El exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata afirmó, durante el interrogatorio ante el fiscal José Domingo Pérez, que la constructora brasileña financió las campañas de al menos seis políticos en el Perú, entre los años 2006 y 2013.

Según fuentes de El Comercio, Barata precisó que Odebrecht aportó un millón 200 mil dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Detalló, por ejemplo, que le dio un millón de dólares a Jaime Yoshiyama, entonces secretario general de Fuerza 2011, y a Augusto Bedoya Camere, exministro de Transportes del régimen de Alberto Fujimori.

Los 200 mil dólares restantes se los entregó al expresidente de la CONFIEP Ricardo Briceño Villena.

FUERZA POPULAR

Ya en el 2017, Ojo-Publico.com, en el marco del proyecto #FondosdePapel, sobre financiamiento partidario – identificó que Yoshiyama realizó aportes periódicos por un total de 143 mil soles entre los años 2014 y 2016, y que además financió la campaña fujimorista del 2016 con más de 205 mil soles.

Por si fuera poco, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, involucrado con dos offshore en paraísos fiscales por el caso “Panama papers” y sobrino del entonces secretario general del partido fujimorista, aportó junto a su esposa coreana Joon Lim Lee Park más de 380 mil soles a la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011 y el 2016.

Además, Bedoya Camere aportó a Fuerza Popular más de 89 mil soles en la campaña del 2011 y cerca de 81 mil soles en la del 2016, según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, procesada por el proyecto #FondosdePapel.

En la actualidad, los últimos tres secretarios generales de Fuerza Popular son investigados por el Ministerio Público: Jaime Yoshiyama y Joaquín Ramírez por presunto lavado de dinero y José Chlimper, actual directivo del Banco Central de Reserva, por la presunta manipulación de un audio con las declaraciones de Jesús Vásquez, colaborador de la Drug Enforcement Administration – DEA, en la investigación contra Ramírez.

TOLEDO Y KUCZYNSKI

Jorge Barata también señaló que Odebrecht aportó 600 mil dólares para la campaña del exmandatario Alejandro Toledo, quien se mantuvo en los primeros lugares de las encuestas en el inicio de los comicios del 2011.

El dinero, de acuerdo a fuentes de este El Comercio, fue recibido por Abraham Dan On, exjefe de Seguridad de Palacio de Gobierno durante la administración de Perú Posible (2001-2006).

Dan On fue el contacto para recibir los 20 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de la carretera interoceánica, según información recogida por Ojo-Publico.com. 

Sobre el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, Barata indicó que la constructora brasileña contribuyó con 300 mil dólares para su campaña del 2011.

Este monto fue entregado, de acuerdo al brasileño, a la empresaria Susana de la Puente, quien es la actual embajadora del Perú en el Reino Unido.

En Twitter, Kuczynski negó haber recibido dinero de la constructora.

“Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales”, escribió el mandatario.

CASO GARCÍA

En otro momento, el ex representante de Odebrecht en el Perú afirmó que la empresa aportó con 200 mil dólares a la campaña del aprista Alan García en las elecciones del 2006, cuando este ganó la Presidencia de la República tras superar en la segunda vuelta al nacionalista Ollanta Humala.

Jorge Barata señaló al exministro del Interior Luis Alva Castro como la persona que recibió el dinero. Aquel año, el congresista aprista aportó 111 mil soles, según la base de datos #FondosdePapel.

De este modo, Barata corrigió una revelación hecha por Marcelo Odebrecht, quien indicó el aporte se había dado a García en el 2011, cuando fue Mercedes Aráoz la candidata del APRA a la presidencia nacional.

“Ni mi campaña ni el Partido Aprista recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. Las cuentas fueron debida y oportunamente presentadas a la ONPE. Otros se venden, yo no”, escribió Alan García en Twitter.

Según Barata, Odebrecht también aportó a la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. La República informó que el exjefe de la constructora entregó tres millones a la campaña dirigida por el publicista Luis Favre.

