Manuel Borja Suárez, presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, presenta algunas propuestas para solucionar los problemas que surgen en la gestión de la construcción de obras públicas, como el uso del Cuaderno de Obra Virtual – COV, por ejemplo, el cual ayudaría a una mayor supervisión por parte de las empresas y las autoridades.

Muchas de las obras públicas, no solo en Lambayeque, sino también a lo largo del territorio nacional, son cuestionadas por la pésima gestión con la que son ejecutadas. La gran mayoría se encuentran demoradas o mal construidas y a esto se le suma el aumento de presupuesto para su reparación y mejora o, simplemente, que son dejadas en abandono.

“Diariamente salen en las noticias obras que tienen deficiencias con millones de soles tirados al agua. Pistas que ni bien se construyen, a las dos semanas se están descascarando. También las hay donde los implicados podrían estar detenidos, con denuncias o presos”, comenta Borja Suárez.

Incluso, señala, casos donde no se localiza al supervisor ni al residente de obra. Hace un año, la Contraloría General de la República, a través del Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS, detectó 560 obras públicas paralizadas a nivel nacional por un valor total de cuatro mil 293 millones de soles.

Asimismo, a fines del 2015, INFOBRAS reportó 22 obras paralizadas en Lambayeque, de las cuales siete correspondían a la provincia de Chiclayo.

IDENTIFICANDO EL PROBLEMA

Según Manuel Borja, el problema es complejo porque involucra el sistema de elección de autoridades políticas, los vacíos en la Ley de Contrataciones del Estado, la inacción de las instituciones del Estado y el rol de los colegios profesionales.

“No solo depende del ingeniero supervisor o del residente, porque podríamos hablar cómo hemos elegido a las autoridades políticas. La Ley de Contrataciones del Estado no permite la competitividad y la mejora continua. Asimismo, las instituciones públicas como la Contraloría General de la República no desarrollan un rol protagónico”, asegura.

De igual manera, critica a los colegios de ingenieros y arquitectos por no actuar en la mejora de las obras públicas y del sistema de contrataciones. Asegura que el conjunto de estos factores termina con la deficiente calidad de las obras públicas que conlleva a perjudicar la calidad de vida de la población.

Detalladamente, Borja Suárez indica algunas causas de la deficiente calidad en las obras públicas como la injerencia política en decisiones técnicas, problemas de estudios técnicos, materiales inadecuados, vacíos legales, baja participación de otras entidades, bajos controles de calidad, deficientes procesos en la adjudicación de obras, entre otros.

PROPONIENDO SOLUCIONES

La primera propuesta plantea la participación de representantes de los colegios profesionales en las obras de mayor o igual costo a 100 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, lo equivalente a tres millones 950 mil soles.

“Podemos pensar en que la ley obligue a los municipios o gobiernos regionales a que los colegios profesionales participen no como veedores, sino como miembros titulares en los comités de las obras más emblemáticas”, indica Manuel Borja.

Asimismo, propone la creación de un Registro Nacional de Proveedores para ingenieros residentes y supervisores.

“A cuántos ingenieros, en el mejor de los casos, nos han falsificado los currículos o algún documento. A veces hay denuncias contra ingenieros en una obra, pero están denunciados en otra. En el peor de los casos, el mismo ingeniero con su consentimiento vende su currículo porque cumple los requisitos y puede estar en varias obras. Al final el que ejecuta la obra no es el que ganó, sino otra persona”, expresa.

De esta manera, se propone que a través de un sistema virtual del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, se pueda saber si un ingeniero está trabajando en una obra y así, se le imposibilite postular en otra.

Un tercer problema son las obras ejecutadas sin supervisión. Según afirma Manuel Borja, algunas entidades convocan la supervisión después de la licitación.

“La ley no dice nada de eso. Muchas obras se ejecutan y la supervisión recién llega faltando uno o dos meses para culminar la obra. ¿Qué supervisor quiere hacerse del problema de una obra mal construida?”,  cuestiona.

En tal sentido, se plantea la obligatoriedad de designar la supervisión previa a la licitación del contratista. Asimismo, cree que el sistema de los inspectores no está funcionando.

Manuel Borja también propone la creación del Registro Virtual de Cartas de Fianza – REVCAFI, por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS. En tal sentido, señala que las cartas fianzas no emitidas por la SBS no deberían proceder y así se evitaría la corrupción.

Asimismo, propone la participación obligatoria por ley de tres postores como mínimo en la primera y segunda convocatoria.

“Chile tiene un sistema más transparente y en promedio se presentan seis empresas en cada licitación de obras públicas. Por otro lado, en el Perú estamos en 1.4”, explica.

La sexta propuesta señala como solución a largo plazo la creación de una Superintendencia Nacional de Obras Públicas – SUNOP, con la finalidad de fiscalizar, sancionar y denunciar de oficio a cualquiera de los involucrados en el período de vida de un proyecto.

“Habría que cambiar la Ley de Contrataciones, la Ley de Contraloría, la Ley del OSCE, pero yo creo que si no hacemos nada vamos a terminar como México donde las obras públicas se relacionan con el narcoestado. Según los estatutos, no se le permite a la Contraloría sancionar a empresas privadas, solo a funcionarios públicos”, sugiere Borja Suárez.

PROYECTO: COV

Manuel Borja propone finalmente implementar el uso de cuadernos de obra virtuales en reemplazo de los cuadernos de obra físicos y migrar a medios tecnológicos con muchísima más ventaja.

Igualmente, critica a los cuadernos de obra al resultar poco descifrables.

“Solo le sirve al que anota, a veces ni el supervisor lo entiende. Cuando va Contraloría tiene que mandar a traducir los cuadernos”, expresa.

Las debilidades que presentan los cuadernos de obra son las copias poco legibles, solo se puede escribir textos, la “pérdida” de algunas hojas, la susceptibilidad al daño físico. La accesibilidad al cuaderno solo se da en el lugar de la obra, solo puede anotar el ingeniero residente, supervisor e inspectores. El inicio de obras sin la disponibilidad del cuaderno, el llenado se termina el último día y la búsqueda de la información es lenta.

“La propuesta es la creación de un COV a través de un programa informático que le permita tanto al ingeniero residente y supervisor realizar anotaciones con una clave de acceso que la tendría que otorgar el OSCE. Si nos entregan claves para las cuentas de banco por qué no para el cuaderno de obra”, señala.

Asimismo, indica que las anotaciones tienen que ser diarias con un registro automático de fecha y hora. Sin embargo, la potencia del COV no está solamente en la rápida visualización de los ingenieros, sino que daría opción a los organismos de control para que verifiquen las anotaciones del residente y supervisor.

“Ellos no podrían anotar, pero sí visualizar porque es información pública. El dinero no es del contratista ni del alcalde ni del regidor, es del Estado, por lo tanto, de todos nosotros. Estamos en todo derecho a saber cómo se emplea nuestro dinero”, explica Borja Suárez.

Las ventajas del COV radican en que sería imposible adulterar o eliminar anotaciones, argumentar la “pérdida” del cuaderno, registrar fotos y videos, posibilitaría el acceso a otras entidades interesadas e involucradas como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, los colegios profesionales, las asociaciones civiles, entre otros.

“Todo lo que registro queda documentado no se puede borrar, pero sí corregir en otro asiento”, asegura Manuel Borja.

Del mismo modo, la accesibilidad podría darse a través de celulares y tabletas, también se podría verificar los avances y calidad de la obra en línea e, igualmente, permitir al contratista la detección de problemas a tiempo.

“Una empresa que tiene varias obras en el país podría monitorear sus obras y los organismos de control detectar problemas a tiempo”, explica.

CASO MÉXICO Y PRUEBAS PILOTO

Según Borja Suárez, el único país en Latinoamérica donde se aplica este sistema es México, donde tiene el nombre de Bitácora Electrónica de Obra Pública y es obligatoria desde el 2010.

“Actualmente, hay congresistas en México que están pidiendo que a estas bitácoras no solamente tengan acceso el residente, el supervisor y la entidad, sino quieren ir más allá y lograr que esto sea público”, explica.

En marzo de 2015, los legisladores mexicanos Ricardo Anaya y Fernando Rodríguez presentaron la iniciativa para que las bitácoras sean públicas y así evitar actos de corrupción.

Por otro lado, Manuel Borja indica que se están realizando pruebas reales en Lambayeque en algunas empresas, por ejemplo, con la constructora que ejecutó el “Mejoramiento y Ampliación de Espacios Educativos del Colegio Sara Bullón” de la provincia de Lambayeque.

“Esto se maneja de forma interna con la empresa, porque no es obligatorio. Hay algunas descripciones de lo que se está haciendo en el momento. Esto está al alcance del gerente de obra, jefe de logística, jefe de abastecimiento, contador y del todo el personal involucrado en una obra para el caso de obras privadas”, indica.

Señala que en caso de obras públicas, estaría el alcalde, el jefe del Órgano de Control Interno – OCI, el gerente de infraestructura, los inspectores, entre otros.

“Esto se ha validado con unas encuestas a expertos en la Ley de Contrataciones, donde más del 50 % dice que la accesibilidad es buena, el 85 % señala como buena la posibilidad de detectar problemas a tiempo y eso es lo que necesitamos, no cuando la obra está terminada”, asegura Manuel Borja.

Finalmente, recomienda que el COV sea implementado internamente en todas las empresas constructoras y sostiene que el Estado debería evaluar la posibilidad de implementarlo obligatoriamente con la previa modificación de la Ley de Contrataciones vigente.

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A 149 millones 956 mil 83.37 soles ascendió el total de recursos estatales destinados a la ejecución de 22 obras que hasta fines del 2015 estaban paralizadas en Lambayeque, según información administrada por la Contraloría General de la República. La mayoría de estos proyectos se concentran en el distrito de Olmos.

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 respuesta de DANIEL SANTOS el 2019-09-11.

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