El abogado Javier Casas participó en el debate realizado por Ojo Público sobre la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios del Estado. El también presidente de la organización civil Suma Ciudadana señaló que formar conciencia sobre la importancia de la información permitiría impulsar el cambio en los procesos fiscalizadores contra la corrupción.
El abogado advirtió que el resultado de la encuesta global sobre las fortalezas institucionales realizado por el Foro Económico Mundial, en la cual el Perú ocupa el puesto número 130 de los 140 países evaluados y en la que se tomó como uno de los indicadores cuál era el país con mayor facilidad de acceso a sentencias favorables pagadas, respondía a la problemática de transparencia de los funcionarios públicos, específicamente de los jueces y fiscales del país.
A partir de ese contexto, Javier Casas expuso que el primer paso para contrastar la problemática era a través de acciones que transparenten el patrimonio de los jueces y fiscales, ya que “es evidente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios en su labor, no solamente percibido por los propios peruanos, sino también mundialmente”.
“Esto es un escándalo. ¿Hemos escuchado algo del presidente de la Corte Suprema respecto a este resultado? No. El Perú marcha feliz para ser incorporado en la OCDE – Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como uno de sus grandes metas, pero ni el presidente de la Corte ni del Congreso ha salido a decir algo sobre este escandaloso asunto. Nadie dice nada en el Estado, ya que nadie quiere reconocer que tenemos lo peor en administración pública en el mundo”, manifestó.
Por ende, el abogado mencionó que la iniciativa de conocer las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos es necesaria, y que esta debe ser impulsada desde la sociedad civil y el periodismo, debido a que el Estado pone poco interés en ello e incluso impone vallas y trabas para realizar el trabajo, agregando que la transparencia es un estado paradójico en el país.
“Las declaraciones juradas patrimoniales fue una ‘conquista’ de la sociedad en la época de Fujimori, porque por primera vez en la historia del Perú teníamos en la Constitución de 1993 la ley que establecía la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios jurídicos en el diario El Peruano. Antes, presentabas tus declaraciones, pero todo quedaba en un ambiente de reserva porque era el Estado el único ente fiscalizador. Es con Fujimori con quien se da este cambio en 1993. Sin embargo, nunca se implementó”, explicó.
“Fue un cambio dentro de un esquema donde la Constitución sirvió para que el mundo viera con mejores ojos al gobierno peruano que acababa de dar un golpe de Estado. Se construyó una institucionalidad de papel, pero a la hora de implementarla nunca se hizo nada. El Congreso nunca emitió la ley que regule el ejercicio a este derecho de conocer la información. Fue recién Paniagua quien dio las primeras leyes sobre la declaración jurídica patrimonial, que en efecto se debían publicar, pero inmediatamente el Ejecutivo realizó un reglamento por el cual solamente se publicara un resumen muy pequeño de la información”, enfatizó.
Agregó que aquella estructura normativa impedía el acceso a la información, sobre lo cual se pronunció el Tribunal Constitucional, dando como resultado que se aumentara y mejorara el estándar de transparencia en el que se debía publicar al detalle la declaración.
Javier Casas marcó este hecho como la principal experiencia que motivó y permitió construir la primera base de datos informativos de los patrimonios reales de los funcionarios.
CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, cuya misión es dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar a la transparencia de la gestión de entidades. Asimismo, una de sus funciones es acopiar a nivel nacional las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos del país.
El abogado señaló que inicialmente la entidad había empezado a seguir el mandato establecido por el Tribual Constitucional, en el que se comenzó a brindar a detalle la información patrimonial de los funcionarios públicos, sin embargo, explica que la campaña de reelección del contralor fue el factor de cambio en la aplicación de dicha normatividad.
“En la Contraloría todo el mundo sabe que el contralor está en campaña para la reelección. ¿Y cómo es que los contralores buscan la reelección? Van donde están los que tienen que elegirlo, que son los congresistas, y se encargan de que ellos se queden cubiertos de cualquier tipo de fiscalización social para quedar bien vistos frente a los congresistas y logren ser reelegidos. El contralor Matute, en su momento, quiso ser reelegido, y en paralelo a esa época, se inició una campaña ciudadana muy fuerte la cual buscaba que cada ciudadano adopte un congresista para conocer sus gastos operativos, ya que era un escándalo las cifras de estos. Nadie rendía en el Congreso sobre sus gastos operativos. El contralor, como estaba en campaña, dijo no, que aquello era reservado y que él era el único que iba a fiscalizar eso y, por lo tanto, el presidente del Congreso aceptó lo que el contralor decía”, relató.
