El caserío de Bodegones, perteneciente a la Comunidad Campesina de San José, ve cómo sus caminos son destruidos por el peso de aproximadamente 40 volquetes de arena que se retiran a diario de las dunas y que a la vez contaminan los cultivos de arroz por el polvo salitroso que levantan.

El caso de las más de 100 familias de Bodegones que están siendo afectadas es solo una de las consecuencias de la venta de terrenos por parte de la ex directiva que lidera Medardo Acosta Vidaurre, quien se encuentra en la presidencia desde el año 2007.

El artículo 20 de la Ley N° 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas, establece que los miembros de la Directiva Comunal pueden ser elegidos por un período máximo de dos años y ser reelegidos por uno igual. Sin embargo, la gestión  de Acosta Vidaurre lleva en curso nueve años y es reconocida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP.

La comunidad campesina de San José fue reconocida el 26 de diciembre de 1966 por la Resolución Suprema N° 476. Cuenta con un territorio comunal de siete mil 60 hectáreas inscritas en el Registro de Propiedad Inmueble de la Superintendencia de Registro Públicos de Chiclayo y  limita por el norte con Mórrope y Lambayeque, y por el sur con Pimentel.

PROBLEMÁTICA

“La directiva del Medardo Acosta ya cumplió su período democrático, es por ello que es inaudito que continue en el cargo por más de cinco años, la ley no lo avala. Pero, su gestión continua siendo reconocida por la SUNARP en lugar de la de Rogelo Acosta Llonto, quien fue electo por la comunidad”, especifica José Leonardo Reyes, presidente de la Federación de la Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECAL.

El 14 de noviembre del 2010 culminó el período de dirección de Medardo Acosta, sin embargo al ya no contar con ningún registro que lo respalde el 19 de diciembre del mismo año se prorrogó su mandato y sé modifico el artículo 40 del estatuto para evitar la elección del siguiente comité.

Esta modificación del artículo sostiene que el mandato de la directiva actual puede continuar por un período de dos años más con todas las facultades otorgadas en el estatuto y por las asambleas generales, concediendo su permanencia. Asimismo, el párrafo especifica que la gestión puede seguir después de acabado su período mientras no se elija una nueva directiva.

“Con el aval de esta modificación, estas personas continúan en el poder hasta el día de hoy. Lo cual denuncié ante el Juzgado Mixto Transitorio de Lambayeque en febrero del 2011”, comenta el nuevo presidente de la comunidad Rogelo Acosta Llonto.

El juez a cargo, José Luis Chanamé, emitió el fallo el 25 de noviembre del 2013 y por las consideraciones expuestas declaró fundada la demanda por parte de Acosta Llonto y la Comunidad Campesina de San José, ordenando se declare nula la modificación del estatuto acordada en la asamblea del 19 de diciembre y, a la vez, ordenó se convoque a una nueva asamblea general. 

Ante tal sentencia, la directiva a cargo de Acosta Vidaurre apeló el fallo ante la Corte Superior, la que confirmó lo emitido el 25 de noviembre del 2013 por el juez del Juzgado Mixto Transitorio de Lambayeque, esta segunda sentencia fue dada el 12 de noviembre del 2014.

Pese a esta situación, en la que el Poder Judicial ha señalado en dos instancias que tanto la directiva de Medardo Acosta como el cambio de estatutos son ilegales, la Superintendencia de Registros Públicos- SUNARP mantiene su vigencia y valida la inscripción de ambos.

“Hay artículos que nos respaldan, por lo que es contradictorio que Registros Públicos continúe avalando esa prórroga del mandato, permitiendo que se le haga daño a nuestra comunidad con la permanencia de esa directiva que ejerce una venta indiscriminada de todo el territorio”, acusa Acosta Llonto.

Ante el desacato de ambas sentencias, 300 comuneros apelaron ante el Juzgado de Paz de San José sin obtener una solución, por lo que decidieron acudir al Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque, el cual resolvió la revocatoria de la gestión y ordenó que el Juez de Paz del distrito de San José convoque a una asamblea general de comuneros, la que nunca fue realizada.

Dada la negativa por parte del Juez de Paz del distrito en elegir un nuevo comité electoral, la quinta parte de los comuneros tomó la decisión, en abril del 2015, en continuar trabajando y el 29 de noviembre del mismo año formó su nuevo comité, las elecciones se realizaron el 13 de diciembre del 2015 saliendo electo como nuevo presidente de la directiva Rogelo Acosta Llonto.

