Preocupante. Pese a que el 22 de octubre del año pasado el fiscal Sergio Zapata Orozco, jefe del equipo especial dedicado exclusivamente al caso “Limpios de la corrupción” dio por concluida la investigación preparatoria, hasta el momento los peritos contratados por el Ministerio Público para determinar si los involucrados tienen o no desbalance patrimonial no elevan sus informes finales. Así lo confirmó en exclusiva a Expresión el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, quien refiere que tratándose de un caso complejo es entendible la demora. Sin embargo, existe el riesgo de que dichos elementos probatorios sean impugnados si es que se inicia el proceso por lavado de activos contra el exalcalde Roberto Torres Gonzales y sus exfuncionarios.
Fue una disposición del propio fiscal Zapata Orozco la que fijó que los peritajes debían elaborarse entre diciembre del 2017 y abril del 2018, tiempo que evidentemente se excedió, dando este por concluida la fase de investigación preparatoria en octubre del año pasado, por lo que, de acuerdo al Código Procesal Penal, el agente del Ministerio Público debería haber formulado la acusación por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir contra los investigados.
Empero, pese a que ha trascurrido más de cuatro meses desde el fin de la etapa preparatoria, Zapata Orozco no formula acusación. Esto, tal como lo explica el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, porque los peritajes aún no se concluyen.
Arteaga Vera conversó ampliamente con Expresión sobre este y otros importantes casos que tiene el Ministerio Público en Lambayeque, como también de las carencias que enfrenta la institución a diez años de aplicado el Nuevo Código Procesal Penal en la jurisdicción.
Al crearse el Sistema Anticorrupción el Poder Judicial dispuso que los casos sobre corrupción de funcionarios sean transferidos a los juzgados especializados. Así, por ejemplo, el caso “Limpios de la corrupción” pasó del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria al despacho del juez Reynaldo Leonardo Carrillo. ¿Por qué si el Ministerio Público también tiene fiscalía especializada en corrupción de funcionarios el caso “Limpios” se mantiene en la Tercera Fiscalía Provincial Penal con el fiscal Sergio Zapata?
Cuando empezó el caso no existían las fiscalías anticorrupción. Los fiscales que empezaron ya conocían este caso, lo han seguido conociendo, lo ven hasta ahora y no sería correcto que a estas alturas el caso sea visto por los fiscales anticorrupción cuando ya existe un grupo Ad hoc que viene llevando el caso, salvo que las circunstancias permitan establecer que ya está terminándose y se tomaría la decisión en su momento oportuno.
La investigación en el caso “Limpios de la corrupción” concluyó en octubre del año pasado por disposición del fiscal Zapata Orozco, pero hasta el momento no hay acusación por lavado de activos ni asociación ilícita, que son los delitos madre por los que fueron enviados a prisión preventiva Roberto Torres y sus funcionarios. Tampoco se sabe si ya existen los peritajes, porque hasta donde se conoce estos no han sido trasladados a la defensa de los investigados para su confrontación. ¿Qué sabe al respecto como titular del Ministerio Público?
En ningún momento se ha vulnerado el derecho a la defensa de los investigados. En su momento se les notificará la pericia que se emita. Los fiscales han emitido los informes a presidencia y puedo decir que en el caso “Limpios de la corrupción” hay a la fecha 29 condenas.
Pero las condenas son por casos desacumulados, no por lavado de activos ni asociación ilícita que son los delitos madres…
El caso de lavado de activos y asociación ilícita no se ha culminado y está pendiente de presentar el requerimiento acusatorio. Tan complejo es el peritaje que ni los mismos peritos, que son tres contadores, no terminan el análisis final de los tantos tomos que consta el caso. Son más de diez investigados y abundante la información recopilada. Eso lo han informado los fiscales, están en la etapa final de la elaboración de la pericia y el fiscal Sergio Zapata Orozco debe estar emitiendo su requerimiento acusatorio en los próximos días.
Usted ha sido fiscal coordinador de la Primera Fiscalía Provincial Penal y de la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones, ¿cuál es el plazo que se tiene desde que un fiscal concluye una investigación preliminar para que presente el requerimiento acusatorio?
He conocido los casos, en segunda instancia, de lavado de activos, incluido el de “Los limpios de la corrupción”. Un caso de violencia familiar, de lesiones leves o de omisión a la asistencia familiar implica pues que a los 15 días se emita un requerimiento acusatorio, una vez concluida la investigación, pero en este caso es una investigación compleja y los abogados tienen a su disposición la carpeta, al órgano jurisdiccional para que tutele las garantías que estime pertinentes y están trabajando en ello los fiscales. Están en la última parte de este caso antes de llegar a la etapa intermedia del requerimiento acusatorio.
