Diez años después de batallar en los pasillos del Poder Judicial y contando ya con una sentencia firme, nueve familias de la Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe lograron la orden de desalojo de quienes tomaron posesión ilegal de sus tierras en el distrito de Pítipo.
En el 2007 los comuneros Luzline Burga de los Santos, Orestes Sandoval Quezada, Gregario Siaden Sialer y Santos Mori Tafur denunciaron por usurpación y daños a Boris Salazar Mesones, hijo del entonces saliente ministro de Agricultura Juan José Salazar García, y a Manuel Ríos Rosas, dando inicio a una investigación a nivel policial y fiscal consignada con el número 851-2007.
Estos, quienes eran posesionarios desde hace más de 30 años y tenían certificados desde inicios de la década del 90, denunciaron que el 25 de julio de ese año Salazar Mesones y Ríos Rosas, utilizando armas de fuego y en complicidad con más personas invadieron sus predios, impidiéndoles el ingreso a los mismos, ocasionando destrozos en sus parcelas.
Pese a las constataciones hechas a los predios San Nicolás, San Juan – Grupo 2, Santa Julia, San Antonio, San Martín II, San Ramón, San Juan, San Martín I, todos del sector Mauro – Pítipo, donde se encontró a hombres armados encapuchados, así como construcciones e hitos destruidos, el Ministerio Público inicialmente resolvió declarar que no había lugar a la denuncia, disponiendo el archivo definitivo de la misma.
Al año siguiente, en mayo del 2008, los agraviados interpusieron una nueva denuncia penal, esta vez por falsificación de documentos contra José Agustín Farfán Tejada, argumentando que este presentó certificados de posesión falsos emitidos supuestamente por la Comunidad Santa Lucía de Ferreñafe, para el usufructo de 153 hectáreas de terreno en el sector San Rosa, que incluía a las parcelas de los afectados, trasfiriendo las mismas a terceras personas quienes solicitaban a COFOPRI la asignación de código o unidad catastral y visación de planos para la posterior tramitación de títulos de propiedad.
Esta nueva acusación motivó a que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe disponga el inicio de la investigación preliminar por falsificación de documentos recabándose el Informe Técnico N° 012-2018-COFOPRI, donde se concluye el archivamiento definitivo de las solicitudes presentadas por los terceros para acceder a las unidades catastrales en atención a la oposición presentada por los denunciantes, quienes ampliaron su imputación incluyendo a Boris Salazar, Manuel Ríos y otras personas, señalando a estos dos como responsables intelectuales de la falsificación del certificado de posesión supuestamente emitido en septiembre de 1998.
Aun así, la fiscalía volvió a declarar no ha lugar a la formulación de la denuncia penal, decisión que fue confirmada por la fiscalía superior en enero del 2009.
LA TERCERA VEZ
Inconformes por el proceder del Ministerio Público y deseosos de justicia, los comuneros enajenados de sus tierras volvieron a denunciar, en marzo del 2009, a Boris Salazar, Manuel Ríos y otros más por falsificación de documentos y fraude procesal. La fiscalía de Ferreñafe dijo una vez más que no había lugar a la denuncia por tratarse de hechos ya revisados por ese despacho.
Sin embargo, el superior jerárquico, aplicando un nuevo criterio, opinó que se había adjuntado una nueva prueba al caso y que en la denuncia anterior no se había considerado la figura de fraude procesal, por lo cual solicitó la ampliación de la investigación y que se realicen las diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos.
En junio del 2009 se dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra Boris Salazar Mesones, Manuel Ríos Rosas, Martha Pérez Colchado, Berónica Montalván Bazán, Gustavo Plaza Boggiano, Luis Sandoval Purizaca, Juan Chanamé López, Luis Burga Delgado, Eleuterio Balcázar Mesones, Armando Chanamé de los Santos, José Farfán Tejada, José Larios Ayala y Ángel Alvarado Ramos.
El Ministerio Público determinó que los certificados de posesión presentados por los investigados tenían tipos de caligrafía y rúbricas que no pertenecían a los supuestos emisores; que en los archivos del Juzgado de Paz de única nominación de Pítipo no había copias de los contratos de traspaso de posesión de tierras, y que no se habían cumplido los presupuestos necesarios para el procedimiento de adjudicación de terrenos de propiedad comunal a favor de terceros, de acuerdo a lo informado por COFOPRI.
El febrero del 2010, el fiscal Ricardo Cevallos Vegas, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe, presentó al Juzgado de Investigación Preparatoria el requerimiento acusatorio mixto, toda vez que en él también planteó el pedido de sobreseimiento a favor de Luis Burga de los Santos, Eleuterio Balcázar Mesones, Martha Pérez Colchado, Berónica Montalván Bazán, Juan Chanamé López, Luis Sandoval Purizaca, Boris Salazar Mesones, Manuel Ríos Rosas, Gustavo Plaza Boggiano, José Farfán Tejada, Ángel Alvarado Ramos, José Larios Ayala y Armando Chanamé de los Santos por fraude procesal, y a favor de los dos últimos en el delito de falsificación de documentos.
