El gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, dio marcha atrás respecto a su intención de solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la suspensión de la Autoridad Portuaria Regional - APR, pero mantiene sus críticas a la gestión del gerente de esta entidad, Jorge Nakazaki Servigón, y asegura que su antecesor, Humberto Acuña Peralta, tuvo un doble lenguaje en las negociaciones con la Fuerza Aérea del Perú – FAP, durante el proceso de transferencia de tierras para el área de influencia del Terminal Portuario de Lambayeque. Sin embargo, este confunde varios de los aspectos relacionados al ansiado proyecto departamental.
El 29 de enero pasado, Lozano Centurión manifestó su intención de tramitar ante el MEF la suspensión temporal de la Autoridad Portuaria Regional en sus funciones, medida en la que ha retrocedido, tal como confirmó en exclusiva a Expresión, sin dejar de considerar que la gestión de Jorge Nakazaki Servigón al mando de este organismo ha sido deficiente. Retrocediendo sobre sus dichos, el gobernador aseguró que dará viabilidad para que la APR continúe funcionando.
“La Autoridad Portuaria va a seguir funcionando, yo no soy quién para violentar una ley”, señaló Lozano Centurión, en alusión a la Ley de Presupuesto del 2013, aprobada por el Congreso de la República, con la que se dio nacimiento a la entidad.
Además de su público interés por la desactivación de la APR, la semana que pasó trascendió la existencia del Oficio N° 000073-2019-GR.LAMB/PEOT-GG, cuyo objeto era el desalojo de la APR del inmueble que actualmente ocupa, ubicado en la calle Arequipa #124, propiedad del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, cedido en uso al amparo del Convenio N° 027-2011-GR.LAMB/PEOT, suscrito entre el Gobierno Regional de Lambayeque y el PEOT, vigente hasta el 31 de diciembre del 2018.
Lozano Centurión señaló que fue un “error de la administración de Acuña no haber gestionado la ampliación del contrato con el PEOT para que la APR siga funcionando allí”, pero que había dispuesto, a través de la Gerencia General del gobierno de Lambayeque, que se dé viabilidad a la permanencia de la APR en el inmueble.
¿GASTOS EXCESIVOS?
Hechas las rectificaciones, la autoridad regional mantiene su cerrada crítica a las acciones desplegadas por la administración de Acuña Peralta en relación a las tierras que formarían parte del área de influencia del Terminal Portuario. Uno de los puntos que más controversia genera – según Lozano Centurión – es el convenio marco entre la región y la FAP.
De dicho convenio, el N° 039-2018-GR.LAMB/PR “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la Fuerza Aérea del Perú para Desarrollo y Cooperación Interinstitucional”, se desprende el Convenio Específico N° 49-GR.LAMB/GR, el cual indica que las obligaciones y atribuciones asumidas por la región, para lograr la reversión de las tierras propiedad de la FAP, consisten en “financiar las inversiones clasificadas como optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, relacionadas a la reposición de equipamiento vehicular: ambulancia urbana y camioneta 4x4”, a favor del instituto armado.
Si bien la FAP mostró su disposición de ceder las tierras a nombre del gobierno de Lambayeque, este procedimiento no sería a título gratuito. El área a transferir, de cinco mil 313.03 hectáreas, ubicadas próximas a la zona donde se proyecta la construcción del Terminal Portuario, fue tasada en aproximadamente 46 millones de soles, monto que debía ser reconocido por la región a favor de la fuerza aérea.
Precisamente ese acuerdo es el que Lozano Centurión cuestiona, pues considera que los gastos estimados a modo de contraprestación por la transferencia de las tierras resultan onerosos para el gobierno regional.
“En pocos días yo he logrado reducir de 46 a 21 millones. Son 25 millones que se están ahorrando y eso no lo ha podido hacer ni el señor Nakazaki ni el señor Acuña”, resalta.
¿NAKAZAKI EN LA NEGOCIACIÓN?
El gobernador incluye en su crítica a Nakazaki Servigón, quien como gerente de la APR no tuvo ninguna participación en las negociaciones entre el gobierno regional y la FAP. El procedimiento solo involucró el concurso de la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN, el Ministerio de Defensa, el instituto armado y la administración de Humberto Acuña Peralta. La APR no tiene injerencia en el convenio debido a que su naturaleza técnica se limita únicamente a la gestión del proyecto portuario y el área materia del acuerdo no es determinante para la construcción del terminal.
Según el gerente de la Autoridad Portuaria Regional, la construcción del puerto como tal solo abarca 69 hectáreas de tierra, “por lo que es un despropósito pensar que un puerto necesita tal cantidad de hectáreas” (cinco mil), teniendo en cuenta que el puerto del Callao, siendo el tercero más grande de Latinoamérica, tiene 200 hectáreas.
Nakazaki Servigón refiere que las cinco mil hectáreas están pensadas en una visión para los próximos 50 años, a fin de que en esta se construyan zonas francas, parques industriales, parques de energía limpia y demás proyectos de infraestructura. “Yo quisiera que toda esa área se reservara, no porque ahorita vayamos a hacer un puerto de ese tamaño, sino para ir creciendo. Esa es la visión. Si nos dan las tierras bien, pero sino también, aunque sería una pena que no se previniera y luego se observe la foto en 50 años y se vea un puerto lleno de casas alrededor, sin posibilidad de crecimiento”, indica.
