Ministra de Justicia reconoce ineficacia de los defensores públicos que asigna el Estado.
A 80 mil asciende el número de internos en los 33 establecimientos penitenciarios que existen en el país, doce de los cuales, entre ellos el de Chiclayo, son considerados como los más peligrosos. El incremento de la población penal impide la efectividad del trabajo de resocialización a cargo del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, por lo cual desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según lo anunciado por su titular Marisol Pérez Tello, se evalúan algunas medidas paliativas, como la salida de los internos por omisión a la asistencia familiar.
Esto implicaría modificar las sanciones que actualmente se aplican a los infractores, para cambiar la carcelería efectiva por el uso de grilletes electrónicos, a fin que cumplan con su obligación en la manutención de sus hijos. Se espera que a partir de mayo de próximo año pueda aplicarse la medida a más de mil 800 internos a nivel nacional.
“No tiene ningún sentido que una persona que no pasa alimentos esté presa, porque no se logra el objetivo, no se logra resocializar y el niño, que es a quien tenemos que proteger, tampoco recibe alimentos porque no hay producción, así que en el primer grupo de vigilancia electrónica o grilletes que vamos a poner en marcha para abril o mayo del próximo año esperamos que los beneficiarios sean los que están por alimentos en los penales”, explicó la ministra de Estado durante su visita a Chiclayo en lunes último.
Pérez Tello, quien visitó en horas de la noche el Establecimiento Penitenciario de Picsi, señaló que la medida estaría sujeta a diversas condiciones por las que podría variar el régimen de libertad con vigilancia electrónica, como, por ejemplo, no cumplir con las reglas de conducta o no pagar lo adeudado por asistencia familiar en un plazo máximo de tres meses.
CRISIS PENITENCIARIA
La problemática carcelaria en el país se agudiza por el crecimiento de la población penal. A nivel nacional existen 35 mil camas en todos los establecimientos de reclusión, conocidas como unidades de albergue, las que resultan insuficientes para acoger a los 80 mil internos que se tiene actualmente.
De acuerdo a las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al año ocho mil personas se incorporan a la población penal.
“Si yo pudiera construir los dos megapenales de Piura e Ica, que tenemos planificados para el próximo año, en un promedio de 18 meses, serían seis mil unidades de albergue más, pero en dos años ya tendría 16 mil internos más, así que necesitamos una solución mucho más integral y esa es atacar las causas del delito, corregir los problemas, como vimos la vez anterior que estuvimos en Chiclayo en un conversatorio con las personas privadas de su libertad”, refirió Pérez Tello.
Precisamente de aquella reunión con los internos de Picsi se recogieron algunas conclusiones como la necesidad de revertir la situación de los encarcelados por omisión a la asistencia familiar, las condiciones de las personas de la tercera edad y de los sentenciados por delitos de violación de menores.
“El Ministerio de Salud ha priorizado el problema de la tuberculosis y a mí me parece una buena decisión. La primera campaña que estamos echando a andar es contra la TBC, porque es muy peligrosa. Hay penales en los cuales el 5 % de la población penitenciaria es tebeciana, y además no hay controles de ingreso al penal con lo cual cualquier persona con TBC puede ingresar sin ser detectada”, explicó.
CENTROS JUVENILES
La ministra de Justicia llegó a Chiclayo para participar de una de las actividades del programa “Quiero cambiar, quiero triunfar”, que impulsa el comediante Carlos Álvarez y consiste en organizar sesiones motivadoras con estudiantes de educación secundaria a través de experiencias de jóvenes que superaron problemas familiares, económicos y sociales.
“Nosotros hemos dividido el trabajo en la lucha contra la inseguridad ciudadana y contra la corrupción en varias etapas. Hay una etapa preventiva, de persecución, y una etapa de sanción. A través del programa estamos asociando la prevención y la sanción, y estamos llevando esto a los establecimientos penitenciarios, porque la metodología refuerza el principio de autoridad mostrando los casos de un policía, un militar, un aviador, un marino y un bombero que nos cuentan su historia de dificultad y a partir de ello cómo siguieron su vocación y la pusieron al servicio del país. Este programa lo estamos lanzando con los colegios de las zonas de mayor impacto en función del censo que hemos elaborado del riesgo del delito y también del censo penitenciario”, detalló.
Actualmente, la situación de los centros juveniles en el país no difiere a la de los establecimientos penitenciarios. Marisol Pérez Tello señaló que el problema de hacinamiento es el mismo, con el agravante que las condiciones pueden incluso acentuar desarraigo entre los menores infractores y sus familias.
