Rafael Aita Campodónico cumple 10 meses como prefecto del departamento y tras haber superado la oposición a su nombramiento, ejercida por algunos representantes del partido de gobierno, su trabajo empieza a dar resultados. Avances en la organización de las juntas vecinales para la seguridad ciudadana, supervisión de los programas sociales del Estado y coordinaciones institucionales previas al proceso de reconstrucción son parte de ellos.

El representante del presidente de la República conversó con Expresión, y dio alcances de la reorganización emprendida en la Prefectura, cuyas competencias – asegura - deben ser de conocimiento general.

Trascurridos diez meses de su designación como prefecto de Lambayeque, ¿cuál es el balance que puede realizar?

Este es un trabajo muy importante. Hace 160 años existen las prefecturas, con las mismas capacidades y competencias, pero parece que en los últimos 20 años se olvidaron de su existencia. Cuando yo ingresé a la prefectura me di con la sorpresa que no había informes, Lima no se enteraba de nada, no había ese ida y vuelta para saber cuáles son las políticas públicas y qué tipo de responsabilidades teníamos que asumir.

Al conocerse mi nombramiento organizaron una marcha en mi contra, luego dijeron que era prefecto provisional y una serie de cosas que quienes me conocen saben que no son ciertas. Y aquí estoy, he venido poniendo orden porque hay una serie de atribuciones que se toman los subprefectos o los tenientes gobernadores para las que no están autorizados y que lindan con actos de corrupción, como emitir certificados de convivencia a mujeres que luego van a las cárceles llevando drogas o bebidas alcohólicas, dar certificados para la matanza de algunos animales sin control sanitario o para la posesión de terrenos, avalando a gente que va pidiendo dinero para gestionar servicios básicos y después desaparece.

Quienes representamos al gobierno nacional podemos ayudar a que los colegios funcionen bien, que la luz llegue a tiempo, que el camión de la basura pase, visitamos los programas sociales, todo lo que sea ayuda para solucionar los problemas.

Usted denunció que existen representantes del gobierno nacional que no residen en las jurisdicciones para las que han sido designados. ¿Cuál es la situación de estos?

Se ha comunicado esta situación al Ministerio del Interior y este los ha notificado para que hagan su descargo, porque es este el que los nombra. Si yo pudiera nombrarlos y sacarlos otra sería la situación.

Hay tres expedientes en estos momentos. Entre los requisitos para ser subprefecto se indica claramente que este debe tener como mínimo un año de residencia en la jurisdicción y tres de ellos no cumplen con ese requisito. Estamos a la espera de la respuesta del Ministerio del Interior y ojalá realmente se produzca un cambio.

¿Cuánto se ha avanzado en la coordinación y supervisión para el correcto funcionamiento de los programas sociales?

Todos los días, a través de los subprefectos y los tenientes gobernadores, tenemos contacto, reuniones en todos los distritos y visitas. Por ejemplo, visito permanentemente lo que es Qali Warma para constatar en qué forma se manejan los alimentos, cómo se distribuyen y estoy bastante contento por los resultados. Hay lugares en los que seguramente ha habido alguna denuncia y sobre ellas se ha buscado soluciones o sanciones.

Una de las competencias de la prefectura y las subprefecturas es el control de los espectáculos públicos. Atendiendo lo sucedido recientemente en la Feria del King Kong, ¿qué tiene que decir como prefecto departamental?

Todo lo que tiene que ver con la ciudad es responsabilidad plena de la municipalidad, nosotros no damos ningún tipo de garantía mientras no se extienda la licencia municipal. Ahora, si el espectáculo pasa de las tres mil personas, ya la licencia municipal debe ser provincial y contarse con una opinión de Defensa Civil, y dar parte a la Policía Nacional para que disponga de los efectivos, con toda esa orden vienen a la Prefectura para otorgar las garantías.

Recientemente se ha emitido una Resolución Suprema por la cual se exige que en todo tipo de evento haya garantías, porque antes se prescindía de estas amparándose en el permiso municipal.  

¿Qué se ha hecho por la seguridad ciudadana? ¿Hay permanente coordinación con los vecinos y las instituciones?

He estado en todas las reuniones, voy a la regional, a la provincial de Chiclayo y a la distrital de José Leonardo Ortiz, donde sabemos que se produce el 70 % de las incidencias. También he estado en las coordinaciones distritales y aparentemente las cosas caminan, hemos hecho con el general Jorge Pérez Flores visitas inopinadas, vigilancia nocturna, caminatas con la policía, caminatas combinadas con los alcaldes, con las juntas vecinales y tenemos bastante participación.

En estos momentos tenemos 446 juntas vecinales que trabajan con los tenientes gobernadores. Cada uno de ellos es responsable y espero que a diciembre pasemos las mil juntas vecinales.

Respecto al proceso de reconstrucción, si bien la Prefectura no ejecutará ningún tipo de presupuesto se entiende que tiene un alto nivel de coordinación con el gobierno nacional, regional y los municipios. ¿Qué se ha avanzado en relación a ello?

He escuchado que hay una inquietud porque los días pasan y necesitamos algo de dinero para Lambayeque, pero no hay que olvidarnos que hemos recibido hasta hace tres años aproximadamente mil 200 millones de soles para obras de saneamiento básico, de los cuales solo se han ejecutado 600 millones, quiere decir hay otros 600 millones que se han desaparecido o que están en arbitraje, judicializados o en obras abandonadas.

Yo me pregunto quién ha resuelto ese problema. Por esas razones se ha acordado a nivel nacional que si bien se va a avanzar en la rehabilitación de los servicios, esta empezará en función de la capacidad de los municipios y los gobiernos regionales. Y me da pena decirlo, pero creo que el 80 % de los municipios de Lambayeque no van a calificar para ejecutar las obras y mientras no se solucionen estos problemas la duda seguirá existiendo.

Ahora, ha salido el alcalde de Chiclayo a decir que quiere un paro para reclamar dinero del gobierno, y pienso que en estos momentos no se puede actuar políticamente, sino con mayor responsabilidad. Yo represento al presidente de la República y lo único que tengo que decirles es la verdad: primero veamos cómo recuperamos ese dinero dado para el saneamiento y después pensemos en paralizaciones.

Por otro lado, no es posible que los juicios a los alcaldes comprometidos en actos de corrupción se sigan dilatando. Hay necesidad de empezar a sentar precedentes de justicia.

¿Qué problemas le preocupan de Lambayeque? Falta año y medio para que se vayan las autoridades actuales y lo avanzado es ciertamente muy poco.

Que importante que hace unos años se haya aprobado que no haya reelección. Yo visito a todos los alcaldes y han estado pensando que lo ofrecido por el partido Fuerza Popular se iba a cumplir, respecto a regresar a las relecciones indefinidas y por esta razón han estado  guardado el presupuesto. Yo invoco a la Contraloría General de