Esta semana se hizo público el contenido del informe final de la Comisión “Lava Jato”, presidida por la congresista fujimorista Rosa Bartra Barriga, que entre sus conclusiones señala que en el Proyecto Olmos existieron irregularidades en el otorgamiento de las concesiones para las fases de trasvase e irrigación, ejecutadas por la constructora brasilera Odebrecht, a través de sus subsidiarias.
Luego de dos años de investigación parlamentaria, la comisión especial del caso “Lava Jato” arribó a la conclusión que existen responsabilidades distintas entre varios de los exfuncionarios que, en su momento, tuvieron a cargo la revisión de los procedimientos del Proyecto Olmos.
IMPUTACIONES Y RESPONSABILIDADES
Entre los señalados por la comisión como responsables de irregularidades vinculadas a Olmos se encuentran el ex presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sobre quien se sindica infracción constitucional y parcialidad de los actos funcionales; el también ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, cuando se desempeñó como ministro de Estado en el gobierno de Alejadro Toledo Manrique, y su socia Gloria Kisic Wagner. Sobre estos dos la comisión imputa el delito de lavado de activos.
Asimismo, señala responsabilidad civil en Javier Roca Fabián, ex director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; Rosalía Álvarez Estresa, ex secretaria general de dicho portafolio; María Giulfo Suárez, ex viceministra de Economía y Enrique Salazar Torres, ex gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.
También identifica como responsables civiles de presunto perjuicio económico contra el Estado a los ex delegados del Consejo Regional de Lambayeque José Huamán Castillo y Adela Saavedra Díaz.
LA INVESTIGACIÓN
“Al haber hecho el control político del proyecto, esto es, al haber analizados los actos de gobierno realizados por los funcionarios públicos detectamos que los procesos no fueron regulares. Es entonces que nosotros, al carecer de información que nos permita determinar si existe una delación respecto a la entrega de sobornos, coimas o dádivas tuvimos que realizar un análisis del proyecto y ahí hemos identificado hechos que llaman nuestra atención”, explicó ante el pleno del Congreso de la República Rosa Bartra.
La parlamentaria indicó que en la tramitación del Proyecto Olmos se habrían omitido o “saltado” disposiciones legales, se habrían construido marcos jurídicos e incluso designado y retirado a funcionarios a fin de permitir que se concreten las concesiones de la obra a favor de Odebrecht.
“En base a ello, a quienes han participado en eso, nosotros hemos levantado determinada información constitucionalmente protegida, buscando que en ese espacio de investigación podamos determinar la entrega de sobornos, coimas o dádivas”, remarcó.
CASO KUCZYNSKI
Uno de los primeros hechos relevantes que la comisión ha determinado es el que involucra al ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, cuando este se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo y que precisamente fue uno de los detonantes de su caída como mandatario nacional a inicios de este año.
Según la comisión, habría quedado acreditado que Kuczynski, siendo ministro de Estado, actuó a favor de la Concesionaria Trasvase Olmos (subsidiaria de Odebrecht) a través de sus empresas Westfield y First Capital, que junto al Banco de Crédito del Perú - BCP, se encargaron de la estructura financiera del proyecto de trasvase.
“El 17 de marzo del 2004, la empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski y el BCP suscribieron un contrato con la constructora Norberto Odebrecht SA para diseñar la estructura financiera que cubriera el financiamiento que requería la constructora para el proyecto trasvase Olmos. Lo particular es que la constructora buscó el financiamiento sin siquiera haberse adjudicado la buena pro, lo que recién ocurrió el 17 de mayo del 2004”, detalló Rosa Bartra, remarcando además que Odebrecht fue el único postor en presentar su propuesta técnica y económica en la licitación.
“En otras palabras, la constructora contrató a Westfield Capital y al BCP antes de enterarse formalmente que sería el único postor que se presentaría en el concurso. Como consecuencia de ese contrato se creó la estructuración de bonos corporativos por 100 millones de dólares. Por ese contrato, Westfield Capital y el BCP habrían recibido la contraprestación de un millón 62 mil dólares”, explicó.