“Hemos pedido una serie de facultades delegadas que refuerzan cada uno de los espacios que he mencionado: prevención, persecución y sanción. En la parte preventiva estamos sacando la Ley de Transparencia y también hemos pedido en la parte de persecución una modificación al Sistema de Tratamiento de Menores Infractores, porque esto depende hoy del Poder Judicial, que ha hecho su mayor esfuerzo y que tiene las mismas limitaciones que el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, pero que no tiene la posibilidad de trasversalizar la política porque no tiene sectores. El Poder Judicial no tiene médicos, no tiene psicólogos, no tiene educadores. Estamos realizando una coordinación muy fuerte para trasladar las competencias de los centros de jóvenes infractores al Poder Ejecutivo, ese es un esfuerzo importante, estamos todavía en plenas coordinaciones, ellos tienen ya un proyecto de Ley presentado”, mencionó la ministra.
“La situación es tan precaria como la de los penales, con un agravante que solo hay un centro preventivo de mujeres que está en Lima, lo cual genera desarraigo de las jóvenes con sus familiares, porque una niña chiclayana que está detenida en Lima está prácticamente impedida de que su familia pueda ir a visitarla y así fomentar la reinserción a su círculo familiar. Solamente en el centro juvenil de Maranga hay 800 menores de edad”, añadió.
DEFENSORES PÚBLICOS
Otro de los problemas descritos por la ministra es el de la defensoría pública. Según indicó, en el gobierno anterior se duplicó el número de abogados contratados por el Estado como defensores públicos, pero ello no implicó mejorar los estándares de calidad en el patrocinio de las víctimas o denunciados.
“Nosotros teníamos un promedio de dos mil abogados para la defensa pública a nivel nacional, lamentablemente ha tenido que haber una reducción de personal, no hay indicadores de calidad, sabemos cuántos abogados hay, cuántos casos atienden pero no sabemos cuántos ganan, con lo cual en la práctica no sabemos cuánto impacta esto en la vida de la gente, así que hemos tomado algunas medidas”, señaló.
Entre las medidas adoptadas están el desarrollo de campañas sociales en las que se informa a la población sobre sus derechos, además de los mecanismos de conciliación extrajudicial. Asimismo, se gestiona un convenio con el Colegio de Abogados para que en el ejercicio de la cuota voluntaria de cada abogado este pueda acoger por lo menos un caso y de esta forma triplicar el trabajo de los defensores públicos que actualmente tiene el Estado.
“Hay casos en los cuales el defensor público defiende a la víctima y también al victimario, lo cual es una barbaridad y entonces tenemos que corregir ese tipo de situaciones y esperamos que las personas con menos recursos tengan acceso a una defensa”, dijo.
BLOQUEADORES
En relación a la instalación de bloqueadores en los establecimientos penitenciarios, Pérez Tello anunció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humano ha retomado las relaciones contractuales con la empresa Prisiontec, que ganó la licitación para la instalación de los equipos en los doce penales más peligrosos del país, entre ellos el de Trujillo y Chiclayo.
La empresa renovó la semana pasada su fianza y esto ha permitido reiniciar el cumplimiento del contrato asumido con el Estado, luego de una larga negociación que – según sostuvo – no perjudica al país.
“Hemos renovado las fianzas con la empresa y eso nos ha permitido sentarnos en una mesa de negociaciones para tratar de resolver los problemas que tenemos. Hay muchas deficiencias de compromiso de parte del Estado, del gobierno anterior lamentablemente, pero también muchas deficiencias de la empresa. Hemos acordado trabajar una cláusula adicional para poder implementar los penales. Acuérdense que en Chiclayo y Trujillo hay también bloqueadores de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, a los que no se les ha estado dando mantenimiento, y muchos de esos bloqueadores nos salen mucho más caros que lo que costaron los bloqueadores que pone la empresa, por lo que vamos a pedir que se investigue directamente en Contraloría”, indicó.
Refirió que el propósito es que los bloqueadores se instalen en los 33 penales que hay en el país, para lo cual se deberá trabajar en nuevas cláusulas del contrato con la concesionaria.
“Habrá cláusulas de penalidad, nosotros esperamos lanzar cuando ya se haya definido el texto del acuerdo complementario e informarlo a nivel nacional para que sea el país el que vigile y los medios de comunicación puedan fiscalizar si van cumpliendo los plazos. Con eso queremos avanzar en dos cosas: grilletes o vigilancia electrónica, y bloqueadores. Yo confío en la buena voluntad de la empresa y en que sabremos llegar a soluciones que dentro del marco de la ley beneficien a todos, porque la inseguridad de un penal se refleja en la inseguridad fuera”, aseveró.
Según explicó, había dos posibilidades en la solución del problema con la concesionaria: mantener las 14 controversias y generar espacio para un arbitraje o negociar. “Lo que hemos hecho es sentarnos a buscar una solución integral, que sin perjudicar al Estado y en el marco de la ley, nos dé una salida en el corto plazo para tener los bloqueadores funcionando”, enfatizó.
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