Segura de los objetivos que quiere lograr como ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello dialogó ampliamente con Expresión durante su reciente visita a Chiclayo, abordando diversos temas que atañen a las competencias de su portafolio y, sobre todo, poniendo énfasis en aspectos medulares como el sistema penitenciario y el rol de las procuradurías.
La flamante ministra resalta que el Plan de Gobierno emprendido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tiene ideas matrices en temas de Derechos Humanos, compromisos concretos con víctimas, desaparecidos, desplazados, poblaciones vulnerables y los problemas penitenciarios, a lo que además se suma la propuesta de promover las penas acumulativas de manera progresiva para quienes cometen delitos.
Pérez Tello sostiene además que la iniciativa presidencial, tal como se anunció en el mensaje a la nación del 28 de julio, de crear un organismo autónomo para la defensa del Estado, es otro de los aspectos que la motivaron a aceptar la invitación de hacerse cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“Nosotros tenemos una propuesta de ley en ese sentido desde la época de la comisión Belaunde Lossio. En esa comisión se hicieron una serie de propuestas legislativas que se aprobaron, pero finalmente, por la lógica parlamentaria, no llegaron a debatirse y que ahora podremos implementar. Esta lógica partía de la necesidad y la premisa de establecer un sistema de procuraduría autónomo donde se privilegie la carrera pública y la meritocracia, de manera que todos supiéramos que el procurador del Estado representa al Estado y no al gobierno. Entonces, ya lo anunció el presidente también en el discurso, una procuraduría autónoma”, expone.
Para la ministra, el aporte de reconocidos hombres del Derecho, como el exfiscal Avelino Guillén y los exprocuradors José Ugáz y Julia Príncipe, así como de organizaciones como Proética, será fundamental para esquematizar las bases del nuevo sistema de defensa del Estado.
“Esto, por supuesto, acompañado con un gobierno abierto y con un tema de sanción y de no impunidad, que es clave. Si bien es cierto ya hemos corregido en el Código Penal la sanción para funcionarios públicos, porque debería ser sin duda agravada, las personas tienen que sentir que si un delincuente es sancionado, uno que además tiene un poder que le ha concedido el Estado debe ser doblemente sancionado, porque no solamente ha cometido un delito sino que ha traicionado la confianza ciudadana”, señala la excongresista de la República.
PROBLEMA CARCELARIO
Sobre las políticas de resocialización aplicadas en los establecimientos penitenciarios del país y los problemas que actualmente se presentan por el hacinamiento y el índice de criminalidad desde los penales, Pérez Tello menciona que existe responsabilidad del Estado en garantizar el respeto a los Derechos Humanos, pero no solo de los ciudadanos libres en cuanto a seguridad ciudadana y vida digna, sino también de quienes están cumpliendo condenas.
“En seguridad ciudadana, nosotros tenemos transversalmente, además de los temas de Derechos Humanos que están en todo este aspecto, la Dirección Nacional de Política Criminal y Penitenciaria y el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, que necesita ser replanteado. Hay cosas que se han hecho bien, pero hay una cifra que habla por sí sola. Nosotros empezamos el 2011 con cerca de 40 mil personas privadas de libertad y terminamos al 2016 con 80 mil personas en las cárceles y 10 mil más en medio libre. Esas 80 mil personas concentran el 6 % de la tuberculosis de todo el Perú, que además se multiplica con el hacinamiento, entonces se explica por sí solo y hay que combatirlo”, detalla la integrante del Ejecutivo.
Menciona que aun cuando es posible plantear una política de reinserción, de resocialización o de educación y trabajo para las personas privadas de libertad y seguridad, estas resultarán insuficientes debido a que los penales están sobrepoblados.
“El hacinamiento incrementa la posibilidad de expandir enfermedades infectocontagiosas como el VIH o como la TBC drogo resistente, como hay en el penal de Lurigancho. Entonces, esas cosas hay que verlas, en Lurigancho cada día entran cinco mil mujeres y mil 800 hombres de visita, se imaginan el foco infeccioso que puede ser eso. Es realmente grave y hay que tratar de corregirlo, no solamente se trata de aprovechar los penales que tienen capacidad instalada para mejorarla, pero también hay otros penales donde ya no se puede construir más, como Castro Castro, por ejemplo”, refiere.
ESTERILIZACIONES FORZADAS
Marisol Pérez Tello habla también sobre el archivamiento fiscal de la denuncia por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La ministra no oculta su molestia por la decisión, pues considera que existen elementos suficientes para profundizar en las investigaciones, máxime por informes de la Defensoría del Pueblo y decretos del propio portafolio de Justicia reconocieron la vulneración de los derechos de más de 270 mil mujeres con dicha política de planificación familiar.
