A fines de este mes la comisión especial encargada de la designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia – JNJ, organismo que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, emitirá sus resultados. De los 29 postulantes que han pasado a la última fase, solo siete serán elegidos. En el norte del país, el único candidato que ha superado hasta el momento las etapas es el abogado Tito Esteves Torres, quien conversó con Expresión sobre el sistema de justicia y los aspectos que – en su opinión – impiden que la aplicación de la norma procesal penal preserve su originalidad.
Esteves Torres es magíster en Derecho Civil y Comercial, y en Litigación Oral, además de doctor en Derecho, docente universitario en materia Penal y Criminología, y Derecho Procesal, así como presidente del Instituto Latinoamericano de Litigación Oral – ILALO. Fue becario de CEJA América y ejerce la profesión hace 27 años.
Por su experiencia como abogado penalista, ¿cuánto cree que ha mejorado la administración de justicia en la última década, precisamente desde que se aplicó el Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lambayeque?
Me parece que a los magistrados todavía les cuesta un poco internalizar todo lo que es el nuevo modelo procesal penal que se aplica desde el año 2009. ¿Por qué digo esto? Porque en el nuevo modelo, que es de tipo acusatorio, adversarial, solamente las partes en conflicto, en este caso el Ministerio Público y el imputado, son las que deben proveer de medios probatorios al juez a efectos de que este resuelva de una manera imparcial el hecho que es puesto a su consideración.
Vemos en la práctica que los jueces, lejos de mantener imparcialidad frente a los actores procesales, tienden a buscar llegar a la verdad, cuando eso le corresponde al Ministerio Público o al acusado. Eso merma o trastoca la imparcialidad.
¿Quiere decir que aún quedan rezagos del viejo código en cuanto al desempeño del juez?
Exacto y eso se puede ver en los juicios orales. A veces el Ministerio Público o la defensa técnica no provee la información necesaria para que el juez pueda tener una visión completa del asunto y este se toma licencias en indagar, en preguntar a los órganos de prueba para obtener la información. Es decir, de alguna forma se sustituye a la función de las partes y eso vulnera uno de los principios fundamentales que es el de la imparcialidad.
El juez debe ser imparcial, quienes deben proveer la información son las partes y no el juez buscar la información para lograr la verdad.
¿Y esto permite, por ejemplo, que se cometan algunos excesos en la admisión de medidas cautelares como interceptaciones, allanamientos, mandatos de comparecencia o prisiones preventivas?
Se ha tocado un tema que en realidad sí nos preocupa. Sin temor a dudas todos los requerimientos de allanamientos, de detenciones preliminares, de levantamiento del secreto de las comunicaciones y otros más se hacen en virtud a notas de inteligencia, a declaraciones de aspirantes a colaboración eficaz o información policial.
En realidad, eso sí preocupa, porque en las notas de inteligencia no se sabe cuál es la fuente de información. Si bien la ley permite que se reserve la identidad de la fuente, por un asunto de garantía el juez sí debería conocer quién es, porque es muy fácil elaborar un documento y afirmar que por notas de inteligencia se ha obtenido tal o cual información.
Como ya ha sucedido en importantes casos en Lambayeque…
Así es, ya ha sucedido. En el caso de los aspirantes a colaboradores eficaces la norma exige un mínimo de corroboración. Pero, ¿qué está pasando? Lo que el Ministerio Público trata de corroborar no es el hecho materia de imputación. Por ejemplo, si alguien se le imputa ser autor del delito de homicidio y existe un aspirante a colaborador, la fiscalía no corrobora la información respecto a la autoría del hecho o la vinculación del hecho, no se preocupa en corroborar eso.
Si el colaborar dice que vio a la persona que ingresó a determinado inmueble, la fiscalía va y verifica si el inmueble existe. Esos temas sí preocupan.
Hoy se han puesto muy de moda los informes policiales, que los suscribe un instructor y en los que se da cuenta que determinada persona está incurriendo en determinado delito y eso es suficiente para que el Ministerio Público solicite a la autoridad judicial que se autorice el allanamiento, la detención preliminar o el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
¿Hay una actitud facilista en algunos fiscales, porque siendo estos los que tiene la responsabilidad de la carga probatoria al basarse solo en documentos policiales solo estarían fungiendo de tramitadores ante los jueces?
Exacto, es más, no hay que olvidar que el fiscal es el titular de la acción penal, el director de la investigación.
Yo considero que si la policía tiene alguna información respecto a un hecho ilícito y la vinculación con alguna persona, lo primero que debe hacer es inmediatamente poner en conocimiento al Ministerio Público para que asuma, de acuerdo a su función constitucional, la dirección de la investigación.
Sin embargo, en la práctica estamos volviendo al sistema anterior, cuando existían los famosos atestados, en los que el policía elaboraba la información y concluía, incluso, con la responsabilidad penal sobre el investigado.
