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EN LA UGEL CHICLAYO APROBARON PAGO DE MÁS DE UN MILLÓN DE SOLES EN BONOS PARA 23 ADMINISTRATIVOS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1098

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El secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación - SITASE, Dante Bobadilla Yarlaqué, solicita al gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión se identifique con la clase trabajadora a través de una ordenanza que respalde la iniciativa emprendida por la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, en diciembre del año pasado.  

 

La Resolución Directoral Nº 006040- 2018- GR. LAMB/GRED, de fecha 27 de diciembre del 2018 firmada por el entonces director de la UGEL Chiclayo, Darío Balcázar Quintana, aprobó el reconocimiento de la bonificación por desempeño del cargo ascendente al 35 y 30 % de la remuneración mensual a favor de 23 trabajadores administrativos de dicha entidad, amparándose en el Decreto Legislativo Nº 276.

Es así como los cinco primeros en la lista de trabajadores beneficiados con esta bonificación recibirán montos de ocho mil, 59 mil, 64 mil, 57 mil y 66 mil soles. Los cinco siguientes montos de 57 mil, ocho mil, 61 mil, 10 mil y 54 mil soles. Asimismo, los ubicados en el puesto décimo primero, hasta el décimo quinto de la lista, reintegros de 67 mil, 67 mil, 65 mil, 51 mil y 84 mil, respectivamente.

De igual forma a los últimos ocho trabajadores beneficiados les corresponde recibir 65 mil, 59 mil, 54 mil, ocho mil, 52 mil, 66 mil , 20 mil y 60 mil soles. El monto total asciende a más de un millón de soles y de acuerdo a la resolución el beneficio reconoce el 35 % de la remuneración al grupo ocupacional profesional, mientras que el 30 % al grupo ocupacional técnico.

Según Dante Bobadilla, la iniciativa emprendida por Darío Balcázar debería tomarse como precedente para que el gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, emita una ordenanza regional que extienda el beneficio a todos los trabajadores administrativos del sector educación, sin necesidad que estos recurran a la vía judicial.

“Yo le pido al gobernador regional, Anselmo Lozano, que se identifique con la clase trabajadora, para que se nos reconozca administrativamente el 30 %. Si en verdad dice identificarse con nosotros podría emitir una ordenanza regional y ahorrarnos tiempo y dinero en procesos judiciales que terminarán siendo favorables a nuestra pretensión”, asegura.

Bobadilla Yarlaqué agrega que de hacer caso omiso a esta petición o de dejar sin efecto la resolución de la UGEL Chiclayo, el gobernador regional estaría actuando en contra de los intereses de toda la clase trabajadora.

“Sus funcionarios de la gerencia regional son reconocidos como dirigentes sindicales, tales como Domingo Hurtado Sipión o Ángel Salazar Piscoya. No creo que ahora ya no piensen como sindicalistas y lo hagan como patronales. Esta es la oportunidad para que Anselmo Lozano se reivindique con la clase trabajadora y continúe con la iniciativa emprendida por Darío Balcázar”, puntualiza.

 

INICIATIVA

“Nosotros como SITASE - Chiclayo saludamos la iniciativa administrativa del exdirector de la UGEL, Darío Balcázar Quintana, por haber aprobado este proceso, en el cual se reconoce el 30 % por desempeño de funciones”, remarca Dante Bobadilla.

De esta manera el representante del SITASE hace referencia a la resolución emitida por el director de la UGEL, la cual tomó como punto de partida una Casación Nº 10- 74- 2010 de Arequipa, con fecha de 19 de octubre de 2011. Además de la Resolución Ministerial Nº 1445- 90 del Decreto Legislativo Nº 276, misma que establece el Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, por concepto de desempeño de cargo a todos los profesionales y especialistas de la administración educativa.

“Esta sería la segunda resolución que Darío Balcázar reconoce, debido a que la primera resolución se emitió en beneficio de dos trabajadores: José Toro Díaz y Celia Peralta Lalopú”, remarca. Esta resolución tuvo como porcentaje de bonificación el 30 y 35 %, para ambas personas.  El documento al que hace referencia Dante Bobadilla es la Resolución Directoral 003337- 2018- GR. LAMB/ GRED, la cual data del 8 de junio del 2018, misma que se encuentra respaldada por la firma del entonces director de la UGEL- Chiclayo, Darío Balcázar.

 

DEUDA MILLONARIA

“En la provincia de Chiclayo contamos con un promedio de 780 trabajadores administrativos y 12 mil docentes, si a ellos se les reconociera esta deuda, el monto sería  multimillonario”, comenta el líder sindical, quien contrastó el monto reconocido a los 23 trabajadores administrativos, el cual llega a más de un millón de soles.

Bobadilla Yarlaqué también se refirió a la deuda social pendiente con los administrativos y docentes, la cual es de casi 100 millones de soles. Sin embargo, al considerarse como tal, esta no sería atendida por  la UGEL o el gobierno  regional, sino por el gobierno central, mediante un crédito para deuda social.  “El Gobierno central destinó 200 millones de soles cubrir parte de esta deuda, pero a la región de Lambayeque solo le tocó 13 millones de soles empleados para 33 trabajadores cesantes”, señala.

 

ANTECEDENTES

El Decreto de Urgencia Nº 105-2001 pretendía reconocer el pago de la bonificación personal y el reintegro correspondiente al tiempo de servicio a favor del personal administrativo de las instituciones educativas que se encuentren bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276. Sin embargo, este decreto nunca se aplicó. Pese a ello, los dirigentes de los sindicatos trataron de exigirle a la nueva unidad administrativa que se les reconozca estos beneficios. “Nosotros hemos tratado que administrativamente se nos reconozca y se ha llegado a un acuerdo para que se haga efectivo este pago, pero aún es incierta la fecha”, remarca Bobadilla Yarlaqué.

El secretario de SITASE explica que cuando la unidad administrativa les reconoce un beneficio sin seguir un proceso judicial es mucho más alentador para ellos, puesto que tienen la esperanza de que se les pague cuando se generen saldos presupuestales. “El día que hayan saldos presupuestales hay mayores posibilidades de que nos paguen. En cambio si seguimos un proceso judicial, esto se convertiría en una deuda social y en ese caso pasaría a ser responsabilidad del gobierno central”, asevera.

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