El ingeniero Rubén Gómez Sánchez habla sobre brecha infraestructural del país, fundamenta las consecuencias de no realizar una gestión de riesgos adecuada en la etapa de preinversión o planificación y señala que el Colegio de Ingenieros del Perú debería intervenir en las obras públicas y sancionar a los colegiados que realicen malas gestiones.
El riesgo en una obra pública es la incertidumbre ante un eventual suceso que afectaría al proyecto de manera positiva o negativa, conocidas como oportunidades o amenazas, respectivamente. Por ejemplo, el encuentro de un tipo de terreno diferente al estudio de suelos en una excavación para una obra de saneamiento.
Las obras públicas buscan satisfacer la necesitad de la población y tienen como finalidad mejorar su calidad de vida. Sin embargo, se busca sensibilizar la necesidad de plena aplicación de la gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública.
“Un proyecto exitoso es el que logra el objetivo de calidad del proyecto. En el tema hospitalario, es el servicio que brinda el producto del proyecto, que la gente que entre al hospital saque una consulta en tiempo adecuado y salga sana”, afirma Gómez Sánchez, consultor en gestión de calidad y riesgos en proyectos de infraestructura.
Anota que otro ejemplo es el objetivo de calidad de un centro educativo donde los alumnos obtengan competencias nuevas para responder al servicio de la sociedad. Refiere que el proyecto debe cumplir con las líneas de base, es decir, el alcance, el tiempo, el costo y la calidad.
“Cuando se pide ampliación de plazo deja de ser un proyecto exitoso”, asegura.
REALIDAD INFRAESTRUCTURAL
Según el Reporte Global de Competitividad, el Perú se ubica en la posición 89 de 140 países en infraestructura, 82 en educación superior y 116 en innovación. Asimismo, los principales problemas para hacer negocios en el país son la burocracia ineficiente, las regulaciones laborales y la corrupción.
El país tiene una brecha de infraestructura estimada de 159 mil 549 millones de dólares, según el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 elaborado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN. Igualmente, para acabar con la brecha se tendría que invertir 15 mil 955 millones de dólares anuales, es decir, el 8.27% del Producto Bruto Interno – PBI.
El sector Agua y Saneamiento, solo considerando el acceso al servicio, tiene una brecha de 12 mil 252 millones de dólares. Igualmente, la brecha de Educación, que contempla únicamente incrementos en la cobertura sin contar adecuación funcional, rehabilitación o reforzamiento antisísmico, equivale a cuatro mil 568 millones de dólares. Para el sector Salud hay una brecha de 18 mil 944 millones de dólares, sin embargo la brecha de mayor costo corresponde al sector Transporte con 57 mil 499 millones de dólares.
La inversión actual detectada por la AFIN para el período 2016-2025 equivale a 66 mil 12 millones dólares, es decir apenas el 41 % de la brecha de infraestructura.
El Perú tiene un déficit hospitalario equivalente a 1.5 por cada mil habitantes, mientras que en Argentina existen 4.7 camas, lo que obliga a muchas personas a atenderse en clínicas privadas a pesar de contar con seguro de salud.
“Tenemos una brecha no menor a 45 mil camas. El Hospital Edgardo Rebagliati, que es el más grande del Perú, tiene capacidad para mil 200 camas, entonces necesitamos casi 40 de esos hospitales distribuidos en todo el país”, analiza Rubén Gómez.
Por otro lado, la Contraloría General de la República identificó a fines del año pasado 740 obras públicas paralizadas por un costo de cinco mil 425 millones de soles, de las cuales, según Infobras, 231 obras corresponden a Cusco. En Lambayeque, se registraron 22 obras paralizadas, de las cuales siete corresponden a la provincia de Chiclayo.
“Es importante y materia de investigación por qué estas obras están paralizadas”, indica.
EFECTOS DE RIESGOS
Los riegos tiene un efecto en el desarrollo de un proyecto y en caso ocurriesen podrían variarlo negativa o positivamente en costos, tiempo y alcance. Asimismo, la administración inadecuada de la gestión de riesgos generará situaciones fuera de control en el proyecto, lo cual terminaría afectando negativamente en las líneas de base del mismo, por ejemplo retrasándolo.
Si una empresa pública de saneamiento construye una red sanitaria y no toma en cuenta el riesgo en los estudios como el estudio de suelo, de existir algún problema se detectaría en la ejecución cuando se pudo prever en la etapa de preinversión, por consiguiente, podría retrasarse y necesitar ampliación de presupuesto para subsanar el problema.
