En carta insiste que ex gerente de Urbanismo de la MPCH no tiene derecho a la defensa y muchos menos a la libertad de expresión. Familiares salen en defensa y exponen a la luz pública relación desde antaño.

En una actitud de coacción y atentado contra la libertad de prensa, una vez más Javier Francisco Llorach Paredes, identificado con DNI N° 16770097, pretende imponer y se publique, lo que a su criterio cree es su verdad absoluta, tratando de evitar que el ex funcionario Jorge Incháustegui Samamé, quien actualmente está detenido en el penal de Picsi al pesar sobre él una investigación, no un proceso, sobre presuntos actos de corrupción en la gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, haga uso de la libertad de expresión, derecho constitucional que lo ampara en su defensa contra la persona que lo acusa y que lo ha llevado a estar privado de su libertad, más no de sus derechos de ciudadano.

Javier Francisco Llorach Paredes, pretende que se publique no sólo su carta de rectificación ya publicada en edición pasada y con el derecho a réplica de Incháustegui Samamé, sino fundamentalmente una carta de respuesta o réplica de 12 páginas que contiene una serie de epítetos que denigran la imagen de cualquier persona que aún no es procesada y mucho menos sentenciada, pero sin embargo es tildado de: “miembro de una red delictiva”, “Realidad delincuencial que padeció Chiclayo cuando estaba en apogeo la mafia municipal que fue desarticulada desde Lima”, “Que era la fuente principal de ingresos de la gran mafia denominada “Los Limpios de la Corrupción”, la cual era liderada por el procesado Roberto Torres quien actuaba en concertación con su equipo de gerentes municipales”, en fin tantas frases agravantes y denigrantes más.

Además, su pedido de réplica absoluta lo ampara en la sentencia con precedente vinculante N° 3362-2004 –PA del Tribunal Constitucional, máximo ente de todo Estado libre, independiente y democrático que cautela el derecho de las personas, pero no toma como referente que:    

“El Tribunal Constitucional ha señalado que la obligación de rectificar informaciones inexactas o agraviantes al honor o a la buena reputación, tiene por finalidad, a la par de contribuir con una correcta formación de la opinión pública libre, la de corregir informaciones sobre hechos inexactos que hayan sido propalados mediante el ejercicio de la libertad de información, esto es, informaciones cuyo carácter material permita determinar que se trata de informaciones no veraces, o que hayan sido formuladas como consecuencia de no observarse una conducta razonablemente diligente para agenciarse de los hechos noticiosos que podrían ser objeto de información”.

Además, la sentencia N° 4034-2010-PA/ del Tribunal Constitucional añade que son dos los supuestos frente a los cuales se puede solicitar la rectificación. Uno es cuando se difunda información inexacta, lo cual es falso; pues se ha tomado las declaraciones de ambas partes y sea la opinión pública la que se genere un concepto; y dos; cuando se agravie el honor de una persona, lo cual no se ha hecho, porque simple y llanamente hemos sido el medio por el cual las partes han hecho público su actuar desde años atrás, y es la comunidad la que dará juicio de ello.

En tal sentido no nos encontramos ante el supuesto de información inexacta ni ante el supuesto de afectación del derecho al honor del recurrente.  Por ello, cabe aclarar que el Semanario Expresión ha publicado la carta enviada por el investigado Jorge Incháustegui Samamé, lo cual ha generado la reacción de Javier Francisco Llorach Paredes respondiendo a un documento enviado por Jorge Incháustegui, quien está privado de su libertad, más no de sus derechos de persona y ciudadano.

LORACH VS FAMILIA

Javier Llorach, en su carta, cuestiona el titular “Venganza Peligrosa con verdades a medias”, y señala que denigra su derecho constitucional de rectificación, argumentando que de plano se le ha etiquetado el rótulo de “venganza”, poniendo en duda lo que dice en su misiva, y se insiste en la hipótesis inicial de una supuesta “enemistad” con Jorge Incháustegui.

Añade que a pesar de las graves imputaciones formuladas por el Ministerio Público, jamás ha mantenido enemistad personal, situación que en lo absoluto impide que en su calidad de ciudadano presente documentos para que la opinión pública pueda apreciar cómo es que estas personas trabajaban en coordinación para el logro de sus fines.

“Mi accionar es congruente con la realidad, a la luz de sus evidencias documentales que he presentado, en donde he demostrado que la paralización de una de mis varias obras de construcción, fue promovida por el señor Chávez Loya, quien no era vecino de la obra, pero sí cuñado del arquitecto Incháustegui”, refiere en su misiva.

Agrega que con esta imagen, deja en claro que el cuñado del arquitecto Incháustegui actuó como “apoderado”, pues no residía en el predio colindante sino que se presentó desinteresadamente a los propietarios para pedir un poder y así denunciar a su empresa nada menos que ante su propio cuñado.

