La inminente intervención del Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento – OTASS, en EPSEL ha encendido las alarmas en los entes de gobierno de la empresa paramunicipal. El gerente general Néstor Salinas Vásquez ha declarado, a través de un comunicado oficial, que dicha medida no es necesaria, sino más bien que se requiere de mayor presupuesto “para mejorar la gestión y los servicios que se ofrecen”.
Evidentemente la aplicación del Régimen de Administración Transitoria – RAT, especificado en el Reglamento de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, no resulta favorable para los intereses de los alcaldes de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, que representan el mayor paquete accionarial la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, debido a que con la intervención del OTASS quedarían desactivados los órganos de gobierno, como el Directorio, por ejemplo, donde el manejo político ha imperado siempre.
Para que el Consejo Ejecutivo del OTASS resuelva la implementación del RAT debe tener previamente un informe y evaluación de la situación por la que atraviesa la empresa prestadora de servicios, que para el caso de EPSEL fue elaborado por la representante del organismo Gabriela Mendoza Martínez, que a inicios de agosto llegó a la empresa paramunicipal, recogiendo valiosa información no solo de la situación económica de la empresa, sino también de los malos manejos y contrataciones irregulares que realiza la actual administración.
LO QUE DICE LA LEY
De acuerdo al Artículo 53 de la norma, una vez publicada la Resolución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que ratifica el acuerdo del consejo del OTASS, este se convierte en administrador de la empresa de saneamiento y asume las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas, del Directorio y de la Gerencia General, hasta que se designe a un directorio o administrador transitorio, en cuya elección ya no intervienen las municipalidad usuarias.
El Directorio que instala la OTASS se compone de tres integrantes, (actualmente el Directorio de EPSEL tiene cinco miembros), y para la Gerencia General puede recurrir al cuerpo de gerentes públicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. En consecuencia, según la ley, el RAT acaba con la intromisión política en el manejo de la empresa del agua.
Además, durante la ejecución del RAT, el OTASS, a través de su Consejo Directivo, se constituye en el máximo órgano de decisión de la empresa prestadora de servicios, teniendo facultad para, entre otras cosas, aprobar los estados financieros, la modificación del Estatuto, el aumento o reducción de capital y la emisión de obligaciones, la transformación, fusión o reorganización de la empresa.
Asimismo, está facultado para convocar a los acreedores, cuyos créditos son de origen tributario o cuyos titulares son entidades u organismos del Poder Ejecutivo, con el fin de efectuar coordinaciones que pueden involucrar la toma de decisiones para la negociación, fraccionamiento, aplazamiento o refinanciación de dichas deudas.
INTERVENCIÓN A MEDIAS
Sin embargo, a decir del jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Eduardo Gonzales Chávez, la intervención contemplada por la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento no se aplica como tal, y eso obliga al OTASS a ejercer únicamente un proceso de acompañamiento a los órganos de gobierno de las empresas.
“¿Cómo es la intervención que desarrolla el OTASS? Es un proceso de acompañamiento para capacitar, para ayudar, pero eso no es una intervención real. Una intervención real es que se tenga la capacidad de conducir la empresa, de hacer los cambios necesarios para que esta opere como debe ser. No se va a cambiar de dueño, van a seguir siendo municipales, porque así tiene que ser, porque así lo dice la ley, pero el OTASS debe tener capacidad de intervenir para efectivamente hacer que mejore la calidad de los servicios y que tengan la independencia adecuada para que técnicamente se manejen, y no en función a intereses particulares”, señala.
NO EN LA PRÁCTICA
Expresión dialogó esta semana con Gonzales Chávez, quien aseguró que el marco legal vigente permite que las empresas de saneamiento se resistan a la desactivación de sus órganos de gobierno, como el Directorio, la Gerencia General y cese de las competencias de la Junta General de Accionistas.
“Hay en la norma una indefinición, porque el proceso establecido en realidad no queda claro, porque se habla de indicadores y temas que se han planteado, pero no está claro en qué momento puede ingresar el OTASS. En el caso de EPSEL se ha pedido que ingrese al RAT y la empresa se ha resistido y no hay mecanismo concreto para producir una intervención real”, explica.
El representante del Ministerio de Vivienda indica que si bien el OTASS tiene el informe elaborado por la enviada del organismo Gabriela Mendoza Martínez este no resulta suficiente.
“La empresa se resiste porque no hay mecanismos concretos para efectivizar el ingreso del OTASS, la empresa sigue funcionando con sus órganos de gobierno, estos no se han modificado, y en otras partes las cosas son similares”, refiere.