El mismo día de las elecciones el comité fue intervenido durante el proceso electoral por la fiscal de prevención al delito demandado por la anterior dirigencia. La fiscal Ivonne Zarate Izquierdo presenció el acto y con la documentación y garantías autorizó se continuara con el proceso, incluso con acompañamiento de la policía para resguardo del orden.

“El 26 de diciembre la nueva junta directiva solicitamos nos entregaran el local, pero al llegar al establecimiento nos dimos con la sorpresa de las chapas habían sido cambiadas, por lo que hicimos llegar una carta notarial que fue ignorada por la anterior gestión”, cuenta el Acosta Llonto.

Es así que la nueva dirigencia denunció ante el Poder Judicial el desacató a las sentencias dada. Sin embargo, lo único que han logrado es que el caso sea archivado.  Por este motivo, al no recibir apoyo de las autoridades, la comunidad de campesinos optó por acudir al Tribunal Registral de Trujillo para registrase como la nueva junta directiva.

En tanto, la contraparte, que está siendo beneficiada por la venta de terrenos, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, la cual ya cuenta con el expediente de la comunidad y el 11 de enero del 2016 debió emitir su voto.

“Precisamente, para poder acudir a la Corte Suprema hemos solicitado la compañía de la Confederación de la Comunidad Agraria que cuenta con actores legales que pueden apoyarnos, porque esta ya es la última instancia a la que ellos pueden acudir para permanecer disponiendo de nuestros terrenos y cometer todos sus atropellos”, afirma Acosta Llonto.

Asimismo, la nueva directiva afirma que la gestión de Medardo Acosta, para lograr la permanencia de su mandato, ha registrado ante la SUNARP una supuesta asamblea realizada el 4 de setiembre del 2015, cuya agenda era la rectificación de actos jurídicos y la renovación de poder de la directiva comunal. Esta fue presentada el 19 de marzo del 2016 por Alfredo Santa Cruz Vera, quien ha ejercido como funcionario en las oficinas de registro públicos.

“Con este título han registrado a 27 comuneros que nadie conoce y se están tomando las atribuciones de decidir por nuestra comunidad. Nosotros hemos presentado reiteradas veces nuestra directiva ante la SUNARP, pero ellos nos dicen que están en observación. Ellos nunca hicieron algo por convocar a elecciones y cuando nosotros hacemos denuncias a los dos días aparecemos con demandas”, continua Rogelo Acosta.

VENTA DE TERRENOS Y AMENAZAS

Por otro lado, parte de los intereses de la directiva de Medardo Acosta en permanecer en el cargo durante dos años más ha sido la legalización de 69 ventas de terrenos que se realizaron durante el 2015.

Una de la ventas realizadas fue a Carlos Manuel Burgos Montenegro y María Martha Arrascue Pasapera, quienes adquirieron tres mil 161 hectáreas ubicadas en el sector Pampa de Perros del distrito de Pimentel, por el precio de dos mil nuevos soles. Dicho contrato de compra venta fue realizado bajo la firma notarial de Domingo Dávila Fernández.

“Otra de las ventas realizadas ha sido a la misma secretaria de Acosta Vidaurre, Aura Luz Juárez Miranda, que adquirió casi 100 hectáreas por mil soles y a su hija Zoe Fiorela Suyón Juárez, que por 500 soles obtuvo 464.93 metros cuadrados. Sin embargo, a una señora de la comunidad se le hizo una venta de 120 metros cuadrados para construir su casa por mil 500 soles”, afirma Rogelo Acosta.

La venta de más de tres mil hectáreas por dos mil soles equivale a un costo de 0.06 céntimos el metro cuadrado, sin considerar la ubicación de las tierras cerca a la rivera del mar desde Pimentel y que pasa por Playa Hermosa.

“Hay gente que está atenta a este tipo de espacios para venderlos a precios bajos o simplemente con visos de corrupción, pero estos lotes que están siendo adquiridos a un costo irrisorio en unos cinco años van a valorizarse y el problema es que la comunidad se está desasiendo de territorios y parcelas en donde solo se benefician unos pocos, cuando esto podría ser de mucha ayuda para el desarrollo de la comunidad”, comenta Pedro Alva Mariñas, asesor de la FEDECAL.

+ NOTICIAS

• Rogelo Acosta, el pasado 31 de diciembre, recibió amenazas de muerte a través mensajes de texto a su secretaria, las que ya fueron denunciadas ante la DIVINCRI y pasaron a la Fiscalía Superior, donde terminaron por archivar el caso.
• Las denuncias presentadas por la directiva de Rogelo Acosta son por asociación ilícita para delinquir, usurpación, delito de hurto agravado, estafa, falsificación de documentos y delitos contra la libertad personal. 

 respuesta de Zuli el 2021-05-21.

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