PRIMER FALLO
El 4 de mayo del 2011, la jueza María Rodríguez Llontop, del Primer Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo, emitió la sentencia N° 12, del Expediente N° 3046-2009, en la cual condenó a Boris Salazar Mesones, Manuel Ríos Rosas, José Farfán Tejada, Luis Sandoval Purizaca, Gustavo Plaza Boggiano, Marta Pérez Colchado, Berónica Montalván Bazán y Juan Chamamé López a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente en su ejecución, con un período de prueba de tres años, al hallarlos responsables del delito de falsificación de documentos en su figura de uso de documento falsificado.
Los sentenciados quedaban prohibidos de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del juez, y obligados a comparecer personal y obligatoriamente al juzgado para informar y justificar sus actividades cuando sean requeridos. Además, a reparar el daño ocasionado por el delito consistente en el pago de la reparación civil.
Como pena accesoria la jueza dispuso 90 días multa que calculaba sobre el 30 % de sus remuneraciones, fijando además el pago de siete mil soles de reparación civil a favor de los agraviados y de mil soles a favor del Estado.
APELACIÓN Y CASACIÓN
No conformes con la sentencia dada, los responsables del delito recurrieron en apelación a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que con Resolución N° 28, del 16 de septiembre del 2011, confirmó el fallo de primera instancia.
La decisión fue adoptada por los magistrados José María Balcázar Zelada, Jimmy García Ruiz y Margarita Zapata Cruz.
A la misma sala, pero con la participación del vocal Óscar Burga Zamora en reemplazo de Balcázar Zelada, le correspondió revisar semanas después el recurso de casación presentado por la defensa de los sentenciados, emitiendo la Resolución N° 29, del 3 de octubre, en la que resolvieron declarar inadmisible el pedido, confirmando el fallo de la jueza María Rodríguez Llontop.
RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS
Los afectados por la invasión recurrieron al Poder Judicial para exigir la recuperación de sus predios, puntualmente de los sectores denominados San Ramón (10.5956 hectáreas); Santa Julia (10.5955), San Juan (10.5958), San Juan II (10.5955), San Nicolás (10.5955), San Martín II (cinco hectáreas) y San Martín I (10.5955), ubicados en el sector Mauro del distrito de Pítipo.
El pedido fue revisado por el Juzgado Mixto de Ferreñafe, donde el juez Juan Zúñiga Bocanegra emitió sentencia con la Resolución N° 69, del 19 de septiembre del 2014, declarando fundada la demanda de interdicto de recobrar, ordenando que cesen los actos perturbatorios en contra de los agraviados y que los demandados Manuel Ríos Rosas y Boris Salazar Mesones desocupen y entreguen de manera inmediata los predios materia del reclamo, además que indemnicen a los agraviados por los daños y perjuicios, estimados en 50 mil soles.
La decisión del juez Zúñiga Bocanegra fue revisada por la Primera Sala Civil de Lambayeque, en virtud de la apelación presentada por los demandados, emitiéndose la Resolución N° 76, del 19 de junio del 2015, en la cual se confirma la sentencia que declaró fundado el interdicto de recobrar a favor de los comuneros enajenados de sus predios.
Basándose en el fallo de la Primera Sala Civil, el Juzgado Mixto de Ferreñafe emitió la Resolución N° 78, del 28 de agosto 2015, otorgando diez días a los demandados para que desocupen los predios y cumplan con indemnizar a los comuneros.
EL DESALOJO
Aun cuando había quedado acreditado el uso de documentos falsos para la toma de posesión de los predios, estos fueron vendidos a los hermanos Asalde Castañeda, allegados a Salazar Mesones, en el 2010, quienes enterados de la sentencia confirmada en instancia superior del Juzgado Mixto de Ferreñafe, respecto a la orden de desocupación dictada contra Ríos Rosas y Salazar Mesones, recurrieron en abril de este año al Poder Judicial en oposición.
Empero, el 27 de julio pasado, el juzgado emitió la Resolución N° 82, en la cual resuelve hacer efectivo el apercibimiento señalado contra los usurpadores, disponiendo el lanzamiento de los mismos y de todas las personas que se encuentren ocupando las tierras, diligencia que deberá realizarse el 28 de octubre, por lo cual se ha oficiado a la Comisaría de Ferreñafe a fin que preste las garantías necesarias para la recuperación de los terrenos.
“Los señores Asalde estuvieron presentes días después de la invasión, porque inmediatamente después colocaron parantes para la siembra de uva y ahora tienen cuatro terrenos de la zona sembrados. Han perforado dos pozos, destruyeron nuestras casas, nuestros sembríos y árboles, sacaron a balazos a nuestros guardianes. Nos hicieron ese gran daño y ahora no podemos regresar a nuestras parcelas”, asevera Luzline Burga de los Santos, una de las afectadas.
“No queremos que este desalojo se frustre y tampoco queremos que haya consecuencias lamentables para ninguna de las partes. Somos nueve familias, que nunca hemos tenido problemas de este tipo y ahora reclamamos que se nos devuelvan nuestras tierras”, añade.
+ NOTICIAS
Deja tu Comentario