“¿Alguna vez alguien ha visto el informe que emitió la Contraloría por esos gastos operativos que fueron los que justificaron la reserva? Se sospecha que no existen. Pasa Matute y entra Fuad Khoury, quien también entró a reelección. ¿Qué es lo que hizo él para que los congresistas lo vean bien? Negarse a dar información, es decir, que ya no se iban a declarar los bienes de los funcionarios públicos. Ahora los funcionarios públicos deben de autorizar a la Contraloría para dar a conocer los bienes de su patrimonio”, puntualizó.
Javier Casas indicó que la información se debe de buscar a través de redes de periodistas y alumnos de periodismo, para que desde la sociedad se construya una fuerza de incidencia que pueda obligar de algún modo a cambiar la problemática actual, siendo el principal mecanismo la presión social, teniendo como consecuencia que el Estado tome de importancia a la iniciativa de cambio, resaltando la importancia de la información de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios para la creación de dicha fuerza.
“Se identificaba a las redes de periodistas y alumnos de periodismo como las cajas de resonancia para que, desde la sociedad y a través de los medios, se pueda construir una fuerza que empiece a indicar, a quienes toman las decisiones, la importancia de la información patrimonial de los funcionarios. Queremos dar a entender que sí existe la necesidad de un reclamo ciudadano para que el Estado empiece a ser más transparente en la toma de decisiones, y también en el currículo y el patrimonio del sector público”, advirtió.
OCULTAMIENTO DE BIENES
Uno de los puntos expuestos en el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos fue el ocultamiento de bienes a través de la familia y de los ciudadanos cercanos, tanto a las personas jurídicas y naturales, principales personajes que se encuentran envueltos en el entorno de las actividades de los jueces y fiscales.
El abogado indicó que es muy difícil para cualquier sistema anticorrupción luchar contra esta sin la información de la ciudadanía, ya que “ellos son los que se encuentran en el entorno de los funcionarios públicos, y poseen la oportunidad de declarar cualquier acción grave o sospechosa”. Asimismo, que es el mismo control el que se encarga de probar la información brindada ya que no siempre es correcta.
“La sociedad es la que debe brindar la información a los entes de control para poder llevar adelante la lucha contra la corrupción. Lo que vemos ahora es que el ciudadano común se acerca a los medios de comunicación y no a los entes de Estado, debido que han demostrado ser entes de investigación, en cambio, el otro, no. Por ello, la función de transparentar el patrimonio del funcionario público sería el primer paso”, sostuvo.
Asimismo, explicó que es importante desmitificar a la familia como el entono necesario del bienestar de la persona, debido que es un sector muy importante de ocultamiento de los bienes en los casos de corrupción, partiendo como argumento principal en la falta de calidad de las declaraciones juradas patrimoniales realizadas ahora.
“La nueva Ley de Declaraciones Juradas Patrimoniales, que aprobó el Congreso el 23 de septiembre del 2014 y que hasta la fecha no se ha implementado, sostiene que los funcionarios solo deben de registrar en su declaración jurada los bienes propios y los del matrimonio, pero si es que hay separaciones de bienes, que es una práctica muy común encontrada en quienes entran a operar funciones de administración pública, no se declara lo del conyugue. Cuando se promulgó la ley, hablé con algunos encargados de anticorrupción de la Contraloría, teniendo como respuesta que no era un tema de importancia. Tan evidente es el proceso que nadie lo ve, y por supuesto para la Contraloría no es un tema relevante”, señaló, agregando que el Estado tiene que estar permanentemente en la revisión de sus instrumentos de lucha contra la corrupción y esta de la mano de las nuevas modalidades.
Javier Casas advirtió que el Perú va en retroceso y que en un futuro se recibiría declaraciones juradas vacías en consecuencia a la condición por separación de bienes. Además, que a los currículos profesionales de los funcionarios públicos también se debería tener acceso, ya que al tratarse de altos personajes el perfil académico cuenta como información relevante.
“Recuerdo que la declaración jurada del presidente del Consejo de Ministros, si mal no recuerdo, no contenía nada. Ahora vamos a leer declaraciones juradas que solo contengan la remuneración mensual, porque todo lo demás está a nombre de la esposa y ya no se debe declarar lo que ella tiene. Así de endebles se están convirtiendo los sistemas de control. Además, sería una iniciativa interesante pedir a los jueces sus currículos, porque los ciudadanos merecen saber quién es ese funcionario o fiscal desde el punto de vista profesional”, concluyó.
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