“Hay una violación de los derechos fundamentales. Lo que dice la Fiscalía es que sí se configura un delito, pero lo que no se configura es lesa humanidad. Lo que ellos no pueden hacer con los elementos de juicio que tienen es vincular la esterilización con una política pública orientada a eso. Ahora acá hay dos caminos: el de la apelación, que el proceso judicial se lleve, que tome en cuenta o se separe de esta posición y que las victimas que van a continuar en esto no cesen en la pelea que va a llegar a la Corte Interamericana. Asimismo, que al comprobar los hechos individuales se establezcan parámetros que permitan afirmar que, por lo menos, hubo negligencia en la supervisión de la política pública que se implementó o que efectivamente se demuestre que no, yo creo que la verdad es lo que todos estamos buscando”, enfatiza.
Agrega que “nadie está buscando sancionar ni exculpar a alguien, lo que todos queremos es saber qué pasó exactamente y si estas marchas y contramarchas en una investigación fiscal y luego judicial son parte de los procesos, hay que esperar con serenidad, tranquilidad y confianza, pero sin duda lo que vamos a hacer desde el Ministerio de Justicia es impulsar toda la búsqueda de la verdad”.
BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS
Inmediatamente, confiesa que otra de sus motivaciones para aceptar el encargo del presidente Pedro Pablo Kuczynski es el llevar adelante el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, responsabilidad que el Estado, por Ley, ha asumido recientemente.
“La ley de búsqueda de desaparecidos tiene sin duda un compromiso del presidente que ha sido sin duda para mí el impulso final para tomar la decisión de estar ahí. Yo creo que no hay derecho que por más años, a pesar de estar la voluntad, existan personas buscando a lo largo y ancho de nuestro país a sus hijos, hermanos, padre o madre. Esto tengo que reconocerle al expresidente Ollanta Humala, porque en su última etapa de gobierno hizo algo que honró no solo a la Presidencia de la República, sino a las fuerzas que él representaba, porque él es militar. Tengo que reconocerlo públicamente, porque es un acto de valor y valentía. Buscar la verdad siempre es complicado, hay gente que no le gusta la verdad”, sostiene.
DERECHOS LGTBI
Asimismo, resalta que su presencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será para velar también por las minorías y poblaciones vulnerables, como la comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales – LGTBI, a quienes el nuevo gobierno ha ofrecido amparar con el reconocimiento de sus derechos civiles.
Recuerda que como presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de la República fue quien incorporó el crimen de odio en la legislación penal, precisando como supuesto agravante en el que una persona LGTBI sea violentada.
“Es verdad que la comunidad LGTBI hubiera querido que se explicara dentro de los supuestos de discriminación razones de sexo, edad, raza, orientación sexual, pero es verdad también que es muy difícil legislativamente empujar determinadas reformas si no se tienen consensos. El consenso que yo logré fue por el crimen de odio por cualquier tipo de discriminación. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los supuestos de discriminación implican no solo sexo, raza, origen étnico, cultural o religión, sino también orientación sexual”, explica.
Comenta además que su militancia pepecista no representa restricción alguna para impulsar el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI, pues no se considera conservadora, sino más bien progresista.
“Yo no voy a tener ningún temor de hacer y avanzar en esto, somos una sociedad conservadora, yo creo que eso es lo difícil y tenemos que empezar a decodificar una serie de cosas que no son correctas. Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y esos deben estas garantizados por la ley”, señala.
Finalmente, Pérez Tello considera que necesario que en el currículo escolar nacional se incluyan pasajes de la historia reciente del país como el gobierno autocrático de Alberto Fujimori, las secuelas de la corrupción y la violencia terrorista.
“Sin duda, eso tiene que hacerse y hacerse como parte de la historia de nuestro país. Así como se tiene que reconocer las cosas que se hicieron bien en el gobierno del señor Fujimori, también tenemos que incorporar las cosas que no se hicieron bien y no se tienen que repetir. Además, la privación de libertad de Fujimori responde a esas cosas, no a las que hizo bien y que el Perú le agradece. La historia tiene que ser contada como fue, con lo bueno y malo, con lo feo, lo digno y lo que nos avergüenza. De manera que las futuras generaciones no repitan esos errores de silencio cómplice que muchos cometimos ante el miedo que nos quitó la libertad. Asimismo, creo que la única manera de combatir a MOVADEF es diciendo todo lo que el terrorismo generó, porque fue gran causante de la sangre que fue derramada por miles de peruanos a lo largo y ancho del país”, manifiesta.
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