Prueba considerada como fundamental para el proceso que fue aportada por denunciante Eslidan Lontop Carpio, se habría destruido estando bajo cautela del Ministerio Público
Un giro de 360 grados podría dar en los próximos días el proceso que se le sigue al ex alcalde del distrito de Pacora, José Jaime Urbina Urbina, debido a que la prueba fundamental que incrimina a la ex autoridad edil en un presunto acto de corrupción y por el cual se encuentra fugitivo de la justicia para no ir a prisión, se habría roto en manos del fiscal que desarrolla la teoría del caso para incriminar a los investigados.
Pero eso no es todo, la persona que habría grabado la supuesta conversación para apropiarse de los recursos del Estado, Eslidan Lontop Carpio, no tendría el audio principal y aduciría que la conversación la grabó con una grabadora de mano que le fue prestada, pero que ya no la tiene.
César Vásquez Merino, abogado defensor de Raúl Armando Távara Monja, hizo conocer que en los últimos días existiría una desesperación del fiscal a cargo de la investigación, César Fernando Jiménez Rodríguez, por mantener en prisión a Raúl Armando Távara Monja, pues el próximo 28 de octubre se cumplirían los 9 meses de prisión preventiva, fecha en que el investigado debe abandonar el penal de Picsi al no existir elementos de prueba contra él.
Vásquez Merino no descarta que en torno a la investigación preparatoria transitoria que se sigue en el expediente 03981 -2014-99-1708-JR-PE-01, existiría un tema político direccionado que estaría manipulando al Ministerio Público y que podría tener tentáculos en la corte superior de justicia de Lambayeque. Sin embargo, a los autores de esa acción poco les importaría lo que le pueda pasar o estar ocurriendo a gente que no tiene nada que ver con política, siendo la de su patrocinado Raúl Armando Távara Monja, quien no es funcionario ni trabajador público, y su acercamiento con Jaime Urbina y los funcionarios denunciados sería por ser el representante de ventas de Interamericana Norte SAC, empresa que vendió un vehículo pesado a la comuna valorizado en 460 mil soles.
EXTRAÑA CELERIDAD
Para el letrado le resulta mucho más extraño que el fiscal haya solicitado el último 17 de octubre la prolongación de la prisión preventiva para Raúl Armando Távará, sabiendo que el 28 de octubre se cumplen los 9 meses de detención preliminar en el penal de Picsi.
Sin embargo, lo más raro es que desde el mes de agosto pasado el Juzgado de Investigación Preparatorio de Lambayeque a cargo de la juez Eve Redruello Villarreal, remitió todo el expediente judicial al Juzgado Colegiado de Chiclayo para que se inicie el juzgamiento, teniendo como referente que la pena a imponer es mayor de 6 años de cárcel, pero desde este juzgado se le “jala las orejas” a la magistrada y le regresan el expediente haciéndole conocer que la pena a imponer por el delito que se juzga es menor a seis años y por lo tanto debería enviarlo al Juzgado Unipersonal de Lambayeque.
El magistrado responsable de llevar a cabo el juzgamiento señala como fecha de inicio de juzgamiento el 18 y 19 del presente mes, pero llegado el día la audiencia no se llega a instalar por ausencia de un abogado defensor y la solicitud de postergación de audiencia realizada por Rodolfo Sandoval Santamaría.
El magistrado acepta la petición por ser de Ley, y fija nueva fecha para inicio de juzgamiento, el cual recae en los días 27 y 28 de octubre, fecha en que vence la prisión preventiva para Raúl Armando Távara.
ARGUMENTO INSÓLITO
Lo insólito de todo, la acción documental que debe iniciarse a fin de mes en el Juzgado Unipersonal de Lambayeque, es que el día 17 de octubre, en horas de la mañana, el fiscal a cargo del caso, César Fernando Jiménez Rodríguez, ingresa el pedido de prolongación de la prisión preventiva pata Raúl Armando Távara, pero llama la atención que lo hace en el juzgado de la jueza Eve Redruello Villarreal, cuando ella ya no tiene nada que ver en el proceso sino el titular del Juzgado Unipersonal de Lambayeque.
El fiscal César Fernando Jiménez Rodríguez solicita se prolongue la prisión por tres meses más, y su pedido lo fundamenta que durante la secuela de la etapa intermedia del proceso ha habido conducta maliciosa por parte de los abogados de los acusados, que han dilatado el desarrollo del procedimiento y no han permitido la instalación de la audiencia de control de acusación, sino hasta el 15 de agosto del 2016.
De igual manera, responsabiliza al juzgado aduciendo que durante el desarrollo de la etapa intermedia de la investigación, también se han generado incidentes de tipo procesal por parte del juzgado de investigación preparatoria, pero sobre todo dilaciones maliciosas por la defensa de los acusados, y atendiendo a la cantidad de medios probatorios, como son nueve declaraciones testimoniales, dos periciales y la oralización de cuarenta y una documentales, medios probatorios que han sido admitidos para su actuación en la audiencia de juicio oral, lo que traerá que la misma se realice en más de una sesión oral.
Además, señala que se hace necesario que se prolongue la medida limitativa hasta le emisión de la sentencia, debido a la conducta maliciosa de los acusados.
Para César Vásquez, la petición del fiscal César Fernando Jiménez Rodríguez no es más que una acción desesperada y sin remordimiento alguno, así de fácil pide que una persona siga privada de su libertad, constituyendo una clara conducta lesiva que atenta contra los derechos humanos de la persona.
“El artículo 274 del Nuevo Código Procesal Penal señala claramente que para pedir la prolongación de la prisión preventiva debe existir la concurrencia de circunstancias que importen una especial dificultad o que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, lo cual no ha ocurrido con mi patrocinado quien en todo momento ha estado dispuesto a colaborar con las investigaciones y ha dicho la verdad que no tiene nada que ver en ningún acto de corrupción, ya que él es un simple vendedor de vehículos”, señaló.
