Tras el fallecimiento de Alberto Ortiz Prieto, nuevas irregularidades se han conocido de lo que ocurría al interior de la Universidad Particular de Chiclayo – UDCH. Según Danilo Escobar Gutiérrez, reconocido oficialmente como rector de casa de estudios superiores desde el 8 de octubre, mediante el Oficio N° 3677-2020-SUNEDU-021502, entre los pasivos que dejó la gestión anterior se encuentran dos multas: una por la no entrega de los formatos del cese de actividades y otra por encubrimiento de una denuncia por hostigamiento sexual.
Sobre el encubrimiento de la denuncia por hostigamiento sexual, señaló que la multa impuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, asciende a 40 mil soles y el autor de este hecho habría sido el exdirector de Bienestar Universitario.
En cuanto a la multa por no entregar los formatos F1, F2 y F3 sobre el proceso de cese de actividades la universidad, refirió que la multa alcanza el millón 900 mil soles.
Además, añadió que también hay otras multas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, y de la SUNEDU. La de esta última entidad es por denuncias que hiciesen los alumnos sobre malos tratos por parte de los docentes.
"Confiaba en Alberto Ortiz Prieto. No me sentí capaz de reclamarle y hacerle cambiar su política de administración de la universidad, pero ahora estoy conociendo realmente cómo era y estoy arrepentido de no haberlo enfrentado", dijo a Expresión Danilo Escobar.
REESTRUCTURACIÓN
Asimismo, aseguró que la UDCH tiene mil 800 procesos judiciales pendientes, de los cuales mil 600 son por temas laborales, en virtud de lo cual se ha conformado una comisión que buscará conciliar con los trabajadores, a fin de solucionar los reclamos. Del mismo modo, aseguró que su gestión ya tendió puentes de diálogo con los representantes del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la UDCH, con quienes han llegado a la conclusión de que la prioridad ahora es solucionar los problemas que dejó el extinto rector.
“Ya no estamos trabajando con el equipo de Alberto Ortiz Prieto. Todos ellos actualmente están en observación, en un proceso administrativo. Venimos estudiando la posibilidad de que ya no laboren en la universidad”, apuntó.
Añadió que la familia de Alberto Ortiz Prieto intentó crear una asamblea universitaria paralela para que juramentase a un nuevo rector, pero no contó con el apoyo de los docentes. A algunos de ellos se les cursó cartas de despido.
Al respecto, el 21 de septiembre se publicó en un diario local la convocatoria a una sesión extraordinaria de asamblea universitaria para elegir un comité electoral y encargar las funciones del rector. Sin embargo, mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 296-2020-CU-UDCH, se resolvió desconocer dicho llamado.
En tanto, apuntó que el actual administrador de la UDCH viene elaborando un informe económico que permita conocer el real estado financiero de la casa de estudios. Por lo pronto, se sabe que las planillas sí se están pagando a tiempo, pero desde hace casi un año no se hace efectivo el pago al Seguro Social de Salud – EsSsalud. Posteriormente, se realizará una auditoría externa.
“Sabemos que los egresos son mayores a los ingresos. No estamos bien. El administrador actual ampliará el informe que hizo el anterior. Una vez que lo tenga en mis manos me reuniré con el Consejo Universitario y luego con los docentes para finalmente hacerlo público a la comunidad en general”, apuntaló.
PEDIDO DE PRISIÓN
En cuanto al pedido de seis años de prisión que solicitase la Segunda Fiscalía Penal contra él y otros 21 funcionarios y exautoridades, aseguró ser inocente y estar llano a colaborar con el proceso judicial, pues durante el tiempo en que fue vicerrector académico - período sobre el cual se le investiga - no tuvo ninguna injerencia en la toma de decisiones de la universidad.
Tania Bravo Vigo, fiscal de la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo, solicitó la prisión por los presuntos delitos de fraude, para el cual pidió tres años, y asociación ilícita para delinquir, para el que pidió tres más.
Además de Escobar Gutiérrez, entre los investigados se encuentran Ricardo Mendo Otero, exadministrador; Ana Edgar Caramutti, expareja del fallecido exrector Alberto Ortiz Prieto; Walter Peralta Ortiz, primo hermano de Alberto Ortiz y exadministrador de la UDCH; Hugo Rivera Barboza, exdirector de Infraestructura y Recursos Humanos de la UDCH; Henry Chiclayo Vega, exdecano de la Facultad de Ciencias de Comunicación; Víctor Rojas Herrera exdecano de la Facultad de Derecho; Jorge Cubas Ruiz, exdecano de la Facultad de Arquitectura; Luis Gómez Segura, exsecretario general de la UDCH; el auditor Juan Vera Motta, entre otros.
En esta investigación estaban también comprendidos Alberto Ortiz Prieto y Roger Pingo Jara, quienes ocuparon el rectorado. Ambos han fallecidos.
Según la Asociación Civil Educativa del Norte - ACEN, entidad fundadora y promotora de la casa de estudios en 1978, esto se trataría de un concurso real de delitos, por lo que las penas solicitadas por la fiscal se sumarían, con lo que serían un total de seis años de cárcel.
Desde la ACEN agregaron que la Fiscalía de Lavado de Activos también investiga a todos los involucrados e incluso ha solicitado apoyo a INTERPOL y la SBS para detectar si habrían hecho transferencias de dinero a cuentas en el extranjero.
LICENCIAMIENTO
Por otro lado, Escobar Gutiérrez afirmó que actualmente la UDCH cuenta con mil 600 alumnos entre las sedes de Chiclayo y Jaén, quienes vienen desarrollando de forma exitosa el ciclo virtual, a través de las plataformas ‘Canvas’ y ‘Zoom’. Antes de la denegatoria del licenciamiento había seis mil 234.
Por otro lado, señaló que hay una comisión que trabaja en lograr los tres años de gracia que concede la SUNEDU para poder emprender nuevamente el proceso de licenciamiento. En julio del 2019, esta superintendencia le denegó la licencia, tras no cumplir el 90 % de los indicadores básicos de calidad.
Dentro de las deficiencias que se encontró en la universidad resaltaban que el 80 % de los laboratorios no contaban con instrumentos de gestión para la identificación de peligros y control de riesgos, más del 50 % de los programas ofertados no tenían ambientes de enseñanza pertinentes, el porcentaje de docentes a tiempo completo estaba por debajo del 25 %, entre otras.
Al respecto, en marzo de este año el Frente de Defensa de la UDCH señaló que solo entre Ortiz Prieto y el exdirector de Recursos Humanos Hugo Rolando Rivera Barboza la universidad gastó 952 mil 959.04 soles, fruto de la Resolución Nº 066-2018-CU-UDCH, del 30 de enero del 2018, mediante la cual se aprobó “hacer un corte contable sobre el concepto de goce vacacional y liquidar a todos los que han acumulado vacaciones”.
Con ese dinero – refirieron – se pudo haber equipado las bibliotecas, los laboratorios y talleres.
“Le pido a todos los integrantes de la UDCH que nos unamos para sumar esfuerzos y sacar adelante a nuestra querida universidad. Los invoco a que no me dejen solo, porque así no podré”, exclamó Escobar Gutiérrez.
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