Tras enfundarse la banda presidencial el 28 de julio pasado, el mandatario Pedro Castillo Terrones no ha tenido el mejor de los inicios, pues desde el saque evidenció una clamorosa improvisación y desaciertos que no fueron un buen mensaje para la población, que esperaba un gobernante con autoridad (no autoritario), con mano firme y decisiones razonables e inteligentes, ante tanta incertidumbre que aún se vive debido a la fuerte polarización que dejaron las elecciones de la segunda vuelta. Había una expectativa muy fuerte de todo un pueblo por ver cuáles serían las primeras acciones que tomaría Castillo para poner calma en un país convulsionado políticamente; pero el escepticismo y las dudas persisten a casi un mes y medio de su gestión.
Castillo empezó con el pie izquierdo desde que tomó juramento a sus ministros el 30 de julio y no el 28 como era costumbre, encima caso al filo de la medianoche y no en palacio de gobierno. Ello demostró que el presidente no tenía armado el equipo con el que iniciaría su régimen, de allí los serios cuestionamientos que han recibido varios integrantes del primer gabinete liderado por el controvertido Guido Bellido, hombre de confianza del presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien habría impuesto a un buen número de ministros que hoy son reprobados por carecer de credenciales profesionales y morales para asumir tan importantes cargos. Uno de ellos es el ministro de Trabajo, Iber Maraví, a quien el Congreso lo interpelará por su presunta vinculación con organizaciones terroristas.
A toda esta problemática aún el tapete, se sumó otra determinación polémica del presidente al ordenar enrejar los accesos a palacio de gobierno, para evitar que los hombres de prensa cubran las actividades oficiales. Ello, posiblemente ante las limitaciones y carencias de Pedro Castillo para hilvanar ideas y salir bien librado de las entrevistas periodísticas. Pese a los reclamos del Consejo de la Prensa y del Colegio de Periodistas, la situación todavía persiste. Incluso, miembros de diversas bancadas congresales han cursado cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresando su preocupación por la supuesta vulneración a la libertad de expresión en el país por parte del Ejecutivo. Señalan que “tomar represalias en contra de los medios por tener líneas editoriales que critican las acciones del Gobierno, representan una restricción a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es la libertad de expresión”.
Condición fundamental
Un Estado democrático persevera en el tiempo cuando existe libertad de expresión en todo el sentido de la palabra, sin restricciones ni cortapizas (obviamente sin caer en el dañino libertinaje, del cual han hecho uso muchos medios de comunicación en el presente y el pasado), porque ello nos asegura ser un país más libre, tener una ciudadanía con pensamiento crítico y reflexivo, con instituciones sólidas y fortalecidas. Cuando mayor democracia exista en un Estado, más fuerte se hace el derecho a la libre expresión, por ello es primordial salir siempre en defensa de estos dos elementos claves e indivisibles para la humanidad, porque son la columna vertebral para tener una sociedad más plural y equilibrada, con independencia de poderes y para ejercer un mejor control sobre el poder político, legislativo, judicial y los actos de gobierno en general.
En este contexto, el papel de los medios de comunicación se vuelve trascendente porque generan corriente de opinión y ejercen un control efectivo sobre los poderes políticos, fácticos; ello a través de la participación activa de sus actores sociales. El periodista del diario El Espectador, Rodolfo Arango, sostiene que “la libertad de prensa es el oxígeno de la democracia. Sin ella el pueblo no puede autodeterminarse. De cuan extensa sea la primera depende la calidad de la segunda”. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión también presenta responsabilidades y límites, debido a que penetra en otros ámbitos del ejercicio democrático y puede vulnerar derechos fundamentales.
Es mucho mejor algún exceso de la prensa que a tener medios subyugados o sometidos al poder de turno (sea nacional, regional o municipal), a que sean manipulados por intereses subalternos empresariales y políticos, porque ello sí es muy peligroso y puede socavar los cimientos de nuestra endeble democracia, a la que tenemos que defender siempre bajo los cánones constitucionales. La analista de elDiario.es, Isabel Elbal, sostiene que “tratar de censurar las ideas contrarias a las nuestras, por muy repugnantes que aquellas sean, no contribuye a la construcción de una mejor democracia, sino que la reduce mucho más”. Y agrega que “la libertad de expresión es un derecho de carácter institucional porque supone un pilar de la democracia: es el derecho a que ningún Gobierno ni poder criminalice a sus ciudadanos por las expresiones manifestadas. Es por tanto, la garantía de que la ciudadanía ejerce un contrapeso a los poderes establecidos”.
Cambio necesario
El presidente Pedro Castillo necesariamente tiene que cambiar su actuación frente a los medios, así le sean incómodos o no concuerden con su manera de pensar; tiene que ser más plural y abierto a las críticas, porque ello le permitirá tomar mejores decisiones y construir un gobierno más democrático. Es posible que Castillo aún tenga en mente la conducta de los grupos mediáticos más poderosos del país en la segunda vuelta, donde se comportaron de una manera vil y procaz en claro desmedro de su candidatura, y en abierta defensa de la postulante de la derecha, Keiko Fujimori, pisoteando sus propios códigos de ética y manuales institucionales, y manipulando la información a su antojo; de allí que el mandatario haya optado por limitar la labor de los periodistas en estas primeras semanas de gestión, lo cual ha sido un error garrafal de principiante que seguramente tendrá que enmendar.
La campaña electoral ya es cosa del pasado, la historia y la ciudadanía se encargarán de juzgar y condenar a esos medios por el deplorable papel que cumplieron en la cobertura electoral; pero hoy urge que el Gobierno abra nuevos caminos para garantizar una plena e irrestricta libertad de expresión. Y si hubieran excesos, que la autorregulación sea el mecanismo más adecuado para garantizar el ejercicio periodístico responsable, ético, libre y autónomo. Para ello se requieren empresarios responsables, comprometidos y con una elevada moral, que manejen los medios con mucha seriedad y sensatez, que no solo defiendan sus interese económicos, sino también piensen en sus audiencias, en los contenidos que les entregan, para procurar tener una población adecuadamente informada y ciudadanos capaces de discernir sobre la realidad política, económica y social del país. Hay que precisar que los medios de comunicación hacen uso del espectro radioléctrico, un bien público que pertenece a todos los peruanos, que el Estado otorga a estas empresas mediante concesiones, de allí la obligación de los propietarios de dar el mejor empleo a estas frecuencias en beneficio de la sociedad.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
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