Sin embargo, lo que más hace presumir que pueda haber un direccionamiento de interés personal y político, no contra su patrocinado, sino contra el ex alcalde Jaime Urbina, pero que viene perjudicando enormemente a Raúl Armando Távara. Pues, el fiscal lejos de ingresar su pedido de prolongación de prisión preventiva al Juzgado Unipersonal de Lambayeque, lo hace en el Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de Eve Redruello Villarreal, cuando la magistrada ya no tiene nada que ver en el proceso; es más, en su despacho ya no existe ni el expediente.
Pero eso no es todo. Como una forma de evadir una queja y denuncia, al investigado Raúl Armando Távara le abren un cuadernillo de incidencia, para dar pie a que el pedido de prisión preventiva siga su camino.
“Todo es muy extraño. El 17 de octubre, en horas de la mañana, el fiscal presenta el pedido de prolongación de la prisión preventiva, y lo más extraño es que el mismo día la juez lo provee. Yo me pregunto ¿Qué tal celeridad procesal? Lo más raro es que a las 3:40 de la tarde del mismo día ingresa a mi casilla judicial, solamente a la mía, la notificación para que el pedido del Ministerio Público sea visto el día 20 de octubre. Lo raro se sigue dando y que llama mucho la atención, es que el día 18 de octubre, a las 7 de la mañana, una hora inusual, dejan en mi oficina el escrito en donde se señala audiencia para el 20 de octubre. Todo es muy raro, porque la ley señala que tras proveer el pedido, el magistrado tiene tres días para citar a las partes, pero lo ha hecho con una celeridad absoluta e incluso adelanta fecha”, refiere el abogado.
EL ORIGEN DE LOS HECHOS
De acuerdo a la carpeta fiscal, los hechos investigados radican en que la Municipalidad de Pacora, cuando era alcalde Jaime Urbina Urbina, realizó la licitación pública N° 003-2013-MDP/CE para la adquisición de maquinaria pesada consistente en un volquete de 15 M3 para el mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de mantenimiento de caminos vecinales y ejecución de obras en la comuna.
El hecho es que la buena pro se le otorgó a la empresa Interamericana Norte SAC, la que vendió un camión volquete de la marca Mitsubishi por la suma de 460 mil soles.
Sin embargo, el Ministerio Público señala que durante la investigación preliminar se ha determinado que los funcionarios municipales, Jaime Urbina Urbina, en su calidad de alcalde, así como Rodolfo Alberto Sandoval Santamaría, gerente edil y presidente del comité especial que llevó a cabo la licitación para la adquisición del camión volquete, habrían concertado con Raúl Armando Távara Monja para vender el vehículo, pero para ello iban a direccionar el proceso de licitación pública con la finalidad de que la empresa Interamericana Norte SAC sea la ganadora.
Para ello, el fiscal se vale de un audio que fue grabado por Eslidan Llontop Carpio, quien en conversación le dijo a Távara Monja que 19 mil soles era una propina, y que supuestamente esa suma de dinero habría entregado para obtener la buena pro.
A su turno, Vásquez Merino refiere que dentro del proceso se ha podido demostrar que no ha habido ningún direccionamiento. Es más, el perito del Ministerio Público, en un primer momento dijo que ha habido pago extra por la compra del volquete, luego se retracta en audiencia y amplía su respuesta y dice que en su primer informe no había tomado en cuenta el récord de precios que existe en OSCE, indicando que el precio del vehículo estaba dentro del estándar o muy por debajo de los precios que Osce publicaba para ese tipo de adquisiciones.
“Cuando el perito hace su pericia valorativa toma como referencia el valor del mercado a personas particulares, lo cual es muy distinto para una licitación estatal. El perito se da cuenta de no haber solicitado de manera correcta las bases para tener un precio referencial y aclara que no es el 100 por ciento de características que si han podido participar, lo cual es por los menos cuatro marcas que se distribuyen en el mercado local y lo mejor que ha hecho la municipalidad es comprar todo junto; es decir, tractor y carreta a la vez, lo cual está dentro de un precio estándar en el mercado comercia”, expica.
Agrega también que el Ministerio Público toma las llamadas telefónicas y dice que hay una colusión porque en el registro del alcalde, así como del gerente municipal y el vendedor del vehículo, existen llamadas fueron hechas antes, durante y después de la licitación de la compra del vehículo, lo que para él significa que tuvieron estrecha comunicación para direccionar la compra y obtener la “comisión” de 19 mil soles.
“Lo que sustenta el fiscal César Fernando Jiménez Rodríguez es totalmente falso, ya que las llamadas de mi patrocinado las realiza cuando la municipalidad saca a licitación la compra del vehículo y luego cuando se firma el contrato de compra. Eso lo hemos demostrado con los informes de la empresa de comunicaciones al permitir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y no significa que haya colusión, porque cualquier persona que vende un carro puede comunicarse con el comprador para ultimar detalles de la venta o documentación”, señaló Vásquez Merino.
INHIBICIÓN DEL PEDIDO
Vásquez Merino relata que ante la extraña celeridad del proceso, ha solicitado mediante escrito que la juez se inhiba de ver el pedido de prisión preventiva por no ser su competencia.
“La jueza Eve Redruello Villarreal no tiene nada que ver. El expediente se encuentra a nivel de juzgamiento y ella no tiene ninguna competencia, porque desde que el expediente se encuentra en el Juzgado Unipersonal, todos los incidentes lo resuelve el juez de juzgamiento. No sé qué pasa, pero el fiscal ha hecho un pedido a una juez sin competencia”, sostuvo el letrado.
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