Los últimos años no han sido alentadores para el sector industrial en el país. El 2014 se cerró con un decrecimiento del 3.7 % y el año pasado la baja fue de 1.7 %. Este año, la proyección sigue esa tendencia, pero lo más preocupante es que la informalidad en las actividades productivas y económicas continúa postergando a miles de trabajadores. Solo en Lambayeque, el 71.8 % de la fuerza laboral activa no está afiliado a un sistema previsional, lo que hace incierta su situación para cuando les corresponda jubilarse.
De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el promedio peruano de afiliación a un sistema de pensiones, sea público o privado, es del 66.2 %, lo que evidencia que la problemática en Lambayeque es mucho más aguda en comparación al resto del país.
Eso impedirá que cuando lleguen a la edad de jubilación los trabajadores queden desprotegidos, debido a que no percibirán ningún tipo de pensión que les asegure su manutención e incluso pueden quedan sin acceso al seguro de salud.
La situación responde a la brecha de informalidad laboral existente en el departamento. Según el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, la precariedad de los trabajadores respecto a sus derechos y beneficios alcanza al 77.1 %, cifra que representa a 474 mil 699 habitantes. A nivel nacional en esta condición se encuentran 11 millones de peruanos.
“En el Perú el 30 % de los trabajadores es formal y tiene todos los beneficios sociales, pero el 70 % de los trabajadores son informales, no tienen ningún beneficio social, no tienen pensiones, no tienen gratificaciones, no tienen salarios dignos ni condiciones laborales adecuadas. Es decir, formas de poder negociar con el Estado. Entonces lo que queremos es una reforma laboral que permita otorgar derechos a los que no tienen, que es el gran segmento poblacional del Perú, donde siete de cada diez habitantes no tienen derechos laborales”, explica Dante Carhuavilca Bonnet, jefe del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI.
LA SOBREREGULACIÓN
El experto señala que otro de los problemas más severos que existen en el país es la sobreregulación hacia las unidades económicas, lo que en muchos casos eleva la valla para que las empresas formalicen sus actividades y, por ende, la condición de sus trabajadores.
Explica, por ejemplo, que el Perú es el octavo país con mayor carga regulatoria en el mundo, de acuerdo al análisis del Foro Económico Mundial, que evalúa el comportamiento de 140 países.
“El Perú está en el octavo puesto de los países con más carga regulatoria en el mundo y ello implica menor productividad, mayores costos para formalizarse, que todo el proceso de innovación y crecimiento en vez de fortalecerse se debilite. Necesitamos un país donde haya regulación, porque esta es buena y genera desarrollo, pero la sobreregulación es mala porque inhibe el crecimiento”, menciona.
Refiere que actualmente la presión regulatoria sobre el sector productivo se concentra en aspectos laborales, tributarios, ambientales, administrativos y municipales. Es decir, todas las funciones en la que tiene participación el Estado.
PERJUICIO DIRECTO
“Queremos que la fiscalización no sea a las mismas empresas de siempre. Normalmente el Estado fiscaliza a las empresas formales, a las empresas grandes, a las que cumplen con las normas laborales y creo que debe fiscalizar al 70 % que no cumple con la legislación vigente. Queremos que haya un sistema de inspección geográfico, y no por listas. Es decir, que se haga un barrido geográfico que agarre a los formales y a los informales, y que no precisamente busque fallas donde sí se cumplen los derechos laborales”, refiere Carhuavilca Bonnet.
El funcionario de la SNI señala que cuando se paralizan proyectos de inversión privada, por ejemplo de minería, no solamente se perjudica el negocio directo, sino también el industrial, porque este último le vende máquinas, repuestos, insumos, uniformes, pero también se perjudica el transportista, el que presta servicios y productos.
“Es una cadena. Entonces, cuando se paraliza un proyecto de inversión hay que tomar en cuenta que no solamente se perjudica a una sola actividad económica, sino a todas las actividades que están interrelacionadas”, remarca.
Dante Carhuavilca comenta que la actividad industrial en el Perú genera en promedio un millón 600 mil empleos directos, e indirectamente cuatro o cinco empleos adicionales por cada trabajador industrial. A esto suma que en el sector la remuneración básica está por encima de lo fijado por ley. En promedio el básico de los industriales es de mil 500 soles, porque hay economía de escala, se innova y se genera producción en gran número.
INFRAESTRUCTURA PARA CRECER
Desde el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI se evalúan los aspectos que afectan a la industria, los factores que impulsan el crecimiento económico y, lo más importante, el impacto de esta sobre bienestar social.
Según comenta su director, está probado que en aquellas regiones donde hay mucha industria el progreso social es alto, y en aquellas regiones donde la industria es débil o tiene un desarrollo incipiente, el progreso de las personas es bajo. Esto implica que existe una relación directa entre el progreso social y la industria.
Por esta razón considera fundamental que desde el Estado se generen condiciones favorables al desarrollo industrial, principalmente con infraestructura básica, zonificación territorial y conectividad.
“La falta de infraestructura es un factor que afecta a todas las actividades económicas y a todas las personas. Se estima que hay un déficit de infraestructura de más de 120 mil millones de dólares, lo que implica menor producción, mayores costos logísticos, mayores tiempos para transportarse, mayor pérdida de horas hombre, mayores costos para exportar o comercializar y menores posibilidades de inversión. La industria y la inversión necesitan de un entorno adecuado para poder desarrollarse y en aquellos lugares donde no hay infraestructura o la infraestructura es mínima, indudablemente es muy difícil que se puedan desarrollar negocios”, indica.
Alternativa para superar la brecha de infraestructura existente en el país es el mecanismo de obras por impuestos, que permite a las empresas ejecutar proyectos específicos a cargo de sus pagos fiscales.
Dante Carhuavilca sostiene que la propuesta es positiva y que en los últimos años ha posibilitado una serie de obras para beneficio directo de la población, como también de las actividades productivas. Sin embargo, remarca que el mecanismo debe ser fortalecido y apoyado.
“Eso implica que una empresa industrial, minera o de cualquier otro tipo de actividad económica, ejecute obras directamente en el lugar en el que se desarrolla, negociando con la comunidad sobre la infraestructura que realmente se necesita, de tal forma que la sociedad se beneficia directamente y la empresa también, porque cumple su rol de generar progreso. Estas obras se ejecutan con la eficiencia, la velocidad y la transparencia que garantiza el sector privado. Estos trabajos se realizan en velocidades distintas porque no tienen tantos procedimientos como sí sucede en el sector público”, asevera.
MAPAS DE RIESGO
Por otro lado, menciona que si bien la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo ha ido mejorando en relación a la norma primigenia, gracias a la interacción entre los privados y el Estado, aún hay algunas situaciones que pueden mejorarse como, por ejemplo, los mapas de riesgos.
“Una cosa es una empresa minera, una metalmetálica o una química, y otra una empresa de servicios o que brinda consultorías. El nivel de riesgos es totalmente distinto. Tenemos que hacer que el mapa de riesgos se dé en función de la actividad económica e incluso de la labor que se desarrolla dentro de una misma empresa, porque una secretaria no tiene el mismo riesgo que un operario técnico, en este aspecto la ley todavía puede afinarse”, enfatiza.
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