aparece en el informe final de la comisión que investigó durante dos años el caso “Lava Jato” en el Congreso de la República. Según ha expuesto la presidenta de dicho grupo de trabajo, Rosa Bartra Barriga, sobre este existe responsabilidad civil en virtud de las decisiones que durante su gestión se habrían tomado para supuestamente favorecer a la constructora Odebrecht como concesionaria del componente de trasvase del Proyecto Olmos.
Expresión conversó con el exfuncionario para conocer sus impresiones tras la publicación del informe “Lava Jato”, cuya reserva fue levantada por decisión del pleno del Congreso pese a la férrea oposición de Rosa Bartra.
De plano, Salazar Torres sostiene que las afirmaciones que se formulan en el informe no se ajustan a la verdad, evidenciando más bien desconocimiento del contrato, el mecanismo empleado para la ejecución del proyecto y los procedimientos que se realizaron para la realización de la obra tanto de manera física como legal.
¿Cuál es su opinión respecto de este señalamiento realizado por el grupo de trabajo presidido por la congresista Rosa Bartra?
He tenido oportunidad de ver a través de Internet la presentación de la congresista Bartra, quien ha elaborado diversas tesis sobre los hechos en Olmos en base a premisas que no se ajustan a la verdad, como por ejemplo decir que no hay pruebas fehacientes de que en la construcción del Túnel Trasandino del Proyecto Olmos se dieron estallidos de rocas.
Todo un equipo profesional del PEOT puede dar fe de ello, así como todo el equipo profesional de la supervisión especializada. Ni qué decir de los valientes trabajadores que sufrieron accidentes y de los que quedaron lisiados permanentemente como consecuencia de los estallidos y condiciones extraordinarias que ocurrieron durante la construcción del Túnel Trasandino.
Por otro lado, se evidencia en el trabajo efectuado por la comisión investigadora una orfandad en el conocimiento del contrato y de las circunstancias que se nos presentaron en ese momento. Por ejemplo, afirmar que era más conveniente aplicar la Cláusula de Fuerza Mayor que aplicar la Cláusula de Hechos no Imputables a Terceros, evidencia un desconocimiento del contrato, en la medida que la Cláusula de Fuerza Mayor hubiese supuesto la revisión del equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión, lo que suponía la posibilidad de un mayor cofinanciamiento, el aumento de la tarifa o el aumento del plazo de la concesión. Eso hubiese sido irresponsable de nuestra parte.
¿Por qué hechos supuestamente existe responsabilidad civil de su parte como ex gerente general del PEOT?
Ese es un tema que no termino de entender, porque si bien es cierto el PEOT era el órgano supervisor de los Contratos de Concesión, no era el órgano Concedente. Me pregunto cómo es posible que se me encuentre responsable por haber sido gerente del PEOT y no a los funcionarios del Concedente.
Nuestros técnicos dieron opiniones técnicas a los eventos que se generaron durante la ejecución del Contrato, pero las decisiones finales eran tomadas por el Concedente.
Es más, no entiendo que solo me imputan responsabilidad a mi persona y no a los que me sucedieron en el cargo. Ojo, no digo que tengan responsabilidad, ni tampoco los funcionarios del Concedente, en la medida que, entiendo que no cometimos ninguna irregularidad, pero no comprendo por qué solo imputan responsabilidad a mi gestión.
Por ejemplo, el pago en efectivo del perjuicio económico fue una decisión de la siguiente gestión.
¿Fue en algún momento citado por la Comisión Lava Jato en los más de dos años que ha demorado la formulación del informe?
Fui inicialmente invitado a la Comision Lava Jato y pedí reprogramen mi visita. Después de ello ya no fui invitado y recibí un pliego interrogatorio el cual respondí oportunamente.
Junto a usted, también son sindicados los exconsejeros José Huamán Castillo y Adela Saavedra Díaz. ¿Esto es por los mismos hechos?.
Habrá que leer el informe completo de la Comisión, pues de lo expresado por la congresista Bartra no me queda clara la razón de la sindicación de exmiembros del Consejo Regional de Lambayeque. Me pregunto, por qué solo imputan responsabilidad a los consejeros delegados y no a todos los miembros del Consejo. Eso resulta también ilógico.
Ojo no digo que tengan responsabilidad, toda vez que, no cometimos ninguna irregularidad, pero esa decisión de la Comisión es irracional.
¿Qué implica que la comisión señale Responsabilidad Civil en su contra?
Si se parte de la premisa que ocasionamos perjuicio económico al Estado, lo lógico es que se nos asigne responsabilidad civil y que el Estado tenga que iniciarnos sendos procesos administrativos y civiles.
¿Considera que es una conclusión excesiva de parte de la comisión?
De lo expuesto por la congresista Bartra me parece más que excesivas, toda vez que considero que la Comisión ha construido una tesis sobre un conjunto de premisas erradas en lo que a mí refiere. Premisas modificadas con fines politicos. Con premisas erradas las conclusiones siempre serán incorrectas.
¿Le llama la atención la no inclusión de otros funcionarios o autoridades que también tomaron decisiones respecto al Proyecto Olmos?
Yo fui gerente general del PEOT hasta fines del 2010 y no tendría que existir responsabilidad alguna cuando se actuó conforme a Ley, ni del suscrito ni de los funcionarios que me acompañaron en mi gestión.
Todos los pasos que dio el gobierno regional para Olmos contaron con las opiniones favorables de la Contraloría y del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta realidad es desconocida por la Comisión Lava Jato.
¿No considera que puede existir responsabilidades en otros funcionarios?
No podría comentar por las responsabilidades de gestiones distintas a la mía, pero sí resulta extraño que no se incluya a funcionarios de la actual gestión regional cuando resulta evidente que el 50 % de las observaciones son responsabilidad de la actual administración.
Ahora, si tenemos en cuenta el tema político, no resulta extraña esta realidad, en la medida que la actual gestión forma parte del actual Congreso, y se ha visto que ciertos partidos políticos han influenciado en la labor de la Comisión.
¿En todo este tiempo usted ha sido citado por alguna autoridad de control como la Contraloría o el Ministerio Público para explicar su proceder respecto al Proyecto Olmos cuando fue jefe del PEOT?
He sido invitado y he asisitido a la Comisión Lava Jato del gobierno pasado que fue presidida por el congresista Pari y que nunca fue debatida en el Congreso. No he sido citado por la Contraloría ni por el Ministerio Público.
¿Qué espera en adelante tras la publicación del informe Lava Jato?
Si se me acusa de tener alguna responsabilidad civil, esperaré el respectivo proceso judicial y con el mayor gusto facilitaré los elementos de juicio que la Comisión selectivamente ha optado por desconocer con relación a la realidad de las obras asociadas a la construcción del Túnel Trasandino del Proyecto Olmos. No tengo ninguna duda que un fiscal sabrá valorar la verdad de los hechos.
¿Se ratifica en señalar que nunca fue presionado por Odebrecht para decidir en contra de los intereses del Estado?
Durante mi gestión como gerente general del PEOT colaboramos con la adjudicación de la concesión de las obras de trasvase, se dio el inicio de las obras y se construyó gran parte de ellas. También, durante esa gestión se promovió activamente el componente de generación y de irrigación del Proyecto Olmos. Hasta el 2010 el PEOT y el gobierno regional fueron activos promotores de la inversión privada para Lambayeque. Los hechos así lo demuestran: 25 mil hectáreas sembradas en Olmos generando miles de empleos claramente indican que nosotros presionamos para el desarrollo de Lambayeque y del Perú, todo lo contrario a que una empresa nos presione.
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