La Unidad Ejecutora 005 Naylamp de la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC, es la encargada de la conservación patrimonial de las zonas arqueológicas en Lambayeque. Sin embargo, las constantes invasiones que han sufrido las áreas patrimoniales han evidenciado la inacción por parte de la unidad y aunque el director Alberto Risco Vega reconoce el hecho, sostiene que la problemática se da por factores de mayor gravedad.
El también director de la Dirección Desconcentrada de Cultura señala que es importante reconocer la problemática principal que se da por las vías judiciales, agregando que cuando se hace una denuncia ante el Ministerio Público y esta apertura primero una investigación y determina si lleva juicio a las personas involucradas o no.
“Los problemas empiezan porque, de acuerdo a las normas legales, para que la fiscalía realmente intervenga e inicie un juicio a un invasor, los sitios arqueológicos deben cumplir con ciertas condiciones como estar delimitados con hitos y paneles, y lo mejor es que estén totalmente inscritos en Registros Públicos a nombre del Estado. Si estas condiciones no se encuentran, el juicio se pierde y la zona sigue siendo afectada”, enfatiza.
Menciona que Lambayeque posee alrededor de 570 sitios arqueológicos declarados, de los cuales 17 están saneados e inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, y 40 áreas señaladas con poligonales. Por ende, recalca que son más de 500 sitios que no se encuentran en condiciones en las que el Ministerio Público pueda actuar con mayor fuerza y energía.
“Si tenemos un sitio declarado donde puede haber una pirámide y no tiene ninguna poligonal, no se considera como área en conservación. Cuando hay pirámides y hay una poligonal, es decir que el área es intangible, y está señalada por hitos en cada uno de las esquinas y letreros que la señalen como tal, sí es posible actuar. Muchos de estos sitios están declarados, pero, por ejemplo, el Cerro Rojo que se declaró patrimonio, no contaba con una coordenada poligonal. Entonces, las autoridades no sabían si los invasores sí estaban dentro de una zona arqueológica o no”, explica.
Frente a la ausencia de demarcación e inscripción en los registros públicos, Alberto Risco menciona que es difícil ejercer de manera judicial la defensa. Sin embargo, las acciones realizadas por la unidad ejecutora son específicamente el saneamiento físico legal, lo cual permitiría delimitar las zonas arqueológicas ubicando los hitos poligonales en las coordenadas correspondientes.
“El problema en poner un hito de cemento, que es pequeño, es la precisión de las coordenadas o cómo saber si estás en coordenadas UTM (Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator), para la cual se requiere una tecnología especializada, que cada vez es más precisa y no se tenía hace 20 años. Ahora hay GPS navegador y GPS diferenciales, el primero tiene un margen de error de tres metros y el segundo de solo dos centímetros. Entonces, se tiene que usar un GPS diferencial, el cual no se emplea porque su costo es de 10 mil a 15 mil dólares cada uno, a parte de la capacitación para el uso del programa informático”, puntualiza.
PELIGROS
Alberto Risco sostiene que los riesgos son altos al realizar los desalojos de las invasiones en las zonas arqueológicas, debido a que quienes se adueñan del área pertenecen algunas veces al sicariato o poseen armas de fuego en el momento y “en algunas situaciones han hecho seguimiento a la camioneta de la unidad ejecutora”.
“Te pueden hasta asesinar. En algunos sitios los arqueólogos casi han sido flagelados por las comunidades. Una cosa es el invasor, que muchas veces está coludido con malas autoridades, y otra el delincuente, que cuando ve que hay un dron volando u observa algún equipo de valor, también puede atacar. En el caso de Huaca Brava hubo gente armada, y en el Chorro también. En Huaca Brava se denunció a la fiscalía y a pesar que se tenía las pruebas de los hitos y fotos, unos fiscales no vieron eso y ahora es materia de un proceso largo”, señala.
Añade que cuando las denuncias se judicializan se presentan a la fiscalía y esta da inicio a las investigaciones, inhabilitando la acción de la unidad ejecutora, que puede durar un promedio desde tres hasta seis meses en realizar las indagaciones correspondientes, dando como dictamen dos posibilidades: que no hay lugar para la continuación del expediente o pedir datos adicionales, o que todo es satisfactorio y se inicia un juicio.
“La mayor parte de nuestras denuncias están en ese tipo de evaluación y pocas han pasado a juicio, la mayor parte están investigación fiscal y constantemente piden más datos y documentación. Hasta incluso vuelven a pedir la certificación o constancia de que son zonas declaradas y así se nos van los años. En el 2015 realizamos 29 denuncias, de las cuales dos se encuentran en juicio, y en el presente año hemos alcanzado 16 denuncias que aún no están en curso”, comenta.
INACCIÓN
El director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp reconoce que ha habido una inacción en épocas del Instituto Nacional de Cultura - INC, que operó desde el año 1971 hasta el 2010, en cuyo período no se realizaban invasiones a las zonas arqueológicas y que por ende no se realizó un trabajo a profundidad en la delimitación y señalización de estas, además de las faltas tecnológicas de la época.
