Jessica Luna, gerente general de Comex Perú, lamentó que la clase política esté más ocupada en los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, en vez de atender las verdaderas necesidades del país. Asimismo, citó como ejemplo de la falta de capacidad en los gobiernos regionales y locales lo sucedido con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que dejó de invertir millonarios recursos pese a las carencias que tiene la población.

¿Cómo califica la gestión del presidente Pedro Castillo en sus primeros seis meses? Para algunos, en términos económicos, ha sido aceptable, pues el 2021 se cerró con los indicadores macroeconómicos en positivo. Sin embargo, no es lo que sienten las familias en sus bolsillos y mesas.

Pensemos en las familias peruanas y si se les pregunta cómo les va, sin duda responderán que nos les va bien. Las familias se encuentran en una situación muy complicada.

El panorama nacional tiene mucha inestabilidad, desconfianza e incertidumbre y todo eso afecta las perspectivas de la economía.

Para hablar en términos sencillos, con un escenario así el inversionista se retrae. Y no hablo solo del empresario minero o del gran industrial, sino del emprendedor o de aquel que tiene un puesto en una galería, ¿estarán dispuestos a abrir un nuevo puesto, a invertir el capital o ampliar sus negocios? Claro que no.

Cuando hay un ambiente de desconfianza, de que no sabemos si hay o no gabinete, si los precios suben o si habrá protestas, se paraliza al país. Por un lado, tenemos al empresario de todo tamaño, grande, mediano y sobre todo pequeño, esperando, porque nadie pone su dinero en un país en el que no hay confianza.

¿En qué nos afecta? Mucho, porque significa que no hay trabajo y lo que los peruanos queremos ahora es trabajo. Sin inversión privada, la situación se hace precaria.

¿La alta rotación de funcionarios en el gobierno también acarrea problemas a la economía?

Desde luego, sobre todo porque se ha nombrado a personas sin las capacidades, la experiencia ni el perfil en puestos claves. Como se dice coloquialmente, se ha dado la repartija, el pago de favores políticos a costas del progreso del país.

¿Cómo se refleja eso? En que tenemos niveles de ejecución pública muy bajos; es decir, que la posta, el colegio, el camino, el agua o el saneamiento no llegan.

Estas son dos consecuencias reales, palpables, basadas en evidencia, y que traducen los sentimientos de las familias.

A ello hay que sumar la disparidad que existe a nivel de regiones en cuanto a desarrollo. Comex Perú ha publicado el Índice de Competitividad Regional y lo que este refleja es que mientras unas regiones avanzan otras se quedan postergadas y algunas en situaciones críticas, como Lambayeque, que ocupa el último lugar en institucionalidad.

En esto hay dos niveles de responsabilidad: la del gobierno central y la de las autoridades regionales y municipales.

Primero, a nivel nacional la terrible crisis institucional y de desconfianza hace que los grandes proyectos de inversión no estén saliendo adelante, estén paralizados, obras que son importantes porque no hay una visión país de hacia dónde queremos ir y cómo aprovechar las oportunidades. La inestabilidad nos tiene ocupados o envueltos en temas que no son importantes. Las familias peruanas no se alimentan de la política y, sin embargo, estamos como en un sánguche: por un lado el Ejecutivo, por el otro el Congreso, y al centro los peruanos tratando de salir adelante.

Por otro lado, están los gobiernos regionales y municipales, a los que es importante y necesario mirar, porque nuestro país es descentralizado y hay muchos recursos cuya ejecución y buen uso depende de las autoridades subnacionales, que sin elegidas por la ciudadanía.

En el 2021, por ejemplo, según el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el Gobierno Regional de Lambayeque tuvo una buena ejecución, con el 93 % del total de recursos de inversión, pero respecto a los gobiernos locales, Lambayeque es la quinta región en peor ejecución.

De todas las capitales departamentales, la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue la última en ejecución de inversión pública; es decir, que el presupuesto asignado para obra pública no se gastó.

Exactamente, la Municipalidad Provincial de Chiclayo no gasta. De cada 10 soles, ejecutó tres. Los otros siete soles están en las cuentas o se puede revertir al presupuesto nacional. ¿Qué es eso? Eso es absolutamente inaceptable, los chiclayanos necesitan obras.

¿Cuánto dejó de ejecutar la municipalidad de Chiclayo el año pasado? 70 millones de soles. Eso es imperdonable.

Ahí es cuando entra a tallar la responsabilidad del gobierno local. La gente suele señalar a Lima y al gobierno central como el culpable. Sin duda, hay cierta responsabilidad, pero la mayor parte está en las autoridades locales que son elegidas por la población.

Pareciera que la población no se da cuenta del impacto que tiene un mal gobierno en su economía diaria, ¿verdad?

Exactamente, la gente dice: “A mí no me afecta”, “Yo sigo trabajando”, pero no comprende que la inestabilidad política o las repartijas de puestos públicos a gente no preparada, que es pagada con nuestros impuestos, nos afecta a todos.

Una mala decisión o un funcionario que no tiene capacidad para el cargo, significa la obra paralizada, el servicio básico que no llega o los millones de soles que se pierden por la corrupción.

En octubre de este año tenemos elecciones, no nos quejemos después si elegimos autoridades que ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de ver qué formación tienen, qué experiencia han acumulado, qué han hecho en la vida. Pertenecer a un partido político no es garantía de nada.

Todos tenemos la responsabilidad de elegir autoridades preparadas, eficientes y, sobre todo, honestas, porque ese es el gran problema que tiene el país: la corrupción.

¿Es irreconciliable la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, cuyas fricciones están generando tanta inestabilidad y daño país?

Creo que no. Los ciudadanos tenemos que decir basta, así como lo hemos hecho hace unos días cuando se nombró al gabinete Valer y reclamamos porque se nombró a un personaje denunciado por violencia familiar, los peruanos tenemos que decir basta respecto al enfrentamiento entre los poderes del Estado.

En el momento en el que decidamos poner un alto y dejemos de acomodarnos, no saldremos adelante.

Aún tengo la esperanza de que la clase política ponga a los ciudadanos al centro, porque esta ha sido elegida para trabajar por las familias peruanas y no para satisfacer intereses personales. Pero miremos lo que está sucediendo, lo que quieren hacer con la SUNEDU, eso es imperdonable. Están jugando para repartirse el negocio de la educación en desmedro de la calidad.

Los ciudadanos tenemos el poder, pero a veces nos quedamos callados aun sabiendo que de nosotros depende cambiar lo que ocurre en el país.

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