El Semanario Expresión, en aras de la verdad y la transparencia, trató de encontrar la respuesta de Jorge Incháustegui, pero al ser imposible por la premura del tiempo, buscó a sus familiares, Elena Horna de Incháustegui, su esposa; y Milagros Incháustegui de Chávez, su hermana, quienes conocedoras de los pormenores señalaron que el trato entre Javier Llorach Paredes y  Jorge incháustegui, fue normal en un inicio.

“Llorach” realizaba sus gestiones y nunca tuvo problemas con Jorge Inchaustegui ni con el personal, hasta que el arquitecto Llorach infringió la normativa y solicito permisos que eran improcedentes de atender.

Es así – relatan los familiares de Jorge Incháustegui- que en el año 2008  Llorach, en representación de su empresa J.E.L SAC  firma un contrato de asociación y participación con la propietaria del inmueble signado con el N° 496 de la calle Los Sauces, Isabel Servigon de Nakasaki, tramitando y obteniendo la licencia para construir un edificio multifamiliar de cinco niveles.

“Hasta allí todo bien, pues había obtenido la licencia N° 2937-2009 y firma contrato con la propietaria del terreno, el cual establecía penalidades en caso de incumplimiento de plazos. La propietaria  entregaba el terreno y la empresa del arquitecto Llorach construiría cinco niveles y entregaba el primer nivel a la propietaria”, señalan.

Sin embargo, Llorach no habría respetado las normas y las disposiciones de las áreas responsables y de seguir los procedimientos que la ley contempla, procedió en manera inconsulta, sin autorización y menor conocimiento de la municipalidad a construir dos niveles extras; es decir, un sexto y un sétimo piso.

“Esa acción constituye obviamente una falta que es sancionada con la paralización inmediata de toda la edificación y la demolición de lo construido sin autorización. Producto de esta grave infracción, que no solo afecta el perfil urbano de Chiclayo sino que también pone en cuestión el verdadero soporte y calculo estructural; es decir, la estructura estaba diseñada para cinco pisos pero le ponen dos más, lo cual debido al peso afectó el inmueble continuo, signado con el Nº 181-01 de la calle Paita, en la Urb. Santa Victoria”, explicaron.

El inmueble afectado por la irregular construcción es propiedad de Jorge Herrera  Segura  y lo tenía alquilado; pero es el inquilino quien da cuenta de lo sucedido al propietario, quien radica en la ciudad de Trujillo.

“El propietario inmediatamente se comunicó telefónicamente  con el arquitecto Fernando Chávez Loya para que como profesional y amigo, vaya al inmueble, verifique e informe lo sucedido, pero es el hecho que entre Fernando Chávez y Javier Llorach existía una enemistad desde el año 2008 cuando dentro del Jockey Club se ejecutaba un plan de habilitación urbana, la que fue cuestionada por la nueva directiva y donde Javier Llorach era miembro, y sería quien promovió la expulsión del club de Giovanni Leigthing, presidente del Jockey,  así como de Fernando Chávez Loya y de Cesar Vásquez  Merino.

MAYOR RIVALIDAD

Paralelamente a estos hechos,  la gerencia de Urbanismo de la Municipalidad de Chiclayo, toma conocimiento del hecho y el Sub Gerente de Control Urbano, el arquitecto Henry Arrivasplata, con fecha 31 de marzo del 2009 inspecciona la obra y emite la notificación preventiva correspondiente y ordena la paralización de la construcción  lo cual no es acatado por Javier Llorach Paredes. 

Ante la gravedad de los hechos, el  arquitecto Jorge Incháustegui Samamé previo Informe Técnico de la Sub Gerencia de Control Urbano, emite la Resolución  gerencial Nº 123-2009 del 25 de setiembre del año 2009  disponiendo  la paralización inmediata de los trabajos, lo cual provoca la reacción del arquitecto Javier Llorach Paredes  contra su persona, responsabilizándolo por no haberle autorizado su ampliación y actuar  parcializado por su cuñado el arquitecto Fernando Chávez Loya.  

Con la finalidad de evitar un conflicto  de intereses ya  que Javier Llorach vuelve a detallar que Chávez Loya, es cuñado de Incháustegui  éste último envió un informe a la alcaldía solicitando  lo  inhiban de seguir conduciendo el proceso en atención a que existiría un conflicto entre dos profesionales y uno de ellos sería su cuñado, esta solicitud es aceptada y mediante resolución de Gerencia General Nº 264-2009-GPCH se dispone la inhibición de Inchaustegui y encargan la Sub Gerente de obras privadas.

Sin embargo, a pesar de tener resolución de paralización de obra y denuncia interpuesta,

Llorach Paredes continuó con los trabajos lo que motivo que la Gerencia de urbanismo le imponga la infracción por desacato a la orden de paralización  de obra equivalente a 10 UIT y dispusiera posteriormente la resolución que ordenaba la demolición de lo construido antirreglamentariamente (La Resolución  N°67-2010-MPCH-GU y la Resolución GU-109-2010-MPCH GU DEL 23/08/2010).

