El 13 de diciembre pasado fueron detenidos, entre otros, el regidor Boris Bartra Grosso, así como el exfuncionario Nilton Monje Sampén, investigados por pertenecer a la organización criminal “Los temerarios del crimen”. Días antes fue capturado el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, sindicado como cabecilla de la referida organización.
Ellos han seguido destinos diferentes. Boris Bartra Grosso se acogió a la Terminación Anticipada, por lo que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la juez Cecilia Grandez Rojas, lo sentenció a cuatro de pena suspendida en su ejecución, obteniendo su inmediata libertad. El que no siguió igual suerte fue Nilton Monje Sampén, a quien la juez le dictó mandato de prisión preventiva por 36 meses.
Este efectuó declaraciones que, a diferencia de otras, se mantuvieron en reserva, pero para sorpresa de la misma Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada - FECOR, cuya coordinación está a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, lo relatado por el ex hombre de confianza de David Cornejo ha salido a la luz.
DELATÓ FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN
Cien días antes del operativo (el 3 de septiembre del 2018), el Diario Correo publicó que la FECOR tenía en la “mira” a una veintena de investigados, entre regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, reseñando que “la información de esta investigación, realizada de manera reservada, logró filtrarse al entorno del alcalde David Cornejo Chinguel, lo cual propició el rumor y, a la vez, que los investigados estén alertas ante cualquier acción o requerimiento del Ministerio Público. Esto coincide con que, extrañamente, el alcalde David Cornejo, así como los regidores investigados y los funcionarios de confianza hayan suspendido sus números telefónicos, toda vez que la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones…”.
¿Quién filtró la información? La respuesta quizá se encuentra en la declaración de Nilton Monje Sampén, del 22 de diciembre del 2018, ante los representantes de la FECOR y de la División de Investigaciones de Alta Complejidad – DEVIAC de la Policía Nacional del Perú, a cargo del mayor Juan Carlos Paz Oyola. Monje Sampén señaló:
“Estando en casa del alcalde, este me comentó que tenía un amigo comandante de inteligencia de la Policía, de apellido Romel Díaz, y que este era el que le advertía de todo tipo de operativos hacia la Municipalidad Provincial de Chiclayo; asimismo este tipo de comentario me lo realizaba esporádicamente, ya que andaba siempre paranoico respecto a intervenciones policiales y judiciales sobre la Municipalidad Provincial de Chiclayo…”.
En otro extremo de su declaración, el exjefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT, señaló que a inicios del 2018 Cornejo Chinguel le narró que había llamado la atención a funcionarios de la Gerencia de Transportes en el sentido que tuvieran cuidado con los operativos realizados y que sospechosamente se habían frustrado, “… ya que dicha información habría sido obtenida por su amigo el comandante Romel Díaz que es de Inteligencia…”.
Monje Sampén continuó declarando y señaló que Cornejo Chinguel “… me manifestaba a mí y a los demás funcionarios que tuviéramos cuidado con lo que se conversara y hablara por celular, ya que él tenía conocimiento por su amigo, el comandante Romel Díaz, que estaban siendo chuponeados…”, lo que es concordante con lo señalado cien días antes y que generó que regidores y funcionarios cambien su número de teléfono celular.
Todo esto se complementaría con lo declarado en su momento por el exregidor el regidor Boris Bartra Grosso, quien manifestó que David Cornejo Chinguel “…habría pagado hasta 10 mil soles semanales a efectivos de Inteligencia para obtener información sobre las indagaciones en su contra…”.
¿ACCIONES?
Mientras otras declaraciones como las de Willy Serrato Puse, también investigado en el caso “Temearios del crimen” se hacían públicas, las que señalan al comandante Romel Díaz se han mantenido en reserva.
Lo que se desconoce, hasta el momento, es qué acciones ha emprendido la FECOR Lambayeque para corroborar que lo declarado por Monje Sampén y Bartra Grosso sea cierto, en relación a los nexos de David Cornejo con el agente de Inteligencia de la policía.
Lo que llama la atención de este caso es la relación familiar que existe entre el comandante Romel Díaz y el mayor Juan Carlos Paz Oyola, jefe de la DEVIAC y encargado de las investigaciones policiales en el caso “Los temerarios del crimen”, además de la conocida relación amical entre Díaz Paz y el fiscal Carrasco Millones, que se remonta a los trabajos que ambos realizaron en el caso “Limpios de la corrupción”.
DÍAZ Y “LOS LIMPIOS”
En la Edición N° 1069 de Expresión, el exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo e investigado del caso “Limpios de la corrupción”, Jorge Incháustegui Samamé declaró haber formulado una denuncia por los delitos de fraude procesal, prevaricato, abuso de autoridad y omisión de deberes funcionales, ante la Fiscalía Suprema de Control Interno contra los fiscales Juan Manuel Carrasco Millones, Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Félix Tejada Ramos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; además del fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones, Jorge Arteaga Vera y la fiscal superior adjunta superior del mismo despacho Lili Díaz Gonzáles. Inchaustegui Samamé los denunció por presentar informes falsos para sustentar el proceso investigatorio y la medida de prisión preventiva en su contra.
El principal cuestionamiento que hizo fue al informe Nº 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAM, mediante el cual el entonces mayor Romel Díaz Paz y el teniente Víctor Chafloque Oliden solicitan a la Tercera Fiscalía Penal la detención preliminar contra 22 integrantes de la red criminal “Los limpios de la corrupción”, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
La Fiscalía Suprema de Control Interno, en ese entonces a cargo de Víctor Rodríguez Monteza, mediante Resolución N° 2134, de fecha 28 de noviembre de 2017, dispuso abrir investigación preliminar contra los fiscales denunciados.
EL INFORME 136
El 29 de septiembre del 2014, la Oficina de Inteligencia Territorial Policial - OFINTERPOL de Chiclayo, emitió el Oficio N° 1593-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, remitiendo al fiscal adjunto Juan Manuel Carrasco Millones el Informe N° 136-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH de la misma fecha, que “estando a los elementos de convicción tanto documentales emitidos por SUNAT y SUNARP; así como los audios provenientes de la medida limitativa de levantamiento del secreto de las comunicaciones, se debería proceder a la ubicación y captura, así como allanamiento de su domicilio u oficina donde realiza su actividad laboral, empresarial o de otro tipo” de 22 personas, encabezadas por el exalcalde Roberto Torres Gonzales. Una de las primeras diferencias es que en este informe ya no se habla de la organización criminal “Los reyes limpios del diezmo”, sino de la organización criminal “Los limpios de la corrupción”.
Suscriben el informe el teniente Víctor Chafloque Oliden como Instructor, y el mayor Romel Díaz Paz, utilizando ambos los sellos de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial de Chiclayo.
NO TRABAJABAN ALLÍ
Mediante carta de fecha 3 de junio del 2015, la abogada Deissy Lorena Villanueva Velezmoro solicitó información documentada (copias certificadas) del Informe N° 136-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, de fecha 29 de septiembre de 2014.
El jefe de la de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial (de Chiclayo, Coronel Luis A. Guerrero Balladares, mediante Oficio N° 1027-2015-REGION POLICIAL-LAMB/ORI.SEC, de fecha 4 de junio del 2015, respondió textualmente que “en los archivos de esta unidad no se encuentra documento alguno relacionado al caso, no obstante, al recibir la copia de dicho documento remitido por Ud., se puede apreciar los nombres de dos oficiales PNP que firmaron su autoría, que si bien es cierto trabajaban en la ciudad de Chiclayo, no han prestado servicios en esta jefatura, desconociendo los motivos por los que aparecen sellos que presuntamente sean de esta unidad; ante ello sugiero a Ud. se dirija ante el Sr. Comandante PNP Romel Díaz Paz, jefe de la DEPANDRO-CHICLAYO, quien en ese entonces ha firmado ‘es conforme’ del documento solicitado”.
OTROS CUESTIONAMIENTOS
En su denuncia, Incháustegui Samamé cuestiona lo señalado en el inciso “T” del Informe N° 136-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, de fecha 29 de septiembre del 2014, en el que se asegura que “…en la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del Fiscal del caso Sergio Lucio Zapata Orozco, se ha generado la participación de diversos entes del Estado, tales como un equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, equipo de Lavado de Activos de la PNP, un equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, un equipo de peritos contables, equipo de inteligencia operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior, además de un pool de 30 fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque, para cautelar el debido procedimiento durante el desarrollo de todo el operativo…”.
De acuerdo a la información solicitada a las diversas dependencias supuestamente participantes de los actos de investigación se obtuvo respuestas negativas, señalando que la solicitud de participación fue posterior al operativo del 30 de septiembre de 2014, por lo que se concluye que los fundamentos de informe con el que se pidió la detención de Torres Gonzales y sus funcionarios eran falsos. Como se ha mencionado, quien suscribe dicho informe es Romel Díaz Paz.
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