Los mismos proveídos y disposiciones del fiscal Zapata Orozco establecieron un plazo máximo para que los peritos entreguen sus informes (abril 2018). Lo que se ha descubierto en el tiempo es que los peritos fueron contratados para dos fases, cuando estas, en documentos, no existen. Nunca se dijo que las pericias se habrían en dos etapas. Por otro lado, el juez Leonardo Carrillo negó una prórroga de la pórroga de los plazos considerando que los tiempos ya se habían agotado. ¿Puede la comunidad de Lambayeque entender que a marzo del 2019, a meses de cumplirse cinco años de iniciado el caso, los peritos todavía siguen investigando el presunto lavado de activos?
Los peritos no investigan, elaboran un informe pericial. El cuestionamiento tiene que verse no en este momento, sino en el órgano jurisdiccional cuando finalmente se presente la pericia. Se correrá traslado en etapa intermedia, podrán hacer las observaciones, (los investigados) podrán presentar su pericia de parte, en fin… Es en la misma actividad jurisdiccional donde se va a discutir la pertinencia de las pericias, el contenido y las conclusiones.
¿Cabe la posibilidad de que sean impugnadas?
Las partes están asesoradas por sus abogados…
¿El Ministerio Público es consciente que así como el juez puede declarar válidas las pericias también puede desestimarlas por haberse agotado los tiempos?
El pronunciamiento sobre las pericias corresponde a las partes procesales, a los abogados.
Sobre el caso “Temerarios del crimen”. El presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Óscar Burga Zamora, señaló que el caso debió iniciarse en la Fiscalía Anticorrupción y no en la de Crimen Organizado, que es la que actualmente revisa la carpeta. ¿Su opinión es…?
Respecto a la posición del presidente de la Corte, este caso lo inició la Fiscalía de Crimen Organizado y en todo caso si se discutiera la competencia que se haga en el órgano jurisdiccional. Nosotros los fiscales estamos preparados para afrontar esas investigaciones. Sea FECOR o sea la Fiscalía Anticorrupción, el lambayecano debe saber que las investigaciones son llevadas a cabo con transparencia, con objetividad sobre todo, para que no se diga que se está llevando la balanza para uno u otro lado.
Es un caso emblemático que ha llamado la atención y es por eso que Lima, a través de la Fiscalía de la Nación, ha repotenciado la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
¿Está usted conforme con las sentencias por conclusión anticipada dictadas contra Antonio Becerril Rodríguez y Boris Bartra Grosso, a cuatro años de prisión suspendida, en el caso “Temerarios del crimen”, considerando que esta se dio previo acuerdo con la fiscalía y hoy se conoce que ambos estuvieron involucrados en más hechos de corrupción? ¿No son penas benignas? ¿Qué le han informado sus fiscales?
Las investigaciones y las sentencias se dan con autonomía y en eso no interviene mi presidencia. En todo caso lo positivo y correcto es que se ha logrado una condena. Corresponde a la estrategia del fiscal si alguno de esos condenados será testigo en otro proceso y colaborará para ayudar a descubrir algún otro hecho cometido por funcionarios de mayor rango. Si la crítica es porque se trata de una pena suspendida, la respuesta es que no es el único delito por los que están incursos y finalmente las penas se suman.
¿Esas penas podrían ser variadas?
Las sentencias que han adquirido la condición de cosa juzgada ya no pueden variarse, pero de llegar a establecerse la responsabilidad sobre otros delitos las penas se suman.
¿Ha rebasado la capacidad del Ministerio Público en Lambayeque la existencia de tantas organizaciones criminales? En el 2010 fue la banda de “El Burro”, en el 2011 “La Gran Familia”, en el 2012 “El Clan del Norte”, en el 2014 “Los Limpios de la Corrupción”, en el 2015 “Los intelectuales de Lambayeque”, “Los Wachiturros”, “La hermandad del norte” y ahora “Los Temearios”, además de otras menos medáticas.
El Ministerio Público no va a terminar con las organizaciones criminales, es una realidad. Las organizaciones criminales existen en nuestro medio, pero en La Libertad todos los días, casi, hay una muerte por ajuste de cuentas ejecutada por sicarios. En Lambayeque hace más de dos años no tenemos esos casos. Se ha logrado contener a la fecha esa ola de violencia.
No digo que aquí se vive la felicidad total, pero el Ministerio Público viene desarticulando a través de los megaoperativos y las escuchas telefónicas con orden judicial, con saldo positivo. Tenemos 126 personas con prisión preventiva requerida por la Fiscalía del Crimen Organizado. Estamos en una situación expectante.
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