A fines del año pasado, el publicista brasileño Valdemir Garreta afirmó que el dinero para la campaña contra la revocatoria de Villarán fue aportado por las constructoras Odebrecht y OAS.

El exdirectivo de Odebrecht también ratificó haber aportado con US$2.8 millones a la campaña de Ollanta Humala del 2011.

OLLANTA Y NADINE

El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y el exfiscal Avelino Guillén analizan el impacto que podría tener el testimonio de Jorge Barata en el proceso penal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

¿La confesión de Jorge Barata cierra el círculo del caso?

Luis Vargas Valdivia: “Aún no. El círculo se cerrará con las pruebas que permitan corroborar la declaración. La declaración de Jorge Barata es, sin duda, un gran paso en la investigación, pero recién será incorporada en el proceso cuando se corrobore a través de pruebas concretas. Eso explica por qué su defensa señaló que están dispuestos a entregar la documentación necesaria. Una vez que se incorporen esos elementos, los fiscales ya estarían expeditos para realizar la acusación. En el mejor de los casos, eso tomaría entre tres y cuatro meses”.

Avelino Guillén: “La fiscalía ya contaría con todos los elementos para realizar la acusación formal. Con los dichos del ex CEO de Odebrecht en el Perú se cierra el círculo. La prueba es fundamental porque permite advertir una misma línea de declaración entre diversos funcionarios de Odebrecht. No se ven discrepancias entre sus versiones. La fiscalía, además, ha recabado información de la constructora y, a través de la declaración de Barata, buscaban confirmarla. Ya pueden dar el paso hacia la acusación formal que, estimo, podría darse en mayo”.

¿Qué delitos serían los finalmente imputables?

Luis Vargas Valdivia: “Al no existir el delito de financiamiento ilegal de una campaña, se configura el lavado de activos. La declaración de Barata ratifica la hipótesis del lavado de activos. Ollanta Humala y Nadine Heredia, en calidad de coautores, habrían ingresado de forma irregular dinero procedente de un acto delictivo. Ambos sabían o debían presumir la procedencia ilícita del dinero por la cantidad entregada –US$3 millones–. Eso se demuestra por una conducta irregular: no declarar el dinero, no ingresarlo al sistema financiero, o por el uso de testaferros”.

Avelino Guillén: “La discusión se centra en lavado de activos, pero podría extenderse a asociación ilícita. A Ollanta Humala y Nadine Heredia se les atribuye lavado de activos porque el dinero recibido en físico, en diversas oportunidades, tendría origen ilícito: la famosa Caja 2. Sin embargo, el Ministerio Público también podría evaluar una imputación por asociación ilícita. Ello, ya que no solo están implicados Humala y Heredia, sino una serie de personas que sirvieron para el desplazamiento del dinero. Es una figura que calza perfectamente”.

¿Lo dicho por Barata sustenta la prisión preventiva de Humala y Heredia?

Luis Vargas Valdivia: “La declaración podría confirmar que Humala y Heredia entorpecían la investigación a través de mentiras. La prisión preventiva solicitada hace algunos meses por el fiscal carecía de pruebas que sustenten un peligro procesal. Ahora, con la confesión de Jorge Barata, el fiscal sí podría atribuirles a Ollanta Humala y Nadine Heredia un entorpecimiento de la actividad probatoria. Habrían estado mintiendo respecto a los aportes realizados por Odebrecht a la campaña del 2011. Aunque el peligro de fuga sigue sin acreditarse”.

Avelino Guillén: “Existían y existen motivos para sustentar la prisión preventiva contra Humala y Heredia. Las serias evidencias de compra de testigos en otro proceso facultaban al fiscal a solicitar la medida. Era un comportamiento procesal que se debía evaluar. Tras la declaración de Barata, se confirma que Humala y Heredia obstaculizaban el proceso. Las razones de la prisión preventiva se mantienen y el Tribunal Constitucional debe analizar esta información antes de pronunciarse sobre el hábeas corpus presentado”.

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