¿Se está desnaturalizando la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal?
Se está desnaturalizando el nuevo modelo procesal.
¿Por qué, acaso la preparación previa de los operadores de justicia antes de la aplicación de la nueva herramienta no fue suficiente o en el tiempo ha faltado fortalecer y trabajar en los principios que esta recoge para evitar que se vuelva a las viejas prácticas?
Sí, pero también somos conscientes que la inseguridad ciudadana ha crecido, hay mucha delincuencia y el juez, frente a un caso de robo agravado o extorsión, lo que procura es dar una respuesta a la sociedad y evitar la impunidad, y por eso interviene si es que el fiscal no aporta muchos elementos para establecer la responsabilidad penal del acusado.
El juez se siente en esa obligación de averiguar el asunto para emitir una sentencia condenatoria, pero ese no era el espíritu del sistema.
¿Qué hacer para reencauzar la aplicación de la herramienta procesal?
Lo que pasa es que los jueces no internalizan el nuevo sistema procesal. Se instaló a nivel nacional el nuevo modelo, se capacitó a los magistrados de todos los niveles y ahí quedó. Eso es lo que está generando este tipo de problemas.
Un problema que arrastra desde hace varios años el sistema de justicia es la provisionalidad de magistrados, lo que impediría que jueces y fiscales maduren en el conocimiento de las herramientas procesales. ¿Lo considera así?
Hay dos problemas ahí: los jueces supernumerarios y los jueces suplentes. Muchas veces hemos concurrido a un juicio oral en el que en la primera sesión han participado los miembros titulares y en la segunda sesión ante la ausencia de uno de los titulares ha ido la secretaria o el secretario como sustituto. Puro formalismo.
El otro tema es la designación de los jueces supernumerarios. Hay buenos jueces supernumerarios, sobre todo en Lambayeque, pero en la mayoría de casos se está designando a personas que no están debidamente capacitadas.
De repente este juez, por cuestiones mediáticas o por cuidar el puesto, resuelve de acuerdo a las circunstancias y no de acuerdo a ley, y eso es peligroso, porque no hay que olvidar que de los jueces penales depende mucho la libertad de las personas. La libertad está después del derecho a la vida y eso lo establece la carta política del Estado.
Los colegios de abogados tienen un rol importante en la administración de justicia, porque deben cautelar el comportamiento ético de sus integrantes, entre los que se cuentan a jueces y fiscales. ¿Preocupa el silencio que tiene la orden profesional?
Sí preocupa. Lamentablemente, en su gran mayoría, quienes ocupan cargos en representación del Colegio de Abogados son profesionales que han laborado en el Poder Judicial y eso los limita de alguna forma debido a la amistad o al cariño que le han tenido a la institución.
¿Hay espíritu de cuerpo?
Me parece que en algunos casos sí. Los colegios de abogados, en particular en Lambayeque, hasta ahora no asumen el rol que les corresponde y, por ejemplo, la problemática que se vive dentro del Poder Judicial no es asumida o de interés del colegio. Debemos hacer una autocrítica y cuando llegue el tiempo de elecciones elegir bien a los representantes de nuestra institución.
Desde que se desactivó el Consejo Nacional de Magistratura se dejó en suspenso procesos de evaluación, ratificación y nombramiento de jueces y fiscales, los que deberá asumir de manera inmediata la Junta Nacional de Justicia. ¿Cree que no se tomaron las previsiones suficientes para evitar la acefalía que hoy existe respecto a la magistratura?
Sabemos que esta situación se dio de un momento a otro y efectivamente estamos viviendo una etapa en la que los magistrados no son evaluados ni ratificados, no hay concursos y tenemos deficiencias de magistrados. Espero que el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia termine indefectiblemente este mes y en enero próximo se trabaje justamente estos temas.
¿Por qué quiere ser integrante de la Junta Nacional de Justicia?
Soy abogado litigante hace 27 años, cinco años trabajé en la Corte Suprema, tres años como secretario en el Poder Judicial y conozco la problemática por dentro y por fuera. En realidad, para mí un problema fundamental es el ser humano que administra justicia. La forma cómo se ingresa a la administración de justicia no es la adecuada y eso tiene que ver mucho con la capacitación.
Aspiro a que se cree la carrera judicial, donde el abogado después de tres o cuatro años de estudio salga debidamente capacitado para ser juez o fiscal.
¿La Academia Nacional de Magistratura no ha cubierto este espacio?, ¿no es suficiente?
Se ha convertido en un ente que brinda capacitaciones esporádicas. Lo que yo aspiro es que exista la carrera judicial para que el magistrado esté debidamente capacitado y no se deje llevar por una nota de agente, un informe policial o la cuestión mediática.
La Junta Nacional de Justicia tendrá iniciativa legislativa y podría presentar un proyecto para la creación de la carrera judicial.
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