El regidor Percy Espinoza Gonzales tiene una amplia experiencia en gestión pública. Por mucho tiempo dirigió el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal – INICAM, brindando asistencia técnica a los gobiernos locales. Además, es decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque y por sus conocimientos sostiene que lo mejor que podría pasarle al municipio provincial de Chiclayo es que se sienten las bases para su adecuación al Servicio Civil. Solo así, refiere, podría garantizarse que el recurso humano responda a las exigencias de una administración moderna y con metas claras.
En la primera sesión del concejo provincial de Chiclayo se aprobó la reorganización de la municipalidad. Considerando que en la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel se emprendió un proceso similar con la supresión de gerencias y la creación de nuevas subgerencias, ¿qué implicancias tendría la modificatoria planteada por la administración del alcalde Marcos Gasco Arrobas?
La reorganización obedece al cambio de la finalidad y el objetivo de la institución. En la reestructuración la finalidad y el objetivo se mantiene. Es decir, la municipalidad tiene un objetivo y propósito que no ha sido variado por ley y por tanto debemos definir ese objetivo en el marco de los principios propios de la modernización municipal.
En ese marco tenemos dos caminos. Uno es si promovemos una reestructuración en el marco de un enfoque que ha sido aprobado el año pasado, el enfoque de gestión por procesos en la administración pública. Dentro de la administración pública hay una directiva y un decreto supremo que es el 054 – 2018 PCM, que establece una nueva forma de reorganización y dice qué documentos se deben elaborar y estructurar.
El otro elemento es que promovamos algunos cambios, pero la reestructuración tiene que ir por el proceso de adaptación del modelo y ese modelo es el SERVIR, el de implementar el principio de meritocracia como parte de la gestión municipal, lo que implica tener un perfil de puestos. Este dice: esta área requiere un personal de esta calificación. No lo dice la municipalidad ni el asesor, lo dice SERVIR a través de la reglamentación que ha establecido para esos puntos. Pero además de eso, es porque permite una gestión en mérito a toda la experiencia que pueda haber de algunos servidores públicos que han podido desarrollar sus capacidades en todo este proceso.
Le sirve al Estado porque permite contar con personal calificado para responder a los requerimientos de la institución.
¿Conviene la adecuación al Servicio Civil a una administración que en tres semanas ha dado muestras de no contar con personal calificado? La mayoría de este carece de experiencia en gestión pública, son profesionales que han alcanzado los grados académicos en años recientes y no necesariamente pueden garantizar alcanzar las metas y las exigencias que supone SERVIR.
Justamente por toda la problemática, eso significa una oportunidad, pero no necesariamente para esta gestión, porque el tránsito a SERVIR es largo. La primera etapa dura no menos de un año. La segunda y la tercera fase un año y entonces vemos resultados en la próxima gestión.
La idea es sentar las bases. Cuando Cornejo ingresó, tras la crisis de Roberto Torres, era una oportunidad para generar una situación como esta porque teníamos las condiciones elementales para poder sustentar que era necesaria una nueva modalidad de hacer la gestión, pero el proceso de reestructuración que se promovió en esa época no fue en ese sentido. Simplemente se hizo cambios de denominaciones, porque los procesos de reestructuración como ese, que se promueven en muchas municipalidades, sirven para adaptar los instrumentos al equipo municipal.
Tenemos el ejemplo del SATCH por el CGT, solo cambió de denominación, porque el resultado de la deficiencia en la recaudación es el mismo de hace cuatro años. Entonces no se han generado resultados. En la primera sesión yo voté en abstención, porque el proceso de restructuración que se plantea le da la potestad básicamente a la municipalidad para que haga todos los cambios y nosotros no tengamos como consejo municipal un involucramiento directo en la conformación de la comisión de restructuración.
¿Se aprobó una restructuración municipal sin tener un diagnóstico previo de la situación institucional?
Yo creo que es necesario conocer los procesos administrativos propios de cómo funciona la gestión municipal. Hay un principio de legalidad. Este dice que el poder público se basa en el marco de normas y que no está a disponibilidad del criterio del servidor. Hay un procesamiento que se debe respetar.
Si su propuesta es que la comuna avance hacia la Ley del Servicio Civil, ¿qué hacer con la situación de vulnerabilidad que tiene esta norma frente a la oposición de ciertos sectores políticos y sindicatos que exigen su derogatoria?
El Perú ha suscrito acuerdos internacionales. Este planteamiento y esta política que forma parte de la modernización del Estado se dio no porque se le ocurrió al gobernante de turno, sino porque es una necesidad. Traerse abajo el Servicio Civil es difícil. Es como decir que nos traeremos abajo el InviertePe.
¿Es un proceso irreversible entonces?
Definitivamente. Lo mismo se hablaba cuando tocábamos el tema de la educación. Al margen de la oposición de los sindicatos, estos procesos se han determinado. Finalmente es bueno y la población debe entender que es bueno. Todo cambio siempre choca, todo cambio significa un temor a enfrentar algo nuevo, cómo va a desarrollarse eso y se ha malinterpretado asumiendo que significa el despido del personal. Lo que se busca es unificar las diferentes modalidades de contratación, que haya una sola modalidad de contratación y velar por el desarrollo de capacidades del recurso humano.
Incluso si nosotros queremos una mejor remuneración del personal esto es posible con la Ley SERVIR. La ley de presupuesto permite el incremento pero solo, de manera exclusiva, para aquellas entidades que están incorporadas al SERVIR.
¿Cómo quedaría el anunciado incremento de remuneraciones para los funcionarios de la comuna?
No se puede generar la expectativa de un aumento de las remuneraciones del personal porque la ley de presupuesto es clara. Dice: prohíbase el incremento de las remuneraciones, salarios, dietas, viáticos, beneficios sociales, y eso incluye al propio alcalde.
El planteamiento es respetar la ley de presupuesto. El artículo octavo de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que nosotros nos regimos en el marco de las disposiciones de la Constitución Política del Perú y de las leyes generales de los sistemas administrativos. Al margen de que tengamos autonomía administrativa, hay una ley general de un sistema, en este caso es el sistema de presupuesto.
Además de regidor usted es decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque. El alcalde Gasco dijo que tendría una política de puertas abiertas hacia las organizaciones de la sociedad civil para garantizar una gestión trasparente. Sin embargo, lo que se ve hasta ahora es su resistencia a escuchar a las voces discrepantes, tal como lo hizo el exalcalde Cornejo. ¿Se puede repetir la historia?
Espero que no. Sería contraproducente para el desarrollo de Chiclayo. El objetivo es recuperar el principio de autoridad colocando las normas y estableciendo parámetros. Para que ese principio tenga la legitimidad de implementarse requiere de la participación de distintos actores, no solo de los colegios profesionales, también de los transportistas o de los comerciantes ambulantes. Necesitamos establecer un acuerdo.
Como sociólogo, considero que es necesario articular una agenda de trabajo en donde los que están en contra de los procesos tengamos que llegar a concertar y establecer los puntos sobre los que estamos de acuerdo, todo por el bien de la ciudad.
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