La Oficina Desconcentrada de Control Interno-ODCI del Ministerio Público del Distrito Judicial de Lambayeque decidió abrir indagación preliminar contra el fiscal provincial Juan Manuel Carrasco Millones, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, por presunta inconducta funcional, en mérito a la queja interpuesta por el detenido Alfredo Montenegro Bermeo, sindicado de ser parte de la organización criminal “Los temerarios del crimen”.
La queja fue recibida el 28 de mayo de este año por el fiscal adjunto superior, miembro de la Oficina Desconcentrada de Control Interno – ODCI, y encargado de la Comisión de Investigación Preliminar, Telésforo Vásquez Figueroa, quien refiere en la Resolución Nº 1 – ODCI – Lambayeque los hechos denunciados por Montenegro Bermeo desde que se le dictó detención preliminar el 29 de noviembre del 2018 y se le impuso la prisión preventiva ese mismo año.
HECHOS
Vásquez Figueroa apunta que Montenegro Bermeo afirma haber sido víctima de un “linchamiento mediático”, por lo cual no ha podido desvirtuar los requerimientos formulados por el Ministerio Público. Destaca que el 30 de diciembre del 2018, el electo presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Óscar Burga Zamora, declaró al diario Correo que “el caso Cornejo no lo tiene un fiscal anticorrupción”, pues los delitos inmersos en dicha investigación corresponden a delitos contra la administración pública, por lo tanto lo debería tener la fiscalía especializada en dichos delitos, así como el juzgado especializado en esta materia de investigación.
Montenegro Bermeo señala que Burga Zamora reveló que lo actuado por Juan Carrasco y la jueza Cecilia Grandez Rojas trasgrede un principio de la función jurisdiccional constitucional, la cual establece que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por Ley, tal como se señala en el Artículo V del Título Preliminar del Código Penal en su artículo 139, inciso 3, segundo párrafo de la Constitución.
Precisa que el 29 de enero de 2019 en la audiencia de vista de la causa de la apelación del auto de prisión preventiva, solicitó a la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque que se declare la incompetencia del Cuarto Juzgado Penal de Chiclayo para seguir conociendo su caso y se declarase la nulidad absoluta de todo lo actuado.
No obstante, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque resolvió que “en una audiencia de prisión preventiva no puede ponerse en debate la competencia de los jueces”. A finales de febrero 2019 y de conformidad con la Resolución 1423-2015 MP-FN (que regula la competencia de los fiscales), le pidieron al fiscal Juan Carrasco que se inhibiera de seguir conociendo su caso por no ser competencia. Sin embargo, más de tres meses después su pedido se encuentra encarpetado.
Asimismo, se planteó a la jueza Cecilia Grandez, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, una cuestión de competencia a fin de que su caso sea transferido al Décimo Juzgado Especializado en Corrupción de Funcionarios. Grandez Rojas fijó para el 27 de marzo la audiencia, pero por un error de notificación cometido por el juzgado, se frustró la misma y fue reprogramada para el 17 de mayo 2019, es decir, seis semanas después.
Añade que en abril de 2019 se presentó ante el Décimo Juzgado Penal Especializado en Corrupción de Funcionarios una tutela de derechos, a fin que este despacho asuma la competencia de su caso, el cual fue admitido y está pendiente de resolver. No obstante, la jueza Grandez no estuvo presente el 17 de mayo para dirigir la audiencia y en su lugar estuvo Milagros Begazo Norabuena, encargada del despacho como suplente. Ante esta situación, el fiscal se opuso a la realización de la audiencia por una supuesta afectación a la majestad del Poder Judicial, siendo la audiencia reprogramada para el 3 de junio.
Apunta también que el 9 de mayo en una entrevista concedida por Carrasco Millones al diario La República, ante la pregunta ¿cuáles son los avances en el trabajo que viene realizando?, el fiscal señaló: “antes nos enfocábamos en el tema de sicariato, extorsiones, robos agravados, reglaje, ahora nos estamos enfocando más en el tema de corrupción de funcionarios”. Dichas declaraciones revelarían que Juan Carrasco continúa investigando casos que por un mandato de la Ley no son de su competencia.
En virtud de lo mencionado, la ODCI decidió abrir indagación preliminar contra Carrasco Millones por presunta inconducta funcional, solicitándole sus descargos en el plazo de cinco días de ser notificado.
MISIVA
En la carta enviada por Alfredo Montenegro a la directora de este hebdomadario, el exregidor manifiesta que “al ser su caso conocido por un fiscal y una jueza incompetentes, se ha violado de forma grosera el principio constitucional que garantiza que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley”.
“Somos el único caso en el Perú cuyo derecho constitucional a nuestro juez predeterminado por ley ha sido trasgredido y lo que es mucho más grave, Juan Carrasco y Cecilia Grandez han encarpetado y dilatado el pronunciarse respecto al cuestionamiento a la competencia de su actuación en nuestro caso”, asevera.
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