“En los años 70 y 80 el principal problema era el huaqueo, no la invasión propiamente. Las autoridades de aquella época pensaron que eso iba a continuar y descuidaron el tema de la inscripción de las zonas arqueológicas en la oficina de registros públicos, de poner hitos y letreros. Ahora estamos pagando esas consecuencias e incluso en el 2014 se habló de la situación del Cerro Reque. El cerro tiene aproximadamente unas dos mil hectáreas, de las cuales, solamente se declararon a fines de los 80 algo de 730 hectáreas porque una concesionaria de minería no metálica utilizaba el cerro como cantera desde una década antes. Sin embargo, los otros dos tercios no fueron declarados a pesar de tener evidencia arqueológica dispersa. En el 2013, un ciudadano cualquiera de una empresa, hace una denuncia minera sobre el cerro y le dan la concesión, que es diferente a la autorización para explotar, de los otros dos tercios y se asienta en el lugar y sin consultar pone su chancadora de piedra”, ejemplifica.
“Fue un problema porque para pasar de concesionario a explotador tiene que haber varias documentaciones como el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, que deben ser emitidas por el Ministerio de Cultura, además de una licencia municipal y una certificación de la Dirección Regional de Medio Ambiente que se llamaba Declaratoria de Impacto Ambiental. Nos presentaron el CIRA y en la zona que ellos señalaban no había evidencia de restos arqueológicos, de las mil 500 hectáreas, solo pidieron un CIRA de más o menos 20 hectáreas. El grupo Frente de Defensa de Reque – FEDER, argumentaba que el CIRA estaba mal dado. Sin embargo, desde la sede central vinieron arqueólogos y verificaron que estaban bien dados. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiésemos cumplido con el ordenamiento legal? La empresa nos denunciaba por abuso de autoridad. Si en los años 80 se hubiese declarado todo como zona arqueológica se hubiese podido hacer una defensa real y no se hubiese podido emitir ningún CIRA”, recalca.
Agrega que parte del procedimiento de saneamiento físico-legal se hace en la Unidad Ejecutora Naylamp y posteriormente el expediente es elevado al área de certificaciones de la sede central del Ministerio de Cultura, el cual emite una resolución aprobando el área arqueológica.
NUEVA LEY
La Ley 30230, promulgada el 12 de julio del 2014, implementada en Lambayeque el primero de mayo del presente año, establece las medidas tributarias que simplifiquen los procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, tanto pública y privada.
Risco Vega menciona que a partir de esta nueva ley los desalojos que se realizarían a futuro serían de mayor efectividad.
“Hasta antes de esa ley, por ejemplo, si algún grupo de invasores ingresaba en un terreno público o privado y se quedaba más de 48 horas, ya no lo podías sacar con la policía sino por vía judicial. La ley 30230 es magnífica respecto al manejo de las invasiones, porque es un lanzamiento extrajudicial, con esta ley se modifica las 48 horas, que ya no van más, y el acreditando como propietario de ese terreno puede recurrir a la fuerza pública y sacar al invasor sin orden judicial. Eso es lo que ha venido ocurriendo con el Ministerio de Cultura, y en Lambayeque estamos retrasados en comparación con La Libertad, porque desde que se aprobó esta ley ya llevan 11 lanzamientos extrajudiciales, y acá recién uno que se realizó en inicios de mayo en el cerro Tres Tomas en el distrito de Mesones Muro. Desafortunadamente, todos los casos que se han presentado en la fiscalía están judicializados y ya no podemos aplicar esa ley”, señala.
Asimismo, el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura resalta el procedimiento denominado “Rescate arqueológico”, el cual se aplica cuando un proyecto de necesidad nacional como irrigación, electrificación, vías nacionales presenta una posible coincidencia con una zona arqueológica que puede ser liberada para el proyecto de interés nacional, tomando como ejemplo de este procedimiento en el caso de la ampliación del establecimiento penitenciario de Picsi.
ZONAS AFECTADAS
Alberto Risco manifiesta que las zonas con mayor afectación son aquellas que han sido invadidas por la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape, siendo estos el Cerro Racarrumi, el Cerro Cuculí, Mal Paso y la zona periférica a Tinajones. Además de estas, otras de las zonas afectadas son Apurlec, el Cerro Tres Tomas y Pampa Grande. Tres hectáreas dentro de este último complejo habían sido lotizadas con cal y piedra.
“Lo que ha perjudicado los avances de conservación de las zonas arqueológicas es el hecho de que estas no se encuentran declaradas no monumentizadas, es decir que no se han puesto los hitos y paneles informativos. Falta ser más agresivo, pero esto va de la mano con poner una poligonal con las coordenadas exactas. Yo estoy reconociendo que hay lentitud en todos estos años por no haber hecho el proceso de inscripción de procesos jurídicos y señalización, pero esperamos poder revertir esto y acelerarlo. Ahora no hay excusa, salvo la presión social y que en algunas zonas hay sicariato, porque son zonas difíciles de llegar”, concluye.
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