El abogado Manuel Huangal Naveda cesa en la labor jurisdiccional luego de 25 años de trabajo en la Corte Superior de Lambayeque, de la que llegó a ser presidente en dos oportunidades y donde siempre demostró idoneidad y pertinencia para la administración de justicia.
Al concluir sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de San José, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, casa superior que años después le confirió el grado de magíster en Ciencias Penales.
Su ingreso al Poder Judicial se produjo en 1991, cuando empezó como suplente para cubrir plazas jurisdiccionales por tiempos breves de 10 o 15 días, dado que siempre ocupaba el primer puesto en las evaluaciones que se realizaban para la función judicial. Se mantuvo en esa situación hasta 1992, cuando fue convocado de manera permanente.
Manuel Huangal pertenece a la que él denomina la Generación del 96, un grupo de magistrados entre los que figuran el actual presidente de la Corte Suprema de la República, Duberlí Rodríguez Tineo y los vocales superiores Juan de Dios Lara Contreras, Hugo Núñez Julca, Daniel Carillo Mendoza y Segundo Morales Parraguez, este último integrante del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM.
Ellos postularon al Poder Judicial al amparo de la Constitución Política de 1993, que dio funcionamiento pleno al CNM.
JUEZ PREPARADO
“La creación del Consejo Nacional de la Magistratura como una entidad autónoma ha sido una de las gestiones más valiosas de la Constitución de 1993. Antes las decisiones para nombrar a los jueces eran políticas. De acuerdo a la Constitución de 1979 se armaban unas ternas, los abogados postulaban y de acuerdo a su calificación se iban ubicando en los puestos. Luego, esas ternas se elevaban al Poder Ejecutivo, este los pasaba al Ministerio de Justicia y ahí se firmaba una resolución suprema de nombramiento. Con la Constitución del 93 para nosotros se inició una experiencia interesante, porque la evaluación empezó a darse no solo en función de los conocimientos, sino también de los antecedentes de la persona”, refiere el magistrado.
Recuerda que la entrevista personal al aspirante a la judicatura se constituía en un examen oral, porque el postulante no solo debía poner en evidencia sus conocimientos en Derecho, sino también en cultura general.
“Era una evaluación mucho más exhaustiva y eso era bueno. Yo entiendo que todo juez debe tener una formación doctrinaria y cultural. No se pide a un juez que domine literatura, historia o filosofía, pero debe tener conocimiento para poder ser drástico y también benevolente y generoso, porque la tarea de administrar justicia es muy difícil si solo se dedica a la interpretación de datos”, señala.
SERIO PROBLEMA
Manuel Huangal, quien ha cursado estudios de doctorado en Derecho Constitucional, es claro en indicar que los magistrados enfrentan a diario un serio problema que se centra en la calidad de sus resoluciones, las que – en su opinión – deben ser elaboradas con eficiencia para evitar las nulidades que no solo ponen en duda su capacidad, sino que generan perjuicios a las partes en controversia y mayores gastos al Estado.
“En el Perú, todos los jueces tenemos una falla que nos genera un lastre para la administración de justicia, esas son las nulidades. Siempre que he trabajado en cualquier sala he procurado hacer mis resoluciones rápido y fundamentándolas bien para hacerlas legítimas, para que la gente entienda por qué pierde o gana un juicio y, para que también puedan ser entendidas poniendo en práctica la celeridad. Hay que luchar contra las nulidades, porque muchos juicios se han declarado nulos porque no hay un pronunciamiento de fondo o para que vaya con un juez determinado. ¿Sabe cuánto significa para el Poder Judicial las nulidades? En el Perú casi un tercio de la producción es nula, aumentado así la carga procesal. En sala plena yo he dicho que hay que luchar contra fulano o zutano porque genera nulidades, que hay que investigarlos”, asevera.
LAS MEDIDAS COERCITIVAS
El ex presidente de la Corte de Lambayequeafirma que hay temas polémicos en los que el juez debe tener mesura y no solo respetar la normativa o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es bastante garantista de los derechos, sino también los convenios internacionales y el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Económicos, que es una norma que indica, por ejemplo, bajo qué circunstancias debe darse la prisión preventiva, al ser una medida excepcional.
“Comparto plenamente lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que los jueces tienen que ser proporcional para dar la medida, y la medida de prisión preventiva debe ser excepcional”, indica.
Un estudio realizado a nivel nacional revela que los jueces no aplican las normas actuales y los instrumentos internacionales que señalan que todo procesado debe estar libre porque sobre este rige la presunción de inocencia. Al respecto, Huangal Naveda indica que tampoco se puede caer en el absurdo de pretender que los magistrados no dicten las medidas coercitivas sobre investigados por crimen organizado. En esos casos – anota – es necesario que el juez sea más drástico.