RECURSOS DE LA APR
Otra de las críticas que realiza Lozano Centurión a la Autoridad Portuaria Regional se refiere al supuesto exceso de personal que trabaja en la entidad, el que, a su juicio, no muestra resultados.
“Me gustaría que el ingeniero Nakazaki diga que no necesita al abogado, al contador y todo el personal que trabaja con él. No es cierto que sean solo nueve personas, son más. Yo siendo el gobernador no tengo aquí ni conserje porque me interesa reducir costos. En mi área logística yo tenía 20 personas y hoy solo tengo nueve”, explica.
Lo cierto es que la APR tiene en solo nueve trabajadores, cifra que incluye al chofer, al guardián y a la persona encargada de la limpieza. La remuneración mensual de Nakazaki Servigón es de seis mil soles, dinero que – al igual que el resto de recursos asignados para la institución – es enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, a través del gobierno de Lambayeque, pero que no son parte del presupuesto regional.
Por otro lado, el gobernador considera que el gasto de cuatro millones de soles realizando hasta ahora por la APR resulta excesivo. No obstante, Lozano Centurión desconoce que de esos, tres estuvieron destinados a financiar el plan maestro realizado por el Consorcio Portuario de Lambayeque, entidad conformada por la fundación Valencia Port, Acciona Ingeniería y OIST, documento que permitió la inserción del departamento en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, mientras que el otro millón se destinó a la adecuación de los aspectos económicos y financieros de dicho plan, documento generado a partir de un convenio promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre la APR, el gobierno regional y la Autoridad Portuaria Regional.
Tanto el plan maestro como el estudio económico constituyen la base sobre las cuales se espera gestionar la ejecución del terminal portuario a través de una iniciativa privada o de una iniciativa estatal.
“DOBLE CACHETE”
Lozano Centurión califica de “poco serio” y no digno de “gente decente” que el exgobernador Humberto Acuña Peralta haya desistido en la solicitud de reversión de 26 mil hectáreas del predio “Pampas de Reque”, pedidas a la FAP para la ejecución de dos proyectos: el sistema hídrico integral del valle Chancay – Lambayeque y el área de influencia del Terminal Portuario (cinco mil hectáreas).
Según consta en el oficio N°1315/2016-GR.LAMB/PR, del 9 de noviembre del 2016, el ex gobernador regional se dirigió al entonces Ministro de Defensa, Mariano Gonzáles Fernández, para solicitar apoyo en la gestión para la reversión de las 26 mil hectáreas adjudicadas a la Fuerza Aérea del Perú.
Sin embargo, tras una reunión sostenida el 22 de febrero del 2017 con el Coronel FAP, Javier Tyron Carbone, Comandante del Grupo Aéreo N°6, Acuña Peralta desistió de la reversión de esas hectáreas, tal como consta en el oficio N° 198-2017-GR-LAMB/PR, dirigido al entonces Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos.
Lo que Lozano Centurión ignora es que el desistimiento se hizo en razón de que de las 26 mil hectáreas, la mayor parte son utilizadas para prácticas de tiro de las aeronaves, siendo solo cinco mil las hectáreas que no son utilizadas para dichos fines y que podían ser transferidas al gobierno regional, estando además estas próximas a la zona destinada para el terminal portuario. A ello se suma que la Fuerza Aérea del Perú mostró su negativa de transferir las tierras para el proyecto del valle Chancay – Lambayeque, que concretamente comprende la construcción del reservorio La Montería y el hidráulico Sicán.
Al respecto, Nakazaki Servigón explica que el pedido inicial de las 26 mil hectáreas se dio como parte de la visión del gobierno regional, de la cual el Terminal Marítimo es uno de los componentes, por lo que se ha ratificado la solicitud de transferencia de las cinco mil hectáreas para su área de influencia.
PROCESO DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN
Según el Oficio N° 012-2019-APN/PD-DIPLA, del 22 de enero de este año, dirigido al presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, Edgar Patiño Garrido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó el inicio del proceso de promoción de inversión privada para el desarrollo del Terminal Portuario de Lambayeque bajo la modalidad de “concesión para el diseño, financiamiento - construcción, conservación, explotación y transferencia”.
Al respecto, existe el interés de un consorcio coreano – norteamericano por poner en marcha el proyecto, iniciativa que cuenta con el respaldo del Gobierno de Corea (Oficina de Presidencia de la República de Corea, Ministerio de Océanos y Pesca, Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea, entre otros).
Sin embargo, Lozano Centurión refiere que él tiene “más de cinco empresas” interesadas también en la construcción del Terminal Marítimo. No obstante, al ser consultado sobre si esas empresas han acudido a la Autoridad Portuaria Regional o Nacional, el gobernador señaló desconocerlo, lo cual violentaría el trámite regular que deben seguir las empresas postoras interesadas en iniciativas de infraestructura portuaria.
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