Aun cuando están obligados a reportar sus ingresos y bienes todos los años, el alcalde y los regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se han hecho de la vista gorda ante lo dispuesto por la Ley N° 27482 y su reglamento, incurriendo en falta administrativa según lo confirmado por la Contraloría General de la República a través de su Oficina de Declaraciones Juradas.

La Ley N° 27482 – Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, señala en su artículo 2 que entre los obligados a la presentación de dicho documento están los alcaldes y regidores, quienes deben remitirlos para su revisión y archivo a la Contraloría General de la República al inicio, con una periodicidad anual y al término de la gestión.

La importancia de las declaraciones juradas radica en que de su revisión es posible determinar cualquier indicio de incremento patrimonial no justificado, lo que daría pie a la acción penal contemplada también en la ley, vinculándose al Artículo 401 del Código Penal.

“Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y/o gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa ilícita”, señala la norma.

DECLARACIONES INICIALES

Conforme se ha corroborado en el portal de consultas en línea de la Contraloría General de la República, en el caso de la municipalidad de Chiclayo, el alcalde David Cornejo Chinguel y nueve regidores provinciales cumplieron únicamente con la presentación de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas al inicio de la gestión, es decir en enero del 2015.

El formato de las declaraciones considera dos componentes, siendo de conocimiento público solo el segundo, donde se muestra la información consolidada de los funcionarios. En la primera parte se encuentra el detallado de sus bienes y rentas, pero este tiene carácter reservado.

En atención a lo presentado por el alcalde de la ciudad, este declaró en enero del año pasado que percibía ingresos mensuales 29 mil 250 soles, de los cuales nueve mil correspondía al sector público (sueldo como autoridad), y 20 mil 250 a sus actividades privadas. Asimismo, declaró bienes por un total de 82 mil 650 soles.

La regidora Liliana Barrantes Piscoya declaró ingresos mensuales de dos mil 700 soles, y bienes por 15 mil soles; el concejal Alfredo Montenegro Bermeo reportó el ingreso de 28 mil 900 soles al mes (dos mil 700 del sector público y 26 mil 200 del sector privado), y bienes por 240 mil 112.20 soles. En el rubro de Otros, donde no se especifica el concepto, incluyó ingresos por 51 mil soles.

Del mismo modo, Boris Bartra Grosso declaró que al mes recibe dos mil 700 soles y bienes valorizados en 200 mil soles; Juan Carlos Pérez Bautista reportó ingresos mensuales de cinco mil 200 soles (dos mil 700 del sector público y dos mil 500 del sector privado). Incluyó el ingreso de 100 soles en el rubro de Otros.

El regidor Luis Carlos Cabrejos Ucañay declaró dos mil 700 soles mensuales como ingresos del sector público, además de 300 soles en el rubro de Otros; Octavio Romero Romero el ingreso de dos mil 700 soles al mes; César Torres Gálvez, registró en su declaración ingresos mensuales de ocho mil 700 soles (dos mil 700 del sector público y seis mil del sector privado), bienes por 120 mil 950.66 soles y 17 mil 765.53 en el rubro de Otros.

Asimismo, la concejal Laura Hernández Gonzales declaró ingresos al mes por tres mil 850 soles del sector público y bienes estimados en 50 mil soles. Finalmente, el regidor Víctor Rojas Díaz registró doce mil 660 soles de ingresos al mes (dos mil 700 del sector público y nueve mil 960 del sector privado), bienes valorizados en dos millones 596 mil 500 soles y un millón 769 mil 927 soles en el rubro de Otros.

INFRACTORES

Los regidores que no cumplieron con la disposición legal de presentar su Declaración Jurada de inicio a la Contraloría General de la República son Guillermo Segura Díaz, Edwin Huancas Ojeda, Elvis Bustamante Tarrillo, César Sisniegas Vergara, Ricardo Lara Doig y José Barrueto Sánchez.

Sin embargo, actualmente tanto el alcalde como los 15 regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se mantienen como infractores, debido a que tampoco han alcanzado el documento correspondiente al fin del primer período anual.

En la lista también figura el Gerente General del municipio, Ruperto Castellanos Custodio, quien solo presentó su declaración de inicio el año pasado.

Expresión solicitó información a la Oficina de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, la misma que confirmó que la entrega del documento es obligaciones en municipios cuyo manejo presupuestal supera las dos mil  Unidades Impositivas Tributarias – UIT, como sucede con la comuna de Chiclayo.

De acuerdo al cronograma, las autoridades que iniciaron su mandato en enero del 2015 deben presentar, hasta el fin de este, en diciembre del 2018, una declaración de inicio, una de cese o salida, y tres al cumplir los 12, 24 y 36 meses en el cargo, es decir en enero del 2016, enero 2017 y enero 2018.

“SOY DUEÑO DE MI CUERPO Y DE MI ROPA”

Consultado sobre el particular, el regidor apepista Guillermo Segura Díaz reconoció que se mantiene omiso a la presentación de las declaraciones, anotando que por dedicarse a otras ocupaciones omitió el mandato de la norma.

“Estoy omiso a eso, no la he presentado, lo olvidé completamente porque me dediqué a otras cosas, pero voy a consultar cómo regularizado, porque felizmente que yo no tengo muchos bienes más que mi cuerpo y mi ropa”, señaló el concejal.

Segura Díaz se comprometió a subsanar falta, igual que su colega Luis Carlos Cabrejos, quien refirió tener la constancia de su primera declaración, la de inicio.

“Presenté la declaración el año pasado, tengo la constancia, pero si hay algo que regularizar sin problemas de hace. Mi patrimonio no ha aumentado, así que no hay problema”, manifestó.

Por su parte, el gerente general de la comuna refirió no tener conocimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas cada año, por lo que aseveró que revisaría la norma y entregaría el documento “de ser necesario”.

“He presentado el año pasado, solo una vez. En la municipalidad hay una persona encargada de la recepción de las declaraciones de los funcionarios, es una trabajadora de carrera. Lo que yo sabía es que se presentaba una declaración al inicio y otra cuando uno se retiraba, yo no sé por qué se tiene que estar presentando año tras año. Voy a revisar la ley y de acuerdo a eso subsanaré”, mencionó.

HOJA DE VIDA

El incumplimiento a la norma que los obliga a la presentación de sus Declaraciones Juradas no es lo único que pesa sobre el alcalde y los regidores de la comuna provincial de Chiclayo. A esto se añade la falta cometida al Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales, por el cual están sujetos a la declaración de bienes e ingresos en su Hoja de Vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones – JNE. Esto debieron hacerlo cuando participaron de las elecciones municipales de octubre del 2014.

De los actuales integrantes del concejo chiclayano solo los regidores apristas Cesar Torres y Laura Hernández, así como el humanista Víctor Rojas, cumplieron con esta exigencia, incurriendo en la falta tanto el alcalde como los nueve regidores que colocó por Alianza Para el Progreso, así como dos representantes de Fuerza Popular y Solidaridad Nacional.

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