Sobre Ernesto Flores Vílchez pesa una acusación fiscal por los presuntos delitos de defraudación tributaria y lavado de activos. Y, aunque la fiscalía pide una pena de 19 años y cuatro meses de cárcel, el empresario azucarero se muestra confiado en que saldrá bien librado del proceso que se encuentra en la etapa de control de acusación.
Según la fiscal a cargo del caso, Ana Zegarra Azula, existe abundante documentación que demostraría la conducta ilícita de Flores Vílchez. En cuanto a la defraudación tributaria, indica que el empresario habría ocultado sus rentas y dejado de pagar tributos entre los años 2013 y 2014. En total, habrían sido tres millones 499 mil 283 soles, los que no habrían sido declarados ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.
Al respecto, Flores Vílchez precisa que la fiscalía sustenta el supuesto incremento patrimonial no justificado en un informe de la SUNAT, que de forma “maliciosa” fue realizado entre el 2013 y 2014, suspendiendo la fiscalización del 2012, año en el cual obtuvo cobranzas por 13 millones de soles de recuperaciones de las deudas que le tenía la empresa Agro Pucalá.
“La SUNAT dice haber encontrado tres millones y medio de patrimonio desconocido, pero es totalmente falso, porque en el año 2012 nosotros tenemos ingresos lícitos de parte de Pucalá, de las inversiones de años anteriores, que están con contratos, escrituras, adendas”, manifiesta a un medio local.
Añade que dichos ingresos corresponden a inversiones indirectas a la administración judicial, a fin de que funcione la empresa.
Lavado de activos
Por su parte, la representante del Ministerio Público señala que el delito de lavado de activos se configuraría por las rentas no justificadas que fueron utilizadas para pagos de cuotas por deudas, depósitos bancarios, adquisición de inmuebles que luego fueron registrados a nombre de terceros y envíos de dinero a paraísos fiscales en Panamá y Bahamas.
Sobre el particular, Flores Vílchez menciona que en un inicio los peritos de la fiscalía arrojaron que tenía un desbalance patrimonial por 28 millones de soles comprendido del período entre el 2009 y 2014. Sin embargo, luego la misma fiscalía corrigió la cifra y señaló que eran 23 millones de soles.
Apunta que la pericia de parte que ha realizado arroja ingresos por 28 millones de soles, es decir, incluso tiene un saldo a favor en el proceso de lavado de activos. No obstante, refiere que -si bien ha presentado toda la documentación al Poder Judicial- no pudo hacer lo mismo ante la fiscalía en los plazos que esta estableció. “Pero después de ser notificado por el juzgado, la ley otorga un plazo de 10 días para presentar descargos y ya lo he hecho”, asevera.
Paraísos fiscales
En cuanto a la investigación que se le sigue en Lima por sus cuentas en paraísos fiscales, asegura que ese dinero ha sido movido entre sus propias cuentas, mas no existe vínculos con terceros. Afirma que ya presentó toda la documentación que sustenta la bancarización de sus operaciones.
Sostiene que adoptó esta medida dado que ha sido víctima de dos secuestros: uno en el 2004 y otros en el 2010, en virtud de lo cual decidió trasladar su capital al extranjero para evitar robos u extorsiones. Sin embargo, señala que dichos recursos han regresado al país, según sus necesidades.
Asegura que por esa misma razón también decidió poner sus empresas a nombre de sus trabajadores, cumpliendo con todos los requisitos de la legislación.
“Esto no es ilícito porque se ha cubierto todos los compromisos de las leyes peruanas y entonces, por razones netamente empresariales y para no figurar yo directamente y cortar un poco la delincuencia, se utilizó a nombre de mis empleados. Yo he declarado eso a la fiscalía, les he explicado empresa por empresa, creo que son algo de 10”, puntualiza.
respuesta de 513599 el 2024-06-06.
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