Podría ser denunciada por omisión.
De todo tipo de responsabilidad se desligó el gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Manuel Fernando Correa Sovero, con referencia a la apertura de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, que incluso podría culminar en una denuncia penal, contra el ex jefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT, y actual asesor del alcalde David Cornejo Chinguel, Nilton César Monje Sampén.
Monje Sampén es sindicado de haber causado daño a la Municipalidad Provincial de Chiclayo y hasta de haber provocado perjuicio económico al ente recaudador y afectación al Estado, al haber omitido funciones de su entera responsabilidad, como desarrollar la adecuación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH, y resistirse a entregar copias documentales de dominio público a pesar de existir sentencias constitucionales de Habeas Data y otra de Acción de Cumplimiento, dadas por magistrados civiles del Poder Judicial, llevando a que el alcalde de la comuna sea sentenciado.
En carta N° 013-2017 –MPCH/GM, del último 8 de febrero, dirigida al Semanario Expresión, Correa Sovero explica que su despacho no emitió una orden para sancionar a Nilton Monje Sampén por el incumplimiento de la aplicación de la ordenanza, sino que cumplió, de acuerdo al procedimiento administrativo, con elevar los actuados a la titular de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD, del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, Jenny del Pilar Valiente Vásquez, para que sea ella quien en plena aplicación de sus facultades investigue y sancione al funcionario. Dicha información fue alcanzada con la carta N° 12-2016-MPCH/GM.
El funcionario señala que la gerencia a su cargo no era competente para resolver el caso en mención, a pesar que la designación y conclusión de funciones de Nilton Monje Sampén como jefe del ente recaudador fue hecha por el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, mediante resolución de Alcaldía N° 333-2015-MPCH/A del 01 de abril del 2015 y N° 003-2017-MPCH/A del 3 de enero del 2017, respectivamente.
Resalta, que por ello el 27 de setiembre del 2016 hizo llegar, por mesa de partes del CGT a Jenny del Pilar Valiente Vásquez, el contenido de la carta N° 161-2016-MPCH/STPAD, en la que el responsable de la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, Pedro Vera Salcedo, le devuelve el expediente en el que se investigaba a Nilton Monje Sampén, a fin de enviarlo al Centro de Gestión Tributaria.
Los actuados, a los que se les ha denominado “Caso: Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, O.M N° 009-2015 MPCH”, habían determinado, según el informe N° 111-2016-MPCH-GM, abrir Procedimiento Administrativo Sancionador al exjefe del CGT, por no cumplir con la adecuación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015.
LA ORDENANZA
El dispositivo municipal, publicado en abril del 2015, otorgó un plazo de 180 días al jefe del CGT y a su equipo de asesores para desarrollar la implementación del nuevo Reglamento de Organización de Funciones - ROF, así como la estructura orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes al nuevo centro de recaudación.
Sin embargo, a más de un año de entrada en vigencia la mencionada ordenanza municipal, la gestión de Nilton Monje Sampén no hizo nada de lo ordenado por el concejo municipal. Lo único que se hizo fue cambiar el nombre o razón comercial del ente recaudador, pasando este de Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH, a Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo.
Haber cambiado de nombre a la entidad dio pie a la creación de nuevos puestos jefaturales y, por ende, a disponer el incremento de sueldos a ciertos funcionarios, a pesar que el CGT no cuenta con un Manual de Organización de Funciones – MOF, de acuerdo a lo dispuesto, por ser considerada una nueva empresa recaudadora.
LO INFORMADO
De manera oportuna el responsable de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios – PAD, de la municipalidad de Chiclayo, Pedro Vera Salcedo, hizo conocer al Correa Sovero que dicha oficina no era competente para continuar el proceso sancionador contra Monje Sampén, debido a que este prestaba servicios en un órgano descentralizado de la comuna. Por tal motivo la responsable de abrir proceso, investigar y sancionar era la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios – PAD, del CGT.
Por su parte, José Pérez Delgado, gerente de Asesoría Jurídica de la municipalidad de Chiclayo, formuló el informe N° 111- 2016 –MPCH/GAJ, del 19 de octubre del 2016, y lo dirigió al Gerente Municipal, Manuel Fernando Correa Sovero, haciéndole conocer que en el caso Nilton Monje Sampén ya se había formulado el expediente N° 36885 / 96734, en el cual se contiene la denuncia contra el funcionario y los que resulten responsables del incumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 009-2015-MPCH, y los perjuicios que ello causa a la comuna chiclayana y al Estado.
Basándose en estas opiniones legales, en su carta a Expresión, el gerente general de la MPCH deja en claro que si bien en un primer momento se abrió el expediente de proceso disciplinario contra Monje Sampén, la omisión al cumplimiento de la ordenanza no ha prescrito, pues desde setiembre del 2016 la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios – PAD, del CGT, Jenny del Pilar Valiente Vásquez, debió haberle abierto investigación y emitir una sanción o una resolución de archivamiento si es que no se ha encontrado ninguna responsabilidad.
Empero, no se habría tomado en consideración que Monje Sampén fue designado como funcionario de confianza por atribución del alcalde provincial, como consta en su resolución de nombramiento y cese como jefe del CGT.
Esto eso indicar que, al parecer, a Jenny Valiente Vásquez poco le importó que desde la municipalidad le hayan remitido documentación con referencia al negativo proceder de Nilton Monje Sampén, cuyo incumplimiento originó que el alcalde David Cornejo Chinguel, sea sentenciado por el Poder Judicial por incumplir con la Ordenanza Municipal N° 009-2015, y generó daño y perjuicio económico a la comuna y al Estado peruano.
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