Actualmente en el país hay siete empresas de saneamiento en las que se decidió desde el Consejo Directivo del OTASS aplicar el Régimen de Administración Transitoria. Estas empresas son las de Moyobamba, Tarapoto, Moquegua, Ilo, Iquitos y Nasca, pero en ninguna se ha logrado la remoción del Directorio y la desactivación de las facultades de la Junta General de Accionistas.
“Como el OTASS no ha tenido los mecanismos para realizar una intervención real se ha limitado a acompañar, a gestionar algunos recursos y a la elaboración de proyectos y temas muy puntuales, pero esa no es una intervención real. En ninguna de las empresas mencionadas se ha cambiado al Directorio ni a las gerencias, no se ha tenido la capacidad real de hacerlo, por eso se ha tenido que buscar acuerdos con sus órganos de gobierno para implementar el RAT, pero así no debe funcionar”, indica.
CORRECCIÓN NECESARIA
El jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, señala con las facultades legislativas recientemente concedidas al Ejecutivo, se pondrá en marcha los ajustes al reglamento de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, a fin de permitir que se efectivice la intervención de las empresas tal y como señala la norma.
“Se va a hacer los ajustes legales correspondientes para que esa intervención pueda realizarse en plazos perentorios y rápidos y que efectivamente se tenga la capacidad de mover directorios y gerencias”, añade.
Según indica, en 60 días se podría tener afinada la norma para de esta manera evitar que las empresas de saneamiento se resistan a la intervención de la OTASS, entre tanto, para el caso de EPSEL, las cosas seguirán como hasta hoy.
Por otro lado, Eduardo Gonzales señala que resulta reprochable que el gerente general de la empresa del saneamiento en Lambayeque, Néstor Salinas Vásquez, haya declarado que antes que la intervención lo que EPSEL requiere es presupuesto.
Anota que está demostrada la incapacidad de la administración de EPSEL para ejecutar de manera correcta y eficiente los recursos, citando como ejemplo los cuatro millones 562 mil soles que le fueron asignados para trabajos preventivos por el Fenómeno El Niño, a inicios de este año, y que hasta el momento no han sido invertidos.
“Tienen cuatro millones desde marzo y no los pueden gastar, entonces cómo se le puede dar más dinero a una empresa a la que se le asignó un presupuesto para que ejecute de manera inmediata y no lo hizo, y eso ha generado una emergencia sanitaria en diversos lugares como José Leonardo Ortiz. Es cierto que se necesitan recursos, como en todas las empresas de saneamiento, pero aquí el principal problema es la incapacidad técnica de la gerencia para el manejo económico, además hay una serie de denuncias que tienen que investigarse y también injerencia política que explica la crisis y el problema existente”, asevera.
PROBLEMA GENERAL
Gonzales Chávez refiere que el problema del saneamiento básico y el agua potable de calidad es un mal general en el país, y en muchos casos obedece a la deficiencia técnica de las empresas paramunicipales.
Menciona que en los últimos años se han invertido en el país 29 mil millones de soles en el cambio de las redes de agua y desagüe, pero que en práctica no sirvieron para mejorar los servicios, ampliar la cobertura y reducir la brecha de los sectores que carecen del saneamiento básico.
“Tenemos operadores del servicio que funcionan de manera deficiente. Se han hecho muchos proyectos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de agua y desagüe que implican cambio de tubos. De los 29 mil millones de soles que se ha gastado en los últimos 15 años, cerca del 40 % ha sido para cambiar tubos que no tenían por qué ser cambiados en zonas donde se tiene 8, 14 o 16 horas de agua al día, cuando cerca había zonas que tenían solo dos horas de agua al día, dos horas cada tres días o a la semana y eso no puede ser”, cuestiona.
Añade que en los últimos años se construyeron en 102 plantas de tratamiento en todo el país, de las cuales hoy solo funcionan 36, y de esas 36 la mayoría opera al 60 % de su capacidad.
El jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda anunció que el portafolio implementará una oficina de enlace en Chiclayo para que a partir de enero del 2017 los proyectos sean revisados de manera virtual, a fin de evitar que alcaldes o funcionarios viajen a Lima y se generen situaciones de contubernio en perjuicio del Estado.
“Estamos incluyendo además, en todos los convenios que a partir de la fecha va a desarrollar el ministerio para la transferencia de recursos, la decisión de que los beneficiarios de la obra creen un comité de vigilancia ciudadana que supervise el uso de los recursos públicos y que mantenga una relación con la oficina descentralizada del ministerio para advertir cualquier aspecto que consideren incorrecto”, puntualiza.
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