SE DEFIENDE

Llorach siguen desestimando el trabajo de la prensa local y señala que ante el destape de la red de corrupción mafiosa que se había enquistado en la Municipalidad de Chiclayo, fueron los medios de comunicación de Lima los que buscaron referentes en el estamento profesional de esta ciudad, que dieron luces sobre diversas irregularidades que se venían cometiendo tanto en materia de licencias municipales, como en obras públicas.

“Dejo en claro que fueron los medios de comunicación de Lima, quienes en cumplimiento de su trabajo buscaron a los profesionales de los sectores afectados para la obtención de la información, pero en ningún caso fue al revés, pues de haber sido así como maliciosamente se pretende dar a entender, existirían declaraciones mías de fecha anterior al destape de la red de corrupción municipal, lo cual descarto de plano”, indica.
A su turno, Elena Horna de Incháustegu y Milagros Incháustegui de Chávez, esposas de las personas que Llorach indica como responsables de haber sido afectado cuando construía un edificio en la urbanización Santa Victoria, se atreven a afirmar que después de lo narrado por Llorach, a causa de haber sido infraccionado por la gerencia de Urbanismo cuando Jorge Incháustegui  era gerente, con la paralización de su obra. Luego demandado por el cuñado de éste por 140 mil dólares, multado con 21 mil 600 soles y por ultimo obligado a pagar 25 mil dólares por penalidades, producto de la paralización sufrida, no es la persona indicada,  para declarar  en contra de la persona que considera culpable de todo lo que le ocurrió.

“El arquitecto Javier Llorach Paredes, después de haber  amenazado y difamado al arquitecto Incháustegui, a pesar de no tener vinculación con el caso, resulta declarando como “Testigo Voluntario”, pero lo más extraño es que el Ministerio Público ha recogido su testimonio para imputar a Incháustegui  por los delitos de asociación ilícita, a pesar que durante la audiencia de prisión preventiva, la defensa de Jorge Incháustegui sustentó  y aclaró cada una de las imputaciones de las declaraciones que hiciera Javier Llorach, y donde la Juez dejo claro que en las declaraciones del señor Llorach no habría  relevancia penal, según consta en el cuaderno judicial N° 05207-2014-34-1706-JR-4”, señalaron.

Pero les llama la atención –señalan- que el Ministerio Público vuelva a dar relevancia a la declaración de una persona con una notoria animadversión contra Jorge Incháustegui y otros miembros de su familia, y lejos de cuestionar también los motivos que Llorach tendría para presentarse en forma voluntaria y acusar en un proceso tan complejo.

“El señor Llorach, en relación a su conocimiento de asuntos irregulares en la municipalidad de Chiclayo, solamente acusa al arquitecto Jorge Incháustegui; es decir, no conoce más hechos irregulares y el Ministerio Público no le hace la pregunta que la Ley exige: ¿Tiene usted algún grado de amistad o enemistad con el acusado?”, señalaron las esposas de las personas que Llorach alude.

SIGUE ACUSANDO

En un claro cuestionamiento al trabajo periodístico y desconocimiento de los principios de legalidad en cuanto a que toda persona tiene derecho a la defensa y nadie es culpable hasta que el juez diga lo contrario mediante proceso y sentencia, Llorach cuestiona, pero que a nosotros nos enaltece, que el Semanario Expresión sea el único medio de prensa escrita que abre sus páginas para encontrar la verdad de los hechos. Dejando en claro su presunto odio, animadversión o sed de venganza, Llorach dice que se pretende realizar una “defensa selectiva” de uno de los presuntos miembros de dicha organización criminal, olvidándose que la persona involucrada en un hecho delictuoso puede estar privado de su libertad, más no de sus derecho de persona y ciudadano, como el de la libertad de expresión.

Pide que los periodistas mediten sin parcializarse, y es un convencido –dice en su misiva- que el alcalde no hubiera podido realizar todas las conductas ilícitas sin la activa participación de los demás funcionarios de su plana gerencial, en especial en Urbanismo.

Una vez más, los familiares de Jorge Incháustegui manifiestan que Llorach asevera ante la Fiscalía que a pesar que Jorge Incháustegui había dejado el cargo de Gerente de Urbanismo, seguía teniendo poder ya que los gerentes que los sucedieron contaban con su visto bueno para ejercer el cargo  favoreciéndose económicamente debido a que las obras privadas eran tramitadas por su empresa “Arqconsa”.

“Esta vaga e imprecisa imputación, debería de desvirtuarse sola, en razón de que el testigo Llorach no presenta ningún elemento de convicción que pueda sustentar esta acusación. Sin embargo, para que no quede duda alguna de la alevosa mala intención del señor Llorach, solicitamos a la MPCH y a la gerencia de Urbanismo, confirme o descarte si la empresa Arqconsa ha contratado o postulado a alguna obra o servicio o ha gestionado licencias o habilitaciones urbanas; sin embargo, las repuestas fueron negativas”, destacaron los familiares de Jorge Incháustegui.

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