De acuerdo con la investigación, la colocación de los bonos resultó exitosa gracias a un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas del cual Kuczynski era titular. Dicho decreto garantizaba a nombre del Estado la inversión de la constructora.
“Cuando el BCP fue consultado por dicha asesoría dio hasta tres versiones. Conforme a la investigación de la comisión, la empresa de Kuczynski habría recibido más de un millón de dólares de Odebrecht”, aseveró, revelando además que la empresa unipersonal es la que compró la casa donde actualmente reside el ex presidente de la República, esto a través de una off shore.
CASO PERJUICIO ECONÓMICO
La comisión también consideró como irregular el pago de casi 50 millones de dólares a favor de la Concesionaria Trasvase Olmos por presunto perjuicio económico financiero en la perforación del Túnel Trasandino, poniendo en cuestionamiento la existencia de los estallidos de roca que sirvieron para sustentar el pago en efectivo autorizado por el Gobierno Regional de Lambayeque, ya en la gestión de Humberto Acuña Peralta, a favor de la constructora.
Rosa Bartra indicó que lo correcto hubiera sido que el Gobierno Regional de Lambayeque, como concedente del proyecto, aplicara la cláusula del contrato que le autorizaba la extensión de la concesión a fin que la compañía se resarciera del perjuicio económico financiero por causas no imputables. Sin embargo, optó por el pago en efectivo modificando el contrato de concesión a través de un acuerdo extrajudicial.
“La forma pactada para resarcir el perjuicio era la extensión del plazo de la concesión. No te doy dinero, te extiendo el plazo de la concesión. Pero el perjuicio, además, debía estar completamente acreditado por un especialista. No se preveía en el contrato en el pago en efectivo de compensación alguna”, señaló la congresista.
Las transferencias económicas a favor de la concesionaria se hicieron en el gobierno de Ollanta Humala Tasso.
CASO INICIATIVA PRIVADA
Otro hecho cuestionado por la Comisión “Lava Jato” es la suscripción del contrato de concesión para la ejecución del componente de irrigación del Proyecto Olmos, adjudicado a la subsidiaria de Odebrecht H2Olmos, debido a que se asumió como una iniciativa privada cuando debió ser considerada como una iniciativa cofinanciada, toda vez que parte del dinero obtenido por la venta de las tierras del Valle Nuevo fue utilizada para la obra, siendo estas de propiedad del Estado.
“Al haberse asumido como una iniciativa privada se le omitió del control del SNIP. Si esto no hubiera pasado se habría confirmado que la propuesta no era viable ni conveniente para el Estado”, indicó ante el Congreso de la República la presidenta de la comisión.
CASO VENTA DE TIERRAS
Por otro lado, el informe final del grupo de trabajo también objetó que el Gobierno Regional de Lambayeque haya modificado el contrato de concesión para permitir que Odebrecht adquiriese tierras en el Valle Nuevo de Olmos, a fin de declarar el éxito de la subasta, sin cuya condición no era posible concretar la fase de irrigación.
“El cambio en las condiciones del contrato benefició indiscutiblemente a Odebrecht, que se adjudicó la mayor cantidad de hectáreas al menor precio”, afirmó la legisladora.
De acuerdo a la conclusión de la comisión, Odebrecht obtuvo hasta 15 millones de dólares de rentabilidad al vender a terceros las tierras que adquirió por casi seis millones de dólares pasadas las dos subastas de los lotes del Valle Nuevo.
“Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A. se adjudicó de manera directa 11 mil 530 hectáreas por un valor de 49 millones dos mil 500 dólares, tierras que luego vendió a otras empresas por un monto de 64 millones 569 mil 890 dólares, ganando más de 15 millones de dólares con las tierras del proyecto”, precisó Bartra Barriga.
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