“Nosotros tenemos, como en toda Latinoamérica, un sistema penal que parecería que no selecciona conductas de las personas, sino a sectores sociales, porque si se visita los juzgados se verá que generalmente los procesados son gente bastante pobre, y eso no quiere decir que todos los pobres cometan delitos, pero son los más proclives en llegar a esa situación. Recién con el caso Odebrecht se está viendo una situación inversa, pero antes el segmento penal era así”, remarca.
SALA CONSTITUCIONAL
Como magistrado, Manuel Huangal, quien presidió la desaparecida Sala Constitucional de Lambayeque, ha revisado importantes casos como el de la familia Sánchez Paredes o el de José Enrique Crousillat, quien fuera irregularmente indultado en el segundo gobierno de Alan García Pérez.
También ha resuelto otros casos no tan mediáticos, pero que han sentado precedentes en la administración de justicia y cautela de los derechos constitucionales, como el de una pareja de profesores de una universidad local que fueron despedidos por el único hecho de iniciar una relación sentimental siendo divorciados.
La sala que presidía Huangal Naveda emitió una resolución en la que aplicó instrumentos internacionales donde se dejó sentado que el amor como sentimiento no podía quedar exento de las personas divorciadas y, en consecuencia, no habían cometido falta alguna para que se disponga su despido. El Poder Judicial acogió la demanda de amparo de los profesores y la decisión quedó firme.
“Desde Lambayeque generamos jurisprudencia. Cuando postulé para fiscal supremo en el 2010 aprobé el examen de conocimientos y al pasar para la revisión curricular presenté seis sentencias, entre ellas este caso, por el que me pusieron el máximo puntaje”, recuerda.
GESTIÓN DE PRESIDENCIA
De su gestión como presidente de la Corte de Lambayeque se destaca el haber logrado la construcción de nueva sede institucional en el Centro Cívico de Chiclayo, para lo cual debió asegurar el apoyo de la Gerencia General del Poder Judicial a fin de hacer afectiva la posesión del terreno que la comuna provincial había transferido para la institución y que – según confiesa – estaba a punto a perderse.
“El tiempo nos ganaba y entonces al asumir la presidencia viajé a Lima para informar que se tenía el terreno, aunque no en posesión, pero sí en documentos. Hablé con el gerente general, que además era conocido mío y tenía un fuerte vínculo con Chiclayo y Ferreñafe; luego hablamos con el presidente de la Corte Suprema y este pidió que se dé una solución al tema. Así se lograron los 800 mil soles con los que empezó la construcción del edificio. El municipio ya no nos quería dar la autorización, pero aun con ello empezamos a construir. Después se hicieron los debidos descargos necesarios, pero valió la pena. De no haber sido así no tendríamos el nuevo local de la corte”, comenta.
En su segunda presidencia se creó la Sala Constitucional de Lambayeque, que ayudó en gran medida a la solución de las demandas que antes debían esperar demasiado tiempo para ser revisadas y resueltas. Lamentablemente, el órgano fue desactivado cuando Enrique Mendoza Ramírez asumió la presidencia del Poder Judicial.
“El doctor Mendoza Ramírez con el argumento de la carga procesal suspendió todos los órganos jurisdiccionales constitucionales de Arequipa, Cuzco y Lambayeque y fue un error, porque aquí había una justicia especializada muy expeditiva y a la que la gente recurría. Nosotros hicimos el reclamo en sala plena y esta medida fue apoyada por todas las organizaciones como el Colegio de Abogados. Ahora el presidente Duberlí Rodríguez ha dicho que ya se empezó a devolver los juzgados constitucionales en Arequipa, Lima y Ayacucho, pero falta que haga lo propio en otras cortes como la de Lambayeque”, manifiesta.
COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA
Huangal Naveda se despide de la función jurisdiccional dejando como legado un importante ejemplo de trabajo y gestión exitosa como representante de la judicatura en Lambayeque. Por su experiencia, señala que los magistrados deben comprometerse a desempeñar una labor proba y honesta, que se ajuste a la ética y a la administración de justicia con equilibrio y cautelando los derechos de las personas.
“Quien debe mostrar realmente honestidad y propiedad es el juez, siempre habrá problemas, pero si en su pronunciamiento mantiene una línea correcta estará honrando la responsabilidad que el país le ha confiado. Yo he visto que acá hay jueces que son buenos, he visto a jueces que son estudiosos y creo que hay una generación muy interesante con la que se llegará al bicentenario de la República. En el 2001, cuando fui presidente, aquí habían máquinas de escribir, solo algunas salas tenían computadoras, ahora al Poder Judicial se le encuentra implementado, con su propia logística y, por lo tanto, esa mejora debe hacer que la gente sienta que realmente hay una justicia que se preocupa por el ciudadano”, remarca.
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lfredo Adán Montenegro Bermeo, Boris Gustavo Bartra Grosso, Elvis Bustamante Tarrillo, Juan Carlos Pérez Baustista, José Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Octavio Romero Romero y Ricardo Guillermo Lara Doig, los que deben explicar porque votaron a favor del desabastecimiento y por la compra directa”, recalcó.
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