La agitación no cesa en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El martes y miércoles último funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque ingresaron a distintas áreas de la comuna para recabar in situ la documentación que permita determinar si la denuncia presentada por los regidores de oposición, por presuntas sobrevaloraciones, tiene o no sustento.
En tanto, el gerente general Ruperto Castellanos Custodio ofreció una conferencia de prensa en la que minimizó no solo la denuncia, sino los montos pagados por el municipio en la compra de repuestos, madera y lubricantes.
Casi al mismo tiempo, los concejales Guillermo Segura Díaz y Liliana Barrantes Piscoya concretaban visitas a diferentes instituciones como la Oficina Regional de la Contraloría General de la República y el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, para entregar abultados compendios sobre presuntas irregularidades en las obras que ejecuta el municipio bajo la administración del alcalde David Cornejo Chinguel.
DENUNCIA AMPLIADA
El lunes 20 ingresó al Ministerio Público la denuncia presentada por los regidores de oposición por 11 presuntos casos de corrupción en la comuna provincial, referidos todos a compras sobrevaloradas por más de 38 mil soles.
Los regidores han denunciado los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, concusión, peculado, colusión y omisión de funciones.
De estos 11 casos, ocho se tratan de adquisiciones directas realizadas por la municipalidad este año, figurando entre ellas la compra de madera, de un arrancador para una unidad vehicular de la Subgerencia de Residuos Sólidos, de arena, calaminas, cemento, ladrillos y piedra chancada; de una bomba hidráulica y de otros repuestos.
Se denunció también posibles irregularidades en la compra de aceites, lubricantes y filtros para el pul de maquinarias del municipio.
Asimismo, al Órgano de Control Interno – OCI, se denunció la contratación de Lucía Culqui Pacaya, hermana de la subgerente de Coordinación de Alcaldía, Susana Culqui, quien fue designada por la Gerencia General para formar parte de los comités de adquisiciones al poco tiempo de ingresar a trabajar bajo la modalidad de locación de servicios.
El martes los concejales acudieron nuevamente al Ministerio Público para presentar la ampliación de la denuncia, esta vez por indicios de irregularidades en obras como el aparente uso de informes de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, La Libertad, para la elaboración de proyectos, así como direccionamiento de las bases de contratación.
Por esta razón, los regidores de oposición solicitaron al Colegio de Ingenieros la revisión de los documentos y la elaboración de informes técnicos que permitan actuar con celeridad al Ministerio Público.
RESPUESTA MUNICIPAL
El miércoles 15 d.c., el mismo día que los regidores de oposición anunciaron en conferencia de prensa la presentación de las denuncias al Ministerio Público, el alcalde David Cornejo Chinguel, en sesión de concejo, dijo que denunciaría penalmente Guillermo Segura por haber señalado que en el municipio operaba una asociación ilícita para delinquir, dándole 48 para demostrarlo.
La advertencia fue lanzada luego que Susana Culqui, su hermana y una allegada a programas sociales agredieran física y verbalmente al concejal en el Palacio Municipal.
Al día siguiente, jueves 16, ingresó a la fiscalía la denuncia penal con el petitorio de Ruperto Castellanos para que se investigue los presuntos delitos contra la administración pública y contra la tranquilidad pública, en su figura de asociación ilícita para delinquir, señalados por los regidores.
En su escrito, el Gerente General de la comuna adjuntó la trascripción de lo declarado por el primer regidor en la conferencia de prensa previa, refiriendo básicamente que este y los demás integrantes de la oposición habían difundido una noticia criminal que “afecta a toda la comunidad chiclayana”.
“Considerando que lo vertido por los señores regidores lo han hecho en uso de sus facultades como seres humanos y conscientes de lo que pueda generar una mala noticia criminal, a la afectación y buena imagen de la entidad edil, que a pesar de estar decaída por los actos de corrupción del gobierno edil anterior, esta se viene levantando para dar una buena imagen acorde a los requerimiento de la colectividad”, señala la denuncia, solicitando al Ministerio Público llamar como testigos a los regidores e investigue de manera “minuciosa y responsable”.
PEDIDO DE INVESTIGACIÓN
Ruperto Castellanos ha cuestionado que en la denuncia que los concejales presentaron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción solo se hayan sustentados 11 presuntos casos irregulares y no 30 como días atrás había anunciado Segura Díaz y sus colegas.
“¿Qué casos? Están hablando de un arrancador de un vehículo con el que supuestamente nos habríamos enriquecido con mil 200 soles, de la compra de madera y de baterías que se habrían sobrevalorado. ¿De eso estamos hablando?, ¿eso era lo trascendente?, ¿esa era la corrupción que ha motivado los titulares? Desde luego sabemos muy bien que un sol o cien soles constituyen un delito que no debe darse”, señaló.
El gerente general del municipio anotó que si los concejales de oposición hubieran solicitado la información a las áreas correspondientes se habría clarificado el asunto.
“Una cosa es comprar un arrancador de marca original y otra cosa es comprar un chino o chauchilla que se compra en cualquier lugar. ¿Podemos encontrar diferentes precios? Encontramos. Todo eso tiene que analizarse y evaluarse, pero alegremente se hizo una denuncia y se nos tildó como que había una asociación ilícita para delinquir, y eso es lo que rechazamos como funcionarios”, mencionó.
LA CONTRATACIÓN
Castellano Custodio también hizo referencia a la contratación de Lucía Culqui, respondiendo así a la imputación realizada por los regidores de oposición, quienes manejan la hipótesis que su ingreso a la gestión municipal fue exprofesamente para participar de los procesos de adquisición.