“Algo que hice mal en la etapa de preinversión se detecta en la ejecución. ¿Cuál es el efecto? Adicionales y ampliaciones de plazo, y a partir de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado se añade el costo directo de obra. Por lo tanto, los costos de obra van a aumentar. Si no le reconoces el gasto a la empresa, hay un arbitraje y si se resuelve el problema se llevan el 50 % de la utilidad”, explica Gómez Sánchez.
Añade que si no se prevé lo posibles riesgos en la etapa de preinversión, lo costos de los obras públicas podrían aumentar considerablemente.
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN
En la planificación es necesario seguir algunos pasos. En primer lugar, se define cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos en un proyecto. Luego, se procede a determinar los posibles riesgos que podrían afectar la obra y se documentan sus características.
De los posibles riesgos detectados, se priorizan para realizar análisis u otras acciones como evaluar las probabilidades que ocurra y sus impactos. Asimismo, se analiza numéricamente el efecto de estos riesgos sobre los objetivos generales del proyecto.
Tras el análisis, se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proceso.
Finalmente, una vez iniciada la obra, se implementan planes de respuesta, se monitorean los riesgos identificados y residuales, se identifica nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso de gestión de riesgos a través del proyecto.
Rubén Gómez resalta que solo el último paso se realiza en la ejecución de la obra y los primeros en la etapa de planificación.
“Lo más importante en la etapa de procesos no es la ejecución, sino la planificación. Es más beneficioso minimizar los riesgos en la etapa preinversión que en la construcción”, afirma Gómez Sánchez.
Por otro lado, también critica que la Nueva Ley de Contrataciones del Estado no mencione nada sobre la gestión de riesgos y considera que es el Colegio de Ingenieros del Perú quien debe pronunciarse.
Según indica Rubén Gómez, el Colegio de Ingenieros como institución no está sancionando por malas prácticas a los ingenieros responsables de proyectos que, por ejemplo, fallan en la etapa de planificación.
“¿Qué mensaje se les da a los ingenieros colegiados? Tú estás trabajando bien, pero tienes mala suerte porque tus obras están demoradas. Uno debe empezar a mejorar las obras públicas dentro de casa”, afirma.
Según el Artículo 104 del Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú, los actos contrarios a la ética profesional serán sancionados con amonestación pública escrita o inhabilitación temporal como miembro de la orden no mayor a 12 meses y 24 meses en caso de reincidencia.
Si no se minimizan los riesgos en la etapa de planificación, el costo de los cambios resulta elevadísimo, según Gómez Sánchez, por lo que hace un llamado a los ingenieros a comprometerse en la buena gestión de las obras públicas.
MÁS GASTO, MÁS TIEMPO
Las obras que actualmente tienen mayores plazos y mayores costos en la etapa de inversión, tuvieron problemas en la etapa de preinversión.
Según un estudio realizado por Rubén Gómez con información de la Contraloría General de la República, las cuatro primeras causas de adicionales de presupuesto y plazo son: la carencia de expediente técnico, situaciones imprevistas y deficiencias en el expediente técnico de la obra, situaciones imprevistas posteriores a la suscripción del contrato, y las generadas por omisiones y otros hechos imprevisibles al formularse las bases de licitación o celebrarse el contrato.
“Esas causas se dan en la planificación, que es donde trabajan los ingenieros. En conclusión, un expediente técnico deficiente es la causa principal de los adicionales. También, los problemas principales de las obras públicas se dan en la preinversión”, señala Rubén Gómez.
Asimismo, señala que las universidades no enseñan cursos de Gestión de Riesgos ni Dirección de Proyectos. Además, muchos de los estudiante que van a estudiar al extranjero terminan ejerciendo en otros países.
MARCO LEGAL
La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado en su Artículo 3 dice que en virtud de la evaluación de riesgos deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales.
De todas las entidades públicas, solo el 25 % ha avanzado en el sistema de control interno.
“Si el gobierno regional piensa hacer una carrera, tiene que ver con sus objetivos que es comunicar a dos localidades y mejorar su calidad de vida. Entonces, esa carretera es parte de sus fines, metas y objetivos, y se debe aplicar la gestión de riesgos. Además dice ‘operaciones institucionales’, o sea quiere decir que esta ley da la solución al problema”, afirma Gómez Sánchez.
Por tal razón, comenta que se está revisando el tema con abogados y se enviarán comunicaciones a la Contraloría y la Defensoría del Perú.
De igual forma, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 menciona en su disposición complementaria quincuagésima tercera la obligación de implementar el Sistema de Control Interno en todas las entidades del Estado en un plazo máximo de 36 meses a partir de la vigencia de la ley.
“La Ley de Contrataciones del Estado se debe adecuar y aplicar en conjunto. Yo pienso que no más allá de un mes ya está el asunto solucionado”, finaliza.
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