La principal deficiencia en la gestión pública es la falta de transparencia, así lo indica la magíster Gisela Zelada Cortez, ex Jefa del Departamento de Logística del Congreso de la República y actual docente en la Maestría de Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, Chiclayo. Comenta de la importancia de la meritocracia en relación a la designación de funcionarios públicos y sostiene que la formación en valores éticos en todos los niveles educativos sería fundamental para la reducción de la corrupción.
Las entidades del Estado están al servicio del ciudadano para ofrecerles diversos recursos, calidad de vida y darle más a los que tienen menos para lograr la equidad. En tal sentido, son los ciudadanos quienes tienen el derecho de conocer en qué se gasta el dinero público.
Gisela Zelada manifiesta que a pesar de la existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la transparencia como uno de los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, no existe conciencia sobre esto entre los funcionarios y directivos en relación a sus actos.
“Los ciudadanos debemos ver todo lo que se hace. La transparencia es el camino que nos va a llevar a hacer bien las cosas, porque si todo el mundo sabe lo que hacemos, tendremos el debido cuidado de hacerlo bien y que los recursos financieros del Estado, e incluso los recursos humanos, no se disparen y se vayan a otro lado”, asegura.
TRANSPARENCIA EN ENTIDADES PÚBLICAS
Desde el 2010, las entidades públicas cuentan con un portal de transparencia donde se puede conocer cómo se está desarrollando la gestión respectiva. Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública permite a la población solicitar todo lo concerniente a los procesos y acciones que cumplen las dependencias estatales.
“Me atrevo a decir que el Portal de Transparencia funciona en un ‘cumplo y miento’, porque solo se registra en los portales web información estadística que muchas veces no dice mucho y no da luz que los recursos estén siendo bien utilizados. Asimismo, cuando vamos a una entidad a solicitar información, los servidores públicos no están preparados para darla. Uno conversa con el otro, te dicen que esperes o regreses mañana”, lamenta Zelada Cortez.
En tal sentido, Gisela Zelada remarca la falta de capacitación a funcionarios públicos en el conocimiento de las leyes, derechos y obligaciones. Esto genera que algunos funcionarios, sin mala intención o dolo, no realicen funciones eficientes.
“Tengo maestrantes, algunos gerentes en municipalidades, que desconocían la existencia de la Ley del Código de Ética de la Función Pública. Entonces, al sentirse capacitados en la maestría, sienten que se les abren caminos para hacer un mejor trabajo. Hay leyes y normas, pero no se aplican, están puestas en el tintero o son un saludo a la bandera”, expresa.
Gisela Zelada manifiesta que la Ley del Código de Ética de la Función Pública, promulgada en el 2002 durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue pensada como ayuda para minimizar el grado de corrupción en las entidades públicas dejado por el gobierno de Alberto Fujimori.
“Es una ley bien dada, con derechos y obligaciones de servidor público, pero no se aplicó. En el 2005, salió el reglamento de esta ley donde se detallaba un poco más lo que era su aplicación y se pide que todos los servidores y funcionarios públicos tengan conocimiento de esta, pero tampoco funcionó”, señala.
Tampoco resultó cuando en el año 2009, según indica, se emitió una directiva que pide la promulgación de este reglamento para su aplicación a fin de aminorar la corrupción. Para el año 2012, salió una nueva directiva, cambiando el nombre a la anterior, promoviendo esta ley y su reglamento, con el adicional de premiar a los funcionarios que la cumplan.
“Sin embargo, por los niveles de corrupción que tenemos parece que esto no prospera. Tenemos una base legal muy rica, que algunas veces se contrapone, pero sí existe. Personalmente, falta capacitación y sobretodo formación en valores. Mientras que las personas, no solamente los servidores públicos, no estén formadas en valores éticos, la aplicación de las leyes no nos servirá de mucho”, afirma.
Por otro lado, Gisela Zelada indica que la aplicación de una ‘muerte civil’ para funcionarios corruptos, propuesta en la campaña presidencial por el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, solo solucionaría el problema en esa persona.
“Viéndolo desde el fondo, ese exfuncionario público pasará a ser un tercero y la corrupción no solamente está en el sector público, porque si tampoco hubiera proveedores dispuestos a pagar a un funcionario público, no existiría la corrupción”, explica.
Lo primordial, según manifiesta, es capacitar a los funcionarios públicos en la base legal que tiene el aparato estatal. En segundo lugar, la formación en valores éticos.
“Según el cuarto eje temático: ‘Estado eficiente y descentralizado’ del Plan Bicentenario: el Perú al 2021, tenemos una política de Estado llamada ‘Ética, transparencia y erradicación de la corrupción’, donde se podría implementar una formación en valores éticos en todos los niveles, desde inicial, primaria, secundaria, estudios superiores, inclusive en maestrías y doctorados, donde se evalúe el nivel de conocimiento de estos valores”, comenta.
Asimismo, Zelada Cortez cree que iniciando en este próximo gobierno una política de Estado que le dé prioridad a la formación en valores éticos podría ayudar a la aplicación de las normas existentes, a tener personas que le digan no a la corrupción y al favoritismo personal. De esta forma, los ciudadanos volverían a confiar y creer en las instituciones públicas, actualmente invadidas por la corrupción.
“Siempre le digo a mis alumnos que la lucha contra la corrupción depende de nosotros, el saber decir no al favoritismo, al bien personal, porque los recursos del Estado son para la población”, remarca.
VALOR AL MÉRITO
Son 250 instituciones públicas que se encuentran en tránsito a la Ley del Servicio Civil, según señala el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, Juan Carlos Cortés. Esta norma promueve la meritocracia que hace referencia al mérito que alcanza cada uno de los servidores públicos para lograr un puesto mayor y con mayor responsabilidad, al estar capacitado y tener la experiencia para el puesto.
“Sería excelente que un servidor público logre alcanzar un cargo de funcionario por merito propio estando realmente capacitado y siendo totalmente capaz para este. La meritocracia permitiría tener funcionarios idóneos”, manifiesta Gisela Zelada.
La Ley del Servicio Civil señala que el 80 % de los servidores públicos deben ser nombrados por meritocracia y solamente el 20 % por confianza en el grado político, como lo es nombramiento de los ministros otorgado por el Presidente de la República junto con el Presidente del Consejo de Ministros.
“El titular de cada entidad promueve sus mismos funcionarios, pero lógicamente sería ideal los concursos para cargos no políticos. La Ley SERVIR busca establecer requisitos que deben cumplir los funcionarios, así sean un cargos de confianza, como capacitación e idoneidad para el puesto. Hace tiempo conocí el caso de un gerente de Recursos Humanos que era veterinario y no es que sea malo, pero no tenía la preparación ni la capacitación para serlo”, comenta.
Zelada Cortez lamenta que algunos de los concursos públicos que se realizan tengan ‘nombre y apellido’ y sean solo parte de la formalidad, porque la ley así lo exige.
“SERVIR es el ente encargado de supervisar que los concursos públicos sean realmente transparentes y se elija a la persona idónea. Hay empresas especializadas en recursos humanos para realizar estos concursos públicos y, a través de SERVIR, esto podría ser supervisado, sería excelente”, manifiesta.
MEJORANDO LA GESTIÓN PÚBLICA
La modernización de la gestión pública podría lograr más ciudadanos satisfechos con la labor de las entidades públicas, y es que el Sistema de Modernización del Estado impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros apunta a que la gestión esté orientada al ciudadano.
Siendo así, Gisela Zelada indica que las entidades públicas tienen que trabajar como las privadas, en el sentido de darle la importancia al cliente, en este caso los ciudadanos.
“Trabajar empresa-cliente como entidad-ciudadano y con eso tener un estado eficiente y descentralizado. Como dicen en las empresas: los clientes tienen la razón, igualmente el ciudadano tiene que tener la razón”, asegura.
La implementación de la gestión pública por resultados apunta a que los recursos financieros y humanos tengan como finalidad que el ciudadano alcance una mejor calidad de vida. Por tal motivo, se trabaja como principal orientador de esta política que todas las gestiones, actividades y proyectos que realicen las entidades públicas estén orientadas al ciudadano, que haya articulación entre las distintas entidades a fin de alcanzar metas y que haya transparencia en las gestiones y rendición de cuentas.
“Hay que consultarle a los ciudadanos, porque ellos saben lo que se necesita. Por ejemplo, sé de una carretera que un alcalde hizo en Amazonas con un buen proceso de selección, la carretera fue una de las mejores, pero al final, al poblador no le sirvió y no la usaba, porque no era lo que necesitaba. El resultado tiene que estar orientado a lo que necesita el ciudadano”, comenta.
A pesar de la existencia de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, no existe la participación ciudadana. Además, Zelada Cortez indica que los proyectos de las gestiones deben ser sostenibles y no de una sola vez.
“Pasa con las obras públicas que el gobierno siguiente no les da mantenimiento. Por ejemplo, tenemos parques sin limpieza pública, simplemente porque son obras del gobierno anterior”, manifiesta.
Uno de los pilares contemplados en la gestión pública por resultados de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.
“Cada entidad adquiere los bienes y/o servicios que necesitan, se utilizan, pero no se monitorea si está orientado al ciudadano, si hay un impacto o si tiene el resultado que se necesita. La rentabilidad de las entidades públicas, a diferencia de las privadas, se refleja en tanto lo que gasta mejora la calidad de los ciudadanos”, añade.
La gestión del conocimiento, como parte de este último pilar, hace referencia a los conocimientos adquiridos por las gestiones de cada gobierno en las actividades que realizaron y que podría ayudar a las nuevas gestiones a no cometer los mismos errores y ver qué sí funcionó.
“Lamentablemente, cuando se cambia de gestión, la experiencia y conocimiento adquirido se pierde y no queda plasmada en un documento. En el Perú no existe la gestión del conocimiento, la cual debe implementarse y quedar documentada para que las nuevas gestiones tengan el conocimiento que eso funcionó y tuvo eficacia”, sustenta.
Finalmente, la gestión por resultados debe darse bajo tres niveles de gobierno: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación institucional. El primero, nos dice que todo debe ser comunicado y, además, consultado.
“El gobierno electrónico se da al subirse información en las páginas webs. Sin embargo, ahora con las aplicaciones móviles se podría informar problemas a las autoridades y viceversa, así como lo hace la Municipalidad de Miraflores”, afirma Gisela Zelada.
Asimismo, resalta como ejemplo de articulación interinstitucional el trabajo del Programa Juntos, donde están articulados algunas entidades como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para mejorar la calidad del servicio.
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