La Academia Nacional de la Magistratura – AMAG, avanza en la descentralización de sus actividades de capacitación y actualización a los jueces, fiscales y aspirantes a un cargo en el sistema de justicia, tarea en la que además persigue la formación de un perfil de idoneidad que responda de manera eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

El presidente de la academia, Pedro Chávarry Vallejos, refiere que una muestra de este avance es la apertura de oficinas permanentes de la institución en Chiclayo, las mismas que se ubican al interior del Palacio Municipal gracias a un convenio suscrito con la comuna provincial.

“Una de las políticas de descentralización que está desarrollando la Academia Nacional de la Magistratura es llevarla a todos los lugares del país como ente constitucional dedicado a la capacitación y perfeccionamiento de todos los jueces y fiscales de la República, y por esa razón se van a habilitar en Chiclayo los ambientes que nos ha proporcionado la municipalidad provincial para realizar la capacitación de los jueces, fiscales y aspirantes a la magistratura”, comenta.

NUEVAS NORMAS

Entre los temas de capacitación en los que más incide la academia está el Código Procesal Penal. Chávarry Vallejos explica que a medida que ha ido pasando el tiempo los delitos se han innovado e incorporado nuevas figuras delictivas como el crimen organizado, el lavado de activos, los delitos cibernéticos, los delitos ambientales, entre otros.

Esta situación obliga a que tanto jueces como fiscales estén debidamente capacitados para desenvolverse y realizar con éxito sus tareas diarias.

Chávarry Vallejos, quien tiene el rango de fiscal supremo en el Ministerio Público, señala que existe una profunda necesidad de que los operadores de justicia tengan mayor capacidad para comprender y ejecutar su trabajo en función de los nuevos dispositivos y decretos legislativos que regulan, por ejemplo, las investigaciones contra el crimen organizado.

“Como en toda herramienta legal nueva, siempre se enfrentan herramientas en cuanto a la interpretación, pero el tratamiento que les vienen dando los jueces y fiscales a los nuevos dispositivos es el más aceptable, pero están sujetos a una serie de variables e interpretaciones que le pueden dar los tribunales superiores cuando revisan una determinada decisión que se toman en los órganos de primera instancia. Es normal que existan algunas discrepancias, pero que no se pueden llamar irregularidades, sino situaciones propias de la interpretación de las normas”, señala.

Para el director de la Academia Nacional de la Magistratura, la libre interpretación de las normas puede generar suspicacias. Sin embargo, afirma que si no existe un contenido doloso ni mal intencionado, las decisiones de jueces y fiscales, al ser revisadas en la instancia superior, pueden ser corregidas.

“La pluralidad de instancias es un mecanismo constitucional que permite que las decisiones en las que no estén de acuerdo las partes puedan ser impugnadas y esa es una garantía para las personas que litigan en todos los ámbitos, no solo el penal”, anota.

RESPONSABILIDAD

Añade que los jueces y fiscales pasan por un riguroso examen ante el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que sus decisiones deben ser respetables y asumidas bajo su responsabilidad.

“Cada juez y cada fiscal, en el ejercicio de sus funciones, tiene que asumir su responsabilidad. Estamos frente a profesionales que en su momento han certificado su capacidad. En mi opinión, no creo que existan abusos o excesos con la imposición de mandatos de prisión preventiva, más porque en una investigación cada una de las personas expresa y discute sus razones, el fiscal expone su teoría del caso y el juez es quien al final emite un pronunciamiento”, sostiene.

Indica además que por “escasos elementos que irregularmente actúan en ejercicio de su función, se empaña muchas veces el trabajo que realizan a nivel nacional jueces y fiscales”.

“Confiemos en nuestras instituciones, en las personas que tiene a cargo los casos que se investigan o que están en proceso de juzgamiento, más allá de las críticas de la prensa. Confiemos porque hay gente que trabaja transparentemente y hay organismos que están cumpliendo con su trabajo en sus respectivas instancias”, afirma.

LIDERAZGO

Chávarry Vallejos refiere que la academia busca preparar y perfeccionar de manera activa a los magistrados, de tal modo que puedan enfrentar situaciones complejas que deben ser resueltas no solo con apego a la norma, sino también con estricto respeto a los derechos de las personas y a los principios emanados del marco constitucional, a fin de no incurrir en excesos como el de enviar a prisión a investigados sobre los cuales no existe mayor carga probatoria.

“Queremos a un magistrado que pueda hacer frente a todo tipo de presiones y que en el futuro pueda desarrollar su trabajo acertadamente. Además de su preparación en el aspecto legal, el fiscal y el juez deben tener un perfil adecuado. No solamente queremos a magistrados que apliquen códigos y leyes, o que puedan realizar una interpretación correcta de las normas, sino también que tenga un perfil moral y ético, uno que nos permita estar frente a un funcionario de primer orden, de primera categoría, un verdadero líder que sepa dar respuesta a los reclamos que efectúa la población”, señala.

Alcanzar esto último – anota – es lo más difícil de conseguir, “tan igual como sucede en toda profesión”.

“Es la función de la academia, la academia tiene que preparar a los magistrados que están vigentes en la función, capacitarlos permanentemente y aplicar el Programa de Formación Académica – PROFA, que se ofrece a las personas que aspiran a ser jueces y fiscales. Sin haber pasado por el PROFA, los abogados postulantes no pueden ser considerados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta es otra de las razones por la que estamos abocados a descentralizar la capacitación a nivel nacional, en todos los rincones de la república, a fin que los aspirantes no necesariamente tengan que viajar a Lima a capacitarse”, manifiesta.

MEJOR PREPARACIÓN

Por otro lado, Pedro Chávarry precisa que las investigaciones iniciadas en torno a los casos de corrupción que involucran a altos exfuncionarios y autoridades del Estado y a empresas extranjeras demandan de los operadores de justicia una mayor capacidad y preparación.

Indica que ante ello la academia ha iniciado un proceso de revisión de currículos de estudio, renovación de la plana docente y convocando a los mejores profesionales del Derecho para que capaciten a los jueces y fiscales que tendrán a su cargo los llamados casos emblemáticos.

“Estas mejoras no solo se necesitan para el ámbito penal, sino también para el ámbito civil, tributario, de familia y contencioso administrativo. No pensemos únicamente que en la carrera judicial o fiscal se circunscribe al ámbito penal”, asevera.

Finalmente, Pedro Chávarry hace referencia a las universidades, de cuyas facultades deben egresar profesionales en Derecho con mejores condiciones y competencias para asumir el reto de ingresar a la magistratura.

“Hay un pedido del Acuerdo Nacional para la Justicia, del que forma parte la Academia de la Magistratura, que está dirigido a los rectores de las universidades a fin de que pongan un poco más de empeño para que los profesionales que egresen sean mejores. Necesitamos un insumo a fin que las personas que quieran ingresar a la carrera judicial o fiscal sean capacitadas por la academia y al postular ante el Consejo Nacional de la Magistratura se tenga al mejor elemento humano. Para ello, hay necesidad de buenos profesionales, eficientemente formados”, manifiesta. 

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