La tragedia en la agroindustrial Tumán no acaba. Mientras el ingenio sigue bajo un control de facto, carente de legalidad, y los campos están invadidos o usurpados, la justicia sigue sin dar respuesta al desfalco que ha sufrido la azucarera desde el 2015, cuando se instaló la administración judicial de Marcelino Llontop, esto porque el Ministerio Público de Lambayeque no designa aún a los peritos contables que deben estimar a cuánto asciende el perjuicio causado por el mal manejo del patrimonio empresarial.
“Fueron los trabajadores de la empresa, quienes frente a los evidentes hechos ilegales que se han producido durante las administraciones judiciales presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – Fecor Lambayeque, por cada una de las administraciones instaladas desde el 2015 hasta el 2021. Son diferentes carpetas fiscales y fue por decisión de la fiscalía superior que los casos se han acumulado, al encontrarse relación entre las personas imputadas, la parte agraviada y por tratarse de hechos similares. Todas las denuncias han quedado acumuladas en la carpeta más antigua, que es la 18-2018, a cargo del fiscal José Luis Jaramillo Cubas”, precisa Gilberto Carrasco Lucero, representante legal de los trabajadores.
A fin de contribuir al trabajo fiscal, los trabajadores presentaron peritajes de parte sobre el manejo económico y financiero de la empresa, en los que se establece cómo se hizo una mala administración de los recursos o se generaron supuestas deudas, por dinero que nunca habría ingresado en las cuentas de Tumán.
Caso por caso
De acuerdo a lo denunciado por los trabajadores, durante la administración de Marcelino Llontop Suyón, Diómedes Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado (septiembre 2015 – septiembre 2016), se habrían abierto cuentas personales para depósitos de dinero por cuatro millones 916 mil 287 soles, y pagado por servicios no realizados y préstamos simulados. Asimismo, se habrían emitido recibos sin valor por tres millones 172 mil 87.31 soles y entregado bolsas de azúcar a terceros.
“A las empresas Servicios Universal Click SAC y Aseo y Servicios Diversos SA, se le entregó pagos por un millón 481.24 soles, mientras que a la empresa Kapaucar por dos millones 536 mil 787.30 soles. Ambas de un mismo dueño. También se pagó al Estudio Jurídico GB&V SAC, de un abogado chiclayano, para elaborar un informe financiero de la empresa, recibiendo entre el 5 de octubre al 24 de diciembre del 2015, 778 mil 166 soles. Por otro lado, por servicios legales dicha administración pagó un millón 178 mil 683.06 soles”, señala Gilberto Carrasco.
Del 16 de septiembre al 31 de octubre del 2016 estuvo vigente la administración judicial de Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Egúsquiza Sánchez y César Sandoval Lozada. En dicho período se abrieron cuentas a nombre de Zevallos Gonzales donde habría ingresado dinero de la empresa.
“Se adquirieron suministros por un millón 970 mil 302.16 soles; se pagaron gastos legales por 156 mil 738.60 soles, además del pago al abogado penalista Carlos Martín Castillo Olazo por 84 mil 653.20 soles por actuaciones en procesos civiles, pese a que no era su especialidad. Peor aún, siendo él juez en Ayacucho. Los 84 mil soles pagados fueron por servicios entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre del 2016, menos de un mes. Otro hecho fue el pago de recibos provisionales, pendientes de rendición, por un millón 89 mil 62.25 soles”, comenta.
Entre el 26 de octubre del 2016 y el 20 de marzo del 2017 asumió la administración César Sandoval Lozada. De dicho período data el contrato con la empresa Alimenta Perú, suscrito en Bagua, Amazonas, por seis millones 315 mil soles, dinero que fue depositado en cuentas personales.
“Se hicieron dos depósitos: uno en una cuenta del Banco Continental, por tres millones 15 mil soles y otro, en el banco Interbank, por tres millones 300 mil soles. Lo que ha arrojado el informe de auditoría es que en el período de esa administración ingresaron a la empresa 51 millones 804 mil 53 soles, estando registrado el egreso de 26 millones 319 mil 562 soles, quedando un saldo disponible de 32 millones 535 mil 425 soles del que no se tiene informe”, acota Carrasco Lucero.
Del 21 de marzo al 24 de abril del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 31 de enero del 2018 se instaló la administración de Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo.
Explica el abogado que de los actos más saltantes de dicha administración se tiene que se aceptó un pagaré en Sechura, Piura, por tres millones 300 mil soles, a favor de la empresa Multinegocios del Pacífico SAC, dinero que no habría ingresado a caja.
“Esa administración otorgó poderes a Salatiel Marrufo para aceptar un pagaré en Bagua, también a favor de Multinegocios del Pacífico SAC, por un millón 800 mil soles, dinero que tampoco entró a caja. Es más, el mismo día en que el Poder Judicial dejó sin efecto su primera designación; es decir, el 24 de abril del 2017, aceptaron una Letra de Cambio de dos millones 509 mil 40 soles, dinero que tampoco ingresó a caja. Del mismo modo, el 25 de abril del 2017, al día siguiente de haber perdido vigencia, la administración vendió 259 mil litros de alcohol por 608 mil 605 soles con un cheque a nombre de un excajero. También se retiraron dos mil bolsas de azúcar, supuestamente para donarlas a la Policía Nacional del Perú. Se han detectado depósitos en cuentas personales por 26 millones 192.627.37 soles”, detalla.
Del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2021 estuvo vigente la administración de Eric Benavides Timaná. Según explica Gilberto Carrasco, dicha administración realizó ventas de azúcar en bolsas, caña de azúcar en planta y melaza por la suma de 25 millones 180 mil 724.17, dinero cuyo destino no se conoce.
“Se vendían los productos y luego se anulaban las facturas, detectándose operaciones por cuatro millones, 64 mil 351.74 con pretexto de error. Estos hechos y los antes mencionados forman parte de la Carpeta Fiscal n.° 018-2018, a cargo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, donde se han acumulado las carpetas fiscales 07-2022, 20-2022 y 34-2022”, indica.
Diligencias fiscales
En el desarrollo de las investigaciones, los exadministradores han acudido al Ministerio Público para prestar sus declaraciones, entre ellos César Sandoval, quien habría reconocido la manera en la que se ejecutó el contrato con Alimenta Perú y cómo se realizaron los depósitos en cuentas personales.
“Estas circunstancias ya han sido recogidas directamente por el fiscal. Sin embargo, es necesario un peritaje para determinar, ya con instrumentos del Ministerio Público, qué perjuicio a sufrido la empresa. Nosotros estimamos que la pérdida en ese período supera los 800 millones de soles. El problema es que las investigaciones están estancadas justo en lo referido al peritaje, porque hasta la fecha, transcurrido casi todo el 2024, no se ha designado a los peritos para tener una información precisa sobre el manejo financiero de la empresa”, advierte Gilberto Carrasco.
Añade que el Ministerio Público ya ha recibido los insumos documentales necesarios para la elaboración de los peritajes, parte de los cuales han servido la elaboración del peritaje de parte, presentado por los trabajadores.
“El pretexto para que no se realicen hasta este momento los peritajes es la falta de recursos por parte del Ministerio Público. Se solicitó a fines del 2023 el presupuesto y se dijo que este año se incluiría en el presupuesto. El 2024 ya está por terminar y el peritaje sigue sin hacerse, no obstante que el Ministerio Público ya no requiere tener un presupuesto adicional, porque ya cuenta con peritos contratados cuyo trabajo es justamente realizar esos estudios”, manifiesta.
Dado que los delitos imputados contra los exadministradores judiciales son organización criminal, lavado de activos, fraude en la administración de personas jurídicas y otros, Carrasco Lucero menciona que se ha solicitado que a través de la Fiscalía de Prescripción de Dominio se solicite la incautación de los bienes de los investigados. Sin embargo, la respuesta recibida es que dicha actuación no puede darse en tanto no se tengan los resultados de la pericia ordenada.
Por otro lado, Carrasco Lucero advierte que la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, contra Marcelino Llontop y otros, está a próxima al vencimiento del plazo, siendo la responsable de las diligencias la fiscal Karim Ninanquispe Gil.
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