“No hay nepotismo, no existe nepotismo y si los regidores no saben la definición no van a entender la figura. La contratación la hicimos en razón de los méritos que la señora tiene como técnico mecánico, salvo que seamos machistas y que consideremos que una mujer no puede desempeñar esas funciones, pero ella tiene todos los requisitos y exigencias para desempeñarse como tal, y no solamente lo ha demostrado acá, sino también en el extranjero”, aseveró.
De este modo, el gerente general del municipio rechazó que la convocatoria de Lucía Culqui Pacaya sea irregular.
“Tampoco es irregular que haya participado del comité de adquisiciones porque en un proceso de esta naturaleza debe haber tres titulares y tres suplentes. Cuando falta un titular, el suplente lo cubre. No hemos cometido ningún error que invalide los hechos o una falta. Por esta razón rechazo de manera categórica la calificación que se quiere dar y la comparación que se quiere hacer con otras gestiones”, indicó.
El factor Culqui
Lucía Culqui ha sido contratada por locación de servicios en la Municipalidad Provincial de Chiclayo desde noviembre del año pasado para ocupar la plaza de mecánica automotriz en la Subgerencia de Servicios Generales, con una remuneración de tres mil 866 soles, a pagar en partes mensuales.
Culqui Pacaya estudió Mecánica Automotriz en el Instituto República Federal de Alemania entre 1985 y 1988, fue certificada en el mismo rubro por el SENATI en 1992 y entre el 2009 y el 2011 estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Señor de Sipán. Aún no es titulada.
Ha trabajado como encargada de mantenimiento preventivo y/o correctivo en Vehículos SA Chiclayo, entre el 92 y el 96; luego entre el 96 y el 99 en el área de Recepción de Unidades del Taller El Círculo, en Uruguay, y luego en la sede de Toyota Chiclayo, hasta el año 2000.
Por la naturaleza de su contrato no fue necesario convocar a un concurso público. Según ha indicado Ruperto Castellano se le eligió “entre los currículos presentados por varios profesionales”.
El funcionario también negó que se haya generado un requerimiento orientado a su contratación basándose en su perfil.
Sin embargo, Castellanos Custodio dijo dos cosas importantes en la conferencia que ofreció el martes 21 d.c. La primera, que hay trabajadores que boicotean a la gestión. La segunda, que la contratación de Lucía Culqui garantizaba confianza a la gestión municipal de un procedimiento correcto. Lo que no queda claro es si la confianza se debe también al parentesco familiar entre esta y la coordinadora de la alcaldía, Susana Culqui, personal de confianza designada por el burgomaestre David Cornejo.
PRESUNTO NEPOTISMO
“Nos hemos presentado a las oficinas de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque y luego a la Oficina de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en tanto que las contrataciones irregulares y el posible nepotismo que existiera se constituirían en una falta administrativa por la cual debe haber una investigación”, señala Guillermo Segura.
El concejal explica que está prohibida la contratación de un familiar directo de quien resulta designado por confianza en un cargo, como es el caso de Susana Culqui Pacaya, quien se desempeña como Subgerente de Coordinación de Alcaldía por encargo del burgomaestre David Cornejo.
La Ley N° 26771, conocida también como la Ley contra el nepotismo, ha sido modificada, con el afán de endurecer los supuestos en que se aplicaría dicha norma. Así, se incorporan y precisan tres cambios importantes: los grados de parentescos alcanzados, las acciones a prohibir y los tipos de modalidad de contrataciones.
En ese sentido, se precisa que los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del sector público, así como de las empresas del Estado, se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes.
“Hemos presentado la resolución de alcaldía que designa en un cargo de confianza a la señora Susana Culqui, así como los contratos de su hermana, quien no solo ha sido contratada para cumplir funciones específicas en su condición de profesional, cosa que nadie cuestiona, sino que además de forma inmediata pasó a integrar comités de adquisiciones en la municipalidad, lo que pone en evidencia relaciones que son dignas de investigación para establecer la responsabilidad ético – administrativa que existe de parte de algunos funcionarios”, explica.
EN ALERTA
Guillermo Segura refiere que es importante que la labor de fiscalización a la gestión de David Cornejo se esté dando con acciones que ayuden a agilizar el trabajo del Ministerio Público y no de manera tardía, como sucedió en el gobierno municipal de Roberto Torres Gonzales.
“Hay muchas personas que nos están alcanzando documentos muy importantes y ayudándonos a canalizar estas investigaciones, sobre todo con aportes técnicos en cuanto a la contratación y ejecución de obras públicas. Nosotros, dado que el alcalde no quiere concertar un trabajo conjunto con los colegios profesionales e incluso ha agraviado a sus decanos, hemos ido al Colegio de Ingenieros y al Colegio de Arquitectos para sistematizar la información y elaborar algunos informes previos, de forma tal que cuando el Ministerio Público reciba las denuncias no acuse que no tiene recursos para los peritos”, expresa.
Finalmente, precisa que la información que se alcanza a la fiscalía permitirá que no se dilaten los tiempos y se pueda actuar de inmediato para sancionar, de ser el caso, los hechos irregulares que se puedan detectar.
“Hemos tomado contacto con la Comisión Nacional Anticorrupción y estaremos viajando a Lima para sustentar nuestras denuncias y pedir la inmediata intervención en el caso de Chiclayo”, aseveró.
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