El mundo al revés. El martes último, en sesión ordinaria del Concejo Provincial de Chiclayo, el regidor Percy Espinoza Gonzales planteó al pleno que se inste al alcalde, Marcos Gasco Arrobas, el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 024-2018, que aprobó el “Reglamento para el desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas”, en la comuna local, el mismo que obliga la realizado de dos de estas actividades en un período anual. Sin embargo, como si la transparencia importara poco, siete regidores de los 13 concurrentes votaron en contra.

Ante la ausencia del alcalde provincial la sesión fue dirigida por el primer concejal, Junior Vásquez Torres, quien sometió a votación el pedido realizado por Espinoza Gonzales. Los que votaron en contra son los oficialistas Ricardo Lara Doig, Pedro Ubillús Falla, Carlos Montenegro Gonzales, Javier Montenegro Cabrera y María Berna Cleghorn, así como José Nakamine Kobashigawa y Andrés Calderón Purihuamán.

A favor de que el concejo inste a Gasco Arrobas el cumplimiento de la ordenanza municipal votaron: Espinoza Gonzales, Jony Piana Ramírez, Andrés Puell Varas, Randy Vegas Díaz, Felipa Orosco Nuntón y Karina Villegas Campos.

LA ORDENANZA

El 27 de diciembre del año pasado el Concejo Provincial de Chiclayo, en sesión extraordinaria, aprobó el Proyecto de “Reglamento de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas”, que obliga a la autoridad municipal al desarrollo de dos sesiones en un período anual para informar a la ciudadanía de los avances, gestiones y ejecución del presupuesto institucional.

El artículo segundo de la Ordenanza N° 024-2018, señala que la norma entraba en vigencia conforme a lo dispuesto por el Artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en tanto el artículo cuarto encargó a la gerencia municipal, gerencias y subgerencias, oficinas, unidades orgánicas y órganos desconcentrados y descentralizados del municipio el cumplimiento de la misma, disponiéndose, además, la derogatoria de cualquier otra disposición vigente que se oponga a los efectos de la ordenanza.

MARCO NORMATIVO

Cuando el concejo provincial emitió la Ordenanza N° 024-2018 lo hizo teniendo en cuenta que la Ley de Bases de Descentralización – Ley N° 27783, en su artículo 17, numeral 17.1, establece que los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto, y en la gestión pública. Para tal efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.

A ello se suma que el numeral 3 del artículo IX del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que el proceso de planeación local e integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos, establece las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales.

Además, la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado fija que este debe promover y establecer los mecanismos para lograr una adecuada democracia participativa de los ciudadanos a través de mecanismos directos e indirectos de participación.

Todo ello va en sintonía con otros mecanismos normativos como el Plan de Acción de Gobierno Abierto y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

ARGUMENTOS

Los regidores oficialistas argumentaron que no era necesario instar al alcalde Marco Gasco Arrobas el cumplimiento de la ordenanza porque estaba aprobada y vigente. Es más, Junior Vásquez, en su condición de alcalde encargado, cuestionó que la norma se haya emitido durante el período en el que le tocó asumir la alcaldía provincial al regidor Guillermo Segura Díaz, refiriendo que eso debió hacerse cuatro años antes.

“Es incoherente la negativa a cumplir con una disposición normativa si se tiene en cuenta el  discurso de una gestión supuestamente transparente. Esta es una iniciativa que la ciudadanía demanda para conocer los pormenores de la gestión municipal. La mayoría podría argumentar que faltan aún tres meses para que acabe el año y, por lo tanto, se podría realizar las audiencias. Sin embargo, en lo que va de los primeros nueve meses del 2019 la norma ha sido desconocida por la administración actual”, señala Percy Espinoza.

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