Las declaraciones y actitudes mediáticas del director de ProJusticia, Fernando O’Phelan Pérez, ya habían generado muchas reacciones en Lambayeque, pero a raíz de los últimos sucesos en la Empresa Agroindustrial Tumán, con la obtención de una medida cautelar expedida por un juez de José Leonardo Ortiz a favor del dirigente Marcelino Llontop Suyón, las suspicacias sobre el controvertido abogado se han hecho más severas.

Para el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, Carlos Martínez Oblitas, el proceder de O’Phelan Pérez resulta sospechoso por cuando ha hecho alarde de tener influencias en el sistema de justicia, aduciendo apoyo a fiscales en investigaciones y a jueces en sus procesos ante los órganos de control, como es el caso del magistrado Óscar Tenorio Torres, del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, a quien – según ha afirmado – ayudó a que se convierta en “colaborador eficaz de la OCMA para evitar su destitución”.

El representante de la orden profesional sostiene que ese tipo de conductas ponen en tela de juicio las verdaderas intenciones de Fernando O’Phelan en el caso Tumán.

“Estaríamos frente a un sujeto de tener cuidado, porque evidentemente podría demostrar que es un bravucón, se ufana de tener relaciones sin tenerlas, aunque puede que sí las tenga, pero hay que ser claros: el que tiene influencias nunca lo dice ni hace alarde de ello, solamente lo dice cuando ya le cayeron encima. Es algo que alguien maneja con cuidado y mucho recelo, porque con ello se está asegurando dinero, ¿no? Todo es negocio, si yo mato la gallina de los huevos de oro diciendo que tengo influencias, ¿qué efectividad tendrían? Más pareciera que es un bravucón”, señala Martínez Oblitas.

Como se recuerda, el representante de ProJusticia señaló a través de Canal N que el juez Tenorio Torres había pedido 100 mil soles a los trabajadores de Tumán para emitir la resolución a su favor, para lo cual además requirió una serie de informes jurídicos y económicos. Estas declaraciones las dio luego que el magistrado emitiera un fallo en contra a los azucareros que O’Phelan Pérez dice representar.

“Por eso digo que más parece un bravucón, la persona que soborna nunca lo dice, siempre hay que descubrirlo y él lo está gritando a los cuatro vientos. Más bien él estaría ganando probablemente un sueldo de un grupo de interesados que por ahí están alimentándolo”, afirma el decano del ICAL.

ORDEN JUDICIAL

El decano de los abogados sostiene que es momento de ponerle un alto a la problemática legal de la industria azucarera y esto podría promoverlo la presidencia o el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial disponiendo que todos los procesos se acumulen en un único juzgado para evitar la proliferación de fallos extraterritorial o presiones externas.

“La Sala Plena de la Corte Suprema o el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial deberían disponer que todos los casos azucareros pasen a un juzgado de competencia nacional y que este, ajeno a las presiones que tienen los jueces locales, dé solución imparcial a la problemática que actualmente existe”, señala.

FACHADA

“Se ha tendido una especie de presión, y lo digo con los términos adecuados, de un advenedizo que a mi criterio responde a intereses particulares. Fernando O’Phelan, utilizando de fachada su ONG ProJusticia, ha tratado de presionar y se ufana de que algunas resoluciones judiciales son producto de su gestión. Lo digo por experiencia, porque en el caso de Pucalá también se ufanaba de la presión que ejercía sobre el juez Óscar Tenorio y cuando este le resultó adverso empezó a despotricar de él. Igualmente ha intervenido en el caso Tumán y después de las declaraciones de Edwin Oviedo se sabe que incluso le propuso que trasfiera sus acciones. Para mí es un personaje oscuro que está interviniendo aprovechándose de la ingenuidad de los dirigentes de Tumán y de la desesperación de los trabajadores”, opina el abogado Wilfredo Chero Villegas, quien inicialmente apoyó con su asesoría legal a los huelguistas tumaneños.

El letrado asegura que no le cabe duda de las influencias de Fernando O’Phelan en el Poder Judicial y que esta la ejercería apoyándose en la organización a la que representa.

“Tiene influencia en algunos magistrados, pero que más ceden por temor a sus campañas mediáticas. Algunos jueces y fiscales le tienen temor por la fachada que es la ONG ProJusticia que tiene cobertura en Lima y en diferentes medios”, asevera.

OPERADOR

Chero Villegas comenta además que el informe difundido por las redes sociales por el Colectivo Justicia y Verdad sobre Fernando O’Phelan “es revelador”, por lo que le extraña que hasta el momento ninguna autoridad judicial haya hecho un deslinde respecto a las influencias que este se atribuye en el sistema de justicia.

“He quedado sorprendido con este informe por los vínculos y los antecedentes que tendría. (Las autoridades) lo dejan pasar por presión. Yo lo compararía con la organización Juez Justo, de Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana, que actuaba en Lima y se ufana de poner y sacar jueces, resoluciones y medidas cautelares y miren cómo han terminado. O’Phelan opera como Juez Justo en Lambayeque y lo digo en voz alta y con nombre propio: está usando a su organización de fachada”, menciona.

Agrega que en todo momento ha abogado por la unidad de los trabajadores de Tumán en defensa de sus derechos, propósito que finalmente se ha degenerado por influencias externas.

“Al ver un festín de cautelares, una comparsa por la administración de la empresa, de uno y otro lado, opté por retirarme. Tanto Marcelino Llontop como Walter Cieza son dirigentes indiscutibles, iniciaron, dirigieron y mantuvieron la lucha de Tumán, pero Fernando O’Phelan es un agente que ha generado división en la clase trabajadora. O’Phelan no tiene partido, él representa a intereses económicos propios, es un operador de intereses oscuros, de seudo inversionistas que quieren entrar a la empresa Tumán”, enfatiza. 

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