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SEGÚN CAPECO: CONSTRUCCIÓN CRECERÍA MENOS DEL 2 % ESTE AÑO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1136

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  • Las familias tardan más de un año en reunir el dinero para pagar la inicial de una vivienda.
  • Los precios del fierro y el cemento crecieron este año, al igual que el de los agregados.

 

Otro año más de decrecimiento. El presidente de la Cámara Peruana de Construcción – CAPECO Lambayeque, Antonio Rabanal Rosales, revela que el sector construcción en el departamento cerrará el 2019 con un crecimiento promedio de 1.8 % o 2 % en el mejor de los casos, cifra positiva que, sin embargo, es menor al 2.5 % logrado el año pasado.

 

Según Rabanal Rosales, la caída es parte de una constante que se repite desde el 2013, año en el que el sector dejó de crecer al ritmo promedio de 6 %, como lo venía haciendo desde el 2002.

“La inversión más fuerte en el sector debería ser la pública, pero por las malas políticas y aspectos coyunturales que ya todos conocen se ha generado una crisis de obras que ha hecho que el sector privado se contraiga”, sostiene.

 

FACTORES

El dirigente de CAPECO, gremio que agrupa a 143 asociados en Lambayeque entre empresas constructoras, inmobiliarias, profesionales independientes e instituciones públicas, señala que, además de la turbulencia política, hay otros factores que son una constante para que disminuyan las obras de construcción en la zona cada año.

Señala que uno de estos es la demora de las municipalidades distritales y provinciales para entregar las licencias y permisos. En ese sentido, apunta que junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento trabajan para agilizar estos procedimientos.

Sin embargo, afirma que el principal escollo para el crecimiento del sector se encuentra en la  Ley de Contrataciones del Estado, la cual – considera - debe sufrir una modificación integral y no solo “parches” como se ha hecho hasta ahora.

Manifiesta que uno de los principales defectos que tiene la ley es la conformación de los comités de selección. En su opinión, estos direccionan las obras bajo un criterio subjetivo, otorgándoselas a empresas constructoras sin experiencia técnica ni soporte financiero.

“En Lambayeque tenemos cerca de 20 obras paralizadas que empezaron el 2018 y este año no  han avanzado en nada. En algunos casos se debe a factores propios de la empresa, otros a temas municipales, corrupción o intervención de la Contraloría. Junto a CAPECO Lima vamos a enviar una propuesta integral para la modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado”, sostiene.

Asimismo, indica que en Lambayeque el 75 % del sector Construcción es informal, mientras que solo un 25 % es formal. No obstante, menciona que cuando hay crisis, el sector que más se ve afectado es el informal, pues para construir una vivienda este se toma en promedio hasta cuatro o cinco años, dado que avanza por etapas.

En tanto, el formal tarda menos, por lo que sus costos también son menores. Dado que sus proyectos de vivienda suelen ser masivos, demora entre dos a tres años para la edificación de departamentos y entre cinco y siete para condominios.

 

VIVIENDAS

Asimismo, el dirigente gremial explica que durante la última fase del gobierno de Ollanta Humala Tasso se tomaron medidas de restricción que afectaron al sector Construcción, lo cual hizo que los bancos tomen sus precauciones y endurezcan sus criterios de calificación para la entrega de créditos hipotecarios.

Indica que si antes una familia demoraba en promedio ocho meses para reunir el dinero de la inicial para una vivienda, ahora este período ha aumentado a un año e incluso año y medio. Esto también afecta el ciclo de toma de decisión que antes oscilaba entre dos a tres meses y hoy llega a cinco y hasta nueve meses.

No obstante, menciona que en los últimos meses esa realidad ha empezado a cambiar, pues los bancos han percibido que las constructoras ya colocaron todas sus viviendas que tenían en ‘stock’ y están nuevamente construyendo, por lo que las entidades financieras han vuelto a reactivar el crédito a algunas empresas y familias, a las cuales ya no les piden el 20 % de inicial, sino el 15 % o 10 %.

Apunta que el año pasado cerca de 800 familias accedieron a una vivienda a través del Fondo Mivivienda, cifra a la que si se le añaden las adquisiciones mediante créditos hipotecarios da un promedio de 950.

 

BONO MIVIVIENDA VERDE

Del mismo modo, Rabanal Rosales señala que ya hay en Lambayeque una empresa certificada para edificar viviendas sostenibles a través del Bono Mivivienda Verde, que otorga el Fondo Mivivienda, además de otras cuatro que se encuentran en proceso de certificación.

Apunta que todavía no hay ninguna vivienda sostenible entregada en el departamento, pero que en los próximos dos años deberán entregarse unas mil 200 que ingresarán al proceso de edificación.

Explica que estas viviendas cuentan con un sistema de iluminación de bajo consumo (tecnología LED), así como griferías y sanitarios con la misma mecánica, además de contómetros o medidores de agua especializados, lo cual permitirá a los propietarios alcanzar un ahorro mensual de hasta el 30 % en luz y agua.

 

ALZA DE PRECIOS

Por otro lado, Rabanal Rosales indica que también ha habido alza en el precio del material de construcción, particularmente del cemento y el fierro. Este último insumo, comenta, se encareció aproximadamente en un 5 %.

Menciona que también subió el precio de los agregados, sobre todo de la arena amarilla, la cual cuesta en promedio 55 soles el metro cúbico en Lambayeque, mientras que en otros lugares como Trujillo este bordea los 35 soles.

“Construir en Lambayeque es más caro porque mientras que aquí las canteras están a hora y medio o dos del centro, en Trujillo está a solo media hora”, indica.

Afirma que el alza de precios afecta directamente al constructor, pues por más que la demanda se haya contraído se necesita personal mínimo en obras, lo cual sumado al encarecimiento de los costos financieros hace que la utilidad disminuya.

“La empresa se proyecta y hace un contrato en determinado tiempo para entregar una vivienda, pero si durante ese período los precios de los materiales suben, es  la constructora la que asume esos costos, ocasionando que su utilidad sea menor”, sostiene.

 

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

De otro lado, Antonio Rabanal señala que CAPECO ha elevado su voz de protesta sobre las denominadas entidades técnicas que seleccionó el Fondo Mivivienda con ocasión del proceso de Reconstrucción Con Cambios, pues muchas de estas tienen un registro de apenas un año de experiencia en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE.

“A nivel nacional se han nombrado a 700 entidades técnicas y en Lambayeque todas las que trabajan no pertenecen al departamento. De acá serán una o dos y tampoco son socias de CAPECO”, sostiene.

Afirma que el problema de nombrar entidades técnicas sin experiencia es que no evalúan el costo de diferencia que existe entre el material de Lambayeque y Lima, donde trabajan generalmente, lo cual hace que su margen de utilidad se reduzca. Además, menciona que también recurren a subcontratar a otras empresas.

“En el mejor de los casos, el margen de utilidad por cada módulo en Techo Propio es de mil soles. Si a eso le sumas que las entidades técnicas subcontratan a otras empresas, tienes que la subcontratista sacrifica la calidad de la obra para obtener alguna utilidad. El error sin duda es del Ministerio de Vivienda por darle obras a empresas sin experiencia ni capital social”, asevera.

‘Expresión’ denunció en la edición 1134 la demolición de viviendas ubicadas en los caseríos La Ollería y El Romero, algunas de las cuales ya habían sido incluso entregadas a las familias afectadas, pero tuvieron que ser derrumbadas por haber sido presuntamente edificadas con un cemento inadecuado para estructuras. La entidad técnica encargada de estas viviendas, Sam & Asociados S.A.C., tiene domicilio fiscal en Lima.   

 

SINDICATOS

Rabanal Rosales manifiesta que otra de las preocupaciones de CAPECO es que durante este año no se ha convocado a ninguna mesa de diálogo del sector en la que se pueda ver la problemática de los sindicatos de construcción civil.

Indica que esta mesa debe ser convocada por la Gerencia Regional de Trabajo y estar conformada por la División de Protección de Obras Civiles – DIVPROC, el Poder Judicial, la Contraloría, la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada – FECOR y los sindicatos formales.

“En estas mesas de diálogo se discuten los problemas del sector, allí los mismos sindicatos llevan sus propuestas y muchas veces se ‘desenmascaran’ entre ellos, pero hasta la fecha no se ha convocado. Es lamentable que las medidas que toma DIVPROC y el Poder Judicial estén dispersas”, asevera.

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