El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, insiste en acentuar sus diferencias con la Autoridad Portuaria Regional – APR, al punto que esta semana anunció que ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la desactivación de dicha entidad, que desde el 2013 gestiona la ejecución del Terminal Portuario. Sin embargo, es incompetente para plantear tal medida, debido a que la APR responde únicamente a los lineamientos y quejarías de la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
“Las autoridades portuarias, no específicamente esta, sino todas, se crean y se desactivan por ley. En este caso la Ley de Presupuesto del año 2013 creó la Autoridad Portuaria Lambayeque, entonces ningún alcalde o gobernador u otro funcionario público puede crear o desactivar instituciones, ni suspenderlas. Quien sí puede hacerlo es el Congreso de la República, en este caso él (Anselmo Lozano) no podría. Es más hay una Ley del Sistema Portuario que describe los componentes del Directorio y el funcionamiento propio del gerente general y las competencias que tienen las autoridades portuarias. Este es un tema que depende del congreso nacional”, explica Jorge Nakazaki Servigón.
ACCIONES Y RESULTADOS
Lozano Centurión se ha reunido en Lima con funcionarios del Ejecutivo, quienes le han explicado que la gestión de puertos y aeropuertos es competencia netamente nacional, por lo que se crea (para el caso de puertos) una autoridad que, a nombre del Estado Peruano, realiza los estudios necesarios a fin de desarrollar un concurso público que permita la ejecución del proyecto, el cual tampoco se maneja en el ámbito local o regional.
De la gestión encargada a la Autoridad Portuaria Regional se tiene como resultado la formulación del Plan Maestro para el Terminal Portuario de Lambayeque y la inclusión de este en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, proceso que finalizó en el 2016. Desde ese año, la APR buscó la autorización del Estado para iniciar los trámites hacia el concurso público internacional a fin de conseguir un ejecutor del proyecto, autorización que recién se ha materializado el 22 de enero de este año.
EL LOCAL
Otro hecho que llama la atención de la postura del gobernador Anselmo Lozano es la pretensión de desalojar a la Autoridad Portuaria Regional del inmueble que actualmente ocupa, en la calle Arequipa, de la Urbanización Libertadores. El recinto es propiedad del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, cedido en uso a la APR a través de un convenio cuya vigencia se renovó año a año.
Sin embargo, ha trascendido una circular aún no notificada en la que Lozano Centurión otorgaría diez días a Nakazaki Servigón para que desocupe las instalaciones junto a los otros nueve trabajadores de la entidad, cuyo número incluye al chofer, al guardián y a la persona encargada de la limpieza.
El problema radica en que el gobierno regional y el PEOT no han renovado la vigencia del convenio de cesión de uso a favor de la APR, negligencia que puede atribuirse a la gestión saliente del gobernador Humberto Acuña Peralta.
FACULTAD DEL DIRECTORIO
Jorge Nakazaki señala que si presentara su renuncia como gerente de la Autoridad Portuaria Regional lo haría ante el Directorio de la entidad, que no es conformado por Anselmo Lozano, toda vez que sus integrantes son designados por la Autoridad Portuaria Nacional.
“En el caso de que yo decida renunciar lo haría ante el Directorio, no ante el gobernador. Y este Directorio por ultimo elegiría a otro gerente, pero jamás otra autoridad que no sea el Directorio. Es decir, el gobernador regional no podría elegir al próximo gerente del APR, porque incluso por ahora él ni siquiera es miembro del Directorio”, enfatiza.
En ese sentido, el funcionario refiere que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional las entidades que tienen la potestad de calificar si el trabajo desempeñado hasta el momento es o no eficiente, quedando el gobernador regional limitado a coadyuvar políticamente.
Nakazaki Servigón indica además que es falso que la APR haya demorado en el saneamiento de las tierras necesarias para la construcción del Terminal Portuario, debido a que estás están registradas a nombre del Estado, representado por la Fuerza Aérea del Perú y del Gobierno Regional de Lambayeque. El trámite seguido ha estado orientado a definir en qué condiciones la FAP transferiría las tierras a la región, si a título gratuito o con el pago de una compensación.
“El puerto necesita 67 hectáreas, no cinco mil 131. El puerto del Callao, que es el tercer más grande de Latinoamérica, tiene 200 hectáreas, entonces decir que el proyecto portuario necesita cinco mil hectáreas es una imprecisión. Lógicamente, la idea de potenciar a Lambayeque es generando mayores puestos de trabajo, colocando alrededor del puerto industrias, una zona franca, parques eólicos y complejos logísticos, obras que deberá hacer la región con los ministerios, no con la autoridad portuaria”, explica.
PROPUESTA DE INVERSIÓN
Finalmente, refiere que existen dos mecanismos para atraer a la inversión hacia un proyecto como el Terminal Portuario de Lambayeque, la cual puede ser pública o privada. En este caso, se opta por la segunda opción, a través de una iniciativa de inversión que debe ser evaluada por la Autoridad Portuaria Nacional, el Ministerio de Transportes y Proinversión.
“Hay un consorcio coreano-norteamericano que ha presentado sus credenciales para acceder a esto. Ha enviado el 24 de enero una documentación, en la cual hay una iniciativa privada. Esa es una iniciativa tangible. Pero nosotros también tenemos un plan b, en caso no se presentara la iniciativa privada hay que hacer un concurso internacional, a través de Proinversión. También hay otro documento emitido el 22 de enero de este año, enviado por el director de concesiones del Ministerio de Transportes a Edgar Patiño Garrido, presidente de Autoridad Portuaria Nacional, solicitándole la autorización para iniciar proceso promoción de inversión privada del Terminal Portuario de Lambayeque”, informa.
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