Firme. La decana nacional del Colegio de Periodistas del Perú, Karola Lara Manchego, rechazó el anuncio del Ejecutivo de modificar la Ley de Radio y Televisión con el objetivo de implementar una “franja informativa” sobre sus acciones contra la inseguridad ciudadana en los medios de comunicación privada. Con ello – afirmó – se pretende intervenir en el contenido e independencia de los medios y limitar la libertad de expresión e información.
En un reciente pronunciamiento institucional, el Colegio de Periodistas del Perú ha precisado que “esta medida, representa una seria amenaza a la libertad de expresión y la independencia editorial, pilares fundamentales de toda sociedad democrática”, pues considera que la “imposición de contenidos informativos por mandato del Estado abre la puerta al control de la narrativa mediática y a la difusión de mensajes con fines propagandísticos en desmedro del rol crítico, plural y fiscalizador que deben ejercer los medios de comunicación”.
“Definitivamente, lo que corresponde es rechazar el proyecto que de alguna manera el Poder Ejecutivo pretende implementar, porque no pueden manejar los contenidos informativos en los medios de comunicación, porque eso significaría afectar la libertad de expresión y la libertad de prensa, que están protegidas por la constitución y los derechos humanos. Los medios de comunicación son el pilar de un país democracia y si no se respeta ello, estaríamos hablando de un gobierno autoritario, no solo con el deseo de manejar los contenidos periodísticos, sino también de afectar y vulnerar los derechos de los empresarios de las comunicaciones”, mencionó Lara Manchego, en diálogo con Expresión.
Propaganda en medios
La decana nacional, quien participó de la Asamblea Macrorregional Norte de Decanos del Colegio de Periodistas del Perú, realizada en Chiclayo, añadió que el gobierno central no necesitaría de forzar a los medios privados a ofrecerle una franja informativa, pues cuenta con medios estatales que tienen, además, el mayor alcance a nivel nacional, tales como Radio Nacional, TV Perú, el diario oficial El Peruano y la Agencia Andina. Además, cada ministerio cuenta con sus propios canales y redes de información.
“El gobierno lo que pretende es manejar los contenidos a favor suyo y eso es vulnerar los derechos. Por ningún motivo se debe permitir, porque no solo afecta a los medios de comunicación, sino, realmente, a la ciudadanía en general. Si el gobierno quiere mayor difusión, entonces debería mejorar e implementar su plan de comunicación a través de los ministerios, para fortalecer sus contenidos y su trabajo de una manera más organizada y como corresponde”, precisó.
Teniendo en cuenta que la intención del gobierno es la modificatoria de la Ley de Radio y Televisión a través del Congreso de la República, la representante de la orden profesional exhortó a los legisladores a reflexionar con seriedad sobre este y otros temas que afectan directamente el ejercicio de periodistas y comunicadores sociales.
“Hemos enviado un documento formal al Congreso de la República para exponer de forma técnica, normativa y profesional nuestra oposición a este pretendido proyecto que en el fondo tiene el objetivo de censurar a los medios de comunicación. Lo rechazamos, defendemos la democracia y exigimos a las autoridades del gobierno respeto a la sociedad en general. Los medios de comunicación son importantes para la democracia”, aseveró.
Cambios en el Código Penal
Del mismo modo, expresó su preocupación por el proyecto de ley aprobado en primera votación en el congreso, con el que se modifica el Código Penal y la ley que regula el derecho de rectificación.
Dicha norma criminaliza el ejercicio periodístico con el incremento de penas para delitos de calumnia y difamación con hasta cinco años de cárcel y severas multas, generando un clima de intimidación hacia periodistas y medios de comunicación, principalmente a quienes investigan y denuncian hechos de interés público o que involucran a actores políticos. Asimismo, limita el derecho de defensa al reducir los plazos para atender las solicitudes de rectificación de siete a un solo día, vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso, imponiendo, además, requisitos desproporcionados en caso de rectificación, como que esta se realice por tres días seguidos.
El Colegio de Periodistas del Perú denuncia que la modificatoria también incorpora de manera arbitraria el delito de violación a la intimidad en el tipo jurídico de la difamación, medida que puede ser utilizada para silenciar investigaciones periodísticas referidas a funcionarios y servidores públicos. Todo lo expuesto evidencia el claro desconocimiento de los estándares internacional de proyección a la libertad de expresión y de prensa.
“Es una forma de amedrentar a los medios de comunicación y definitivamente rechazamos esa modificatoria. Las normativas ya existen, lo que buscan es presionar a los periodistas, comunicadores y a los medios para que no investiguen, para no profundizar la información. Los periodistas no somos jueces o fiscales, investigamos recurriendo a las fuentes y reuniendo las pruebas para dar a conocer hechos de interés público; somos profesionales formados, competentes, éticos y responsables, y el que no lo hace, pues queda sujeto a lo que corresponde legalmente”, aseveró.
Mejorar capacidades
De la Asamblea Macrorregional Norte realizada en Chiclayo, la decana nacional del Colegio de Periodistas del Perú dijo sentirse muy satisfecha, pues se han abordado temas importantes como la situación actual de los medios de comunicación y de los periodistas y comunicadores que laboran en las regiones.
“El Colegio de Periodistas se compromete a fortalecer aspectos como la capacitación, porque no solamente debemos velar por el desarrollo profesional de quienes forman parte de la orden, sino de todos los periodistas y comunicadores sociales en general. Ha quedado evidenciado que más del 80 % de los colegiados de nuestra orden son comunicadores, por eso que tenemos el compromiso de ayudarlos a la mejora de sus capacidades”, señaló.
Añadió que otro de los objetivos de su gestión es impulsar el proyecto de ley para el cambio de nomenclatura de la orden, que pasaría a llamarse Colegio de Periodistas y Comunicadores Sociales del Perú.
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