La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, presentó la “Agenda País”, documento con el que se busca establecer una hoja de ruta para el crecimiento y mejora de los diferentes sectores que impulsan la economía, a fin de generar empleo, mayores ingresos al Estado y bienestar social. El documento fue entregado al presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

María Isabel León de Céspedes, presidente de la CONFIEP, explica que en los últimos años la economía peruana ha perdido dinamismo de manera consistente. Por ejemplo, en el período 2016-2018, el Producto Bruto Interno – PBI, creció 3.5 %, prácticamente la mitad de lo registrado entre el 2016 y el 2010.

“El menor ritmo del crecimiento ha tenido un correlato con la capacidad del país para reducir la pobreza. Al Perú le está siendo cada vez más difícil combatirla, esta aumentó en un punto porcentual en el año 2017, luego de haber disminuido de manera ininterrumpida durante más de una década”, refiere.

Sostiene que el contexto económico menos favorable ha incidido en la capacidad de la economía para generar empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el empleo a nivel nacional (formal e informal), se desaceleró durante el 2018, creciendo 1.6 % en el año, luego de haber aumentado 1.9 % en el 2017.

El empleo formal privado tuvo un mejor desempeño, creciendo en 4.3 % en el 2018, según las planillas electrónicas de la SUNAT. Sin embargo, dado el contexto de menor crecimiento económico, el ritmo de contrataciones del sector privado no es suficiente para absorber la mano de obra que ingresa al mercado laboral cada año.

El INEI informa que durante el año pasado 247 mil personas se incorporaron a la Población Económicamente Activa – PEA. Empero, el sector privado solo generó 175 mil nuevos puestos de trabajo formal.

Para León de Céspedes esta situación retrasa la formalización del empleo que busca el país y la tasa de empleo informal supera ampliamente a la formal.

INFRAESTRUCTURA

En el 2015, por encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, la Universidad del Pacífico realizó una estimación sobre la brecha de infraestructura a nivel nacional. Según dicho estudio, cerrar la brecha para el 2025 equivaldría a invertir 159 mil 549 millones de dólares en distintos sectores económicos del país, monto equivalente al 70.6 % del PBI del 2018.

Se estimó que para carreteras se necesita de 31 mil 850 millones de dólares, 30 mil 775 en energía, 20 mil 151 para banda ancha, 18 mil 944 en salud, 16 mil 983 en ferrocarriles, nueve mil 623 en saneamiento, ocho mil 477 en infraestructura hidráulica, seis mil 884 en telefonía móvil, seis mil 287 en puertos, cuatro mil 568 en educación, dos mil 629 en agua potable y dos mil 378 en aeropuertos.

Para la reducción de la brecha, se propone crear la institucionalidad que garantice la ejecución de los proyectos, disminuyendo la cantidad de actores atomizados que participan en el desarrollo de proyectos de infraestructura, fomentando que tomen decisiones de manera objetiva y transparente.

María Isabel León refiere que es necesario crear organismos excepcionales o grupos de trabajo con autonomía temporal por proyecto (con inicio y fin), con un marco legal adecuado, en los que participen personas de cada sector, lo que permitiría avanzar en procesos paralelos en lugar de secuenciales y disminuir tiempos y mejorar la calidad de las decisiones. “Estos organismos excepcionales tendrán que tener las prerrogativas y talentos suficientes para implementar los proyectos”, afirma.

Asimismo, se plantea institucionalizar un plan de soporte en la gestión y acción supletoria por parte de los gobiernos regionales y el gobierno nacional en caso las unidades ejecutoras incumplan los plazos de ejecución de los proyectos declarados de interés nacional.

Para asegurar la transparencia en las obras públicas se considera pertinente el levantamiento del secreto bancario de los funcionarios que forman parte de los procesos necesarios para la ejecución y que se apruebe una nueva Ley de Contrataciones del Estado, que pase de un modelo de selección basado en el costo y en el plazo de ejecución de obras a uno que promueva la calidad y sostenibilidad, transparencia y competencia de los procesos de contratación y su desempeño eficiente.

MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD

Respecto a Minería, como recomendación, la “Agenda País” indica que es necesario que la Autoridad Nacional del Agua revise y mejore su propuesto respecto a los criterios para la zonificación y vulnerabilidad hídrica de la Metodología y tener una reunión de coordinación con los representantes de las distintas instancias públicas y privadas para alinear criterios.

También la eliminación del inciso h) del Artículo 10 de la Ley 27446, Ley de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite solicitar requisitos adicionales a los ya establecidos. Dicho inciso fue incluido en el 2008, permitiendo que la autoridad ambiental solicite “otros documentos que determine” en el marco del contenido de los instrumentos de gestión ambiental.

“Se requiere que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento contrate empresas especializadas para la revisión de expedientes de seguridad para proyectos grandes, así como aprobar el procedimiento estandarizado obligatorio de licencia de edificación y de funcionamiento. De igual manera, debiera incluirse una disposición que establezca que el ministerio sistematice y pulique jurisprudencia y que su opinión sobre la interpretación de normas de edificación sea vinculante”, manifiesta la presidente de la CONFIEP.

Añade que se hace necesario que la oportunidad de la consulta previa para un proyecto integral minero sea en el momento de la emisión de la autorización de explotación. En ese sentido, debiera establecerse que la base de datos de pueblos indígenas sea de carácter oficial y no referencial.

Sobre Hidrocarburos, se propone crear Fondos Sociales para ejecución de programas o proyectos productivos en comunidades ubicadas en áreas donde se desarrollen las actividades de explotación, los cuales se financiarán con el 1 % de la producción fiscalizada. Lo que corresponde en este caso – explica León de Céspedes – “es modificar la Ley del Canon, a fin de que los recursos percibidos por el sector privado sean distribuidos adecuadamente y ayuden a cerrar las brechas sociales de las comunidades ubicadas en el área de influencia de los proyectos”.

En Electricidad, se requiere establecer mecanismos que permitan fortalecer las competencias del COES en su condición de operador del sistema electrónico. También se hace urgente una reforma en el cual se establezcan en forma expresa, la responsabilidad respecto a las decisiones adoptadas por los miembros de los Consejos Directivos de los Organismos Reguladores.

Del mismo modo, se hace urgente un marco normativo más ágil y expeditivo para promover proyectos de inversión.

AGROEXPORTACIÓN

Sobre este sector de la economía se propone la continuidad de la vigencia de la Ley N° 27360, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, que – de acuerdo a la CONFIEP – ha sido de gran beneficio para el impulso del sector.

Se propone el fortalecimiento y modernización del SENASA para que esté en capacidad de acompañar el ritmo del crecimiento del sector, lo que implica fortalecer la certificación indefinida para lugares de producción y empacadoras que tengan un buen perfil de riesgo, ampliar los beneficios de tener un buen perfil de riesgo a más empacadoras, ampliar la certificación fitosanitaria electrónica a Estados Unidos y China, y homologar certificaciones de instituciones internacionales con certificaciones del Estado Peruano.

Asimismo, brindar facilidades tecnológicas como un aplicativo que permita grabar procesos como colocación de precinto, desprecintado y verificación, y elaborar el reglamento del Decreto Legislativo N° 1384, que otorga mayores herramientas para la función de fiscalización del SENASA.

PESQUERÍA

María Isabel León sostiene que en el sector pesquería es urgente implementar una mesa técnica con participación del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la industria para evaluar todas las cargas regulatorias que tiene el sector, incluyendo los derechos de pesca a fin que no afecten la competitividad del país.

Otro de los planteamientos es que se emita un decreto supremo que reestablezca la pesca industrial entre las millas 2 y 5 en el litoral sur. Del mismo modo que se fortalezca la institucionalidad del SANIPES y se implemente una política nacional contra la erradicación de la pesca ilegal.

EDUCACIÓN SUPERIOR

El gremio empresarial considera que en este aspecto es necesario que se reformulen los artículos correspondientes para que las universidades obtengan su licenciamiento por única vez y que este sea permanente y fiscalizable por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU.

La ampliación del licenciamiento ya obtenido para cubrir nuevas sedes educativas y nuevas carreras para aquellas instituciones que ya acreditaron los requisitos y condiciones de calidad para prestar la actividad educativa, y que la exigencia y supervisión de los estudios estén enfocadas en el cumplimiento de los créditos establecidos.

“Se debe permitir ofertar programas educativos en tiempos menores a cinco años en la medida que cumplan con impartir la totalidad de créditos y horas previstas en la norma”, precisa León de Céspedes.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Para el incremento de los puestos de trabajo, la “Agenda País” propone establecer un incentivo tributario para las empresas que tengan en su planilla a trabajadores con contrato a plazo indeterminado, se encuentran en el régimen y trabajan a tiempo completo.  También, replantear el crédito tributario por gastos en capacitación para los trabajadores, haciendo más eficiente el subsidio y fortaleciendo las capacidades de una mayor población.

Asimismo, eliminar el límite mínimo de 10 % de trabajadores para realizar un cese colectivo por causas objetivas; crear los consejos sectoriales para linear la oferta formativa con la demanda laboral; adecuar la realidad normativa de trabajo a tiempo parcial y teletrabajo, y presentar informes de impactos de reposición en juzgados del Tribunal Constitucional.

El documento también considera recomendaciones para la inclusión financiera, la calidad regulatoria, el sector farmacéutico, la micro, pequeña y mediana empresa, la vivienda y el desarrollo urbano, la radiodifusión, la automotriz, el sistema privado de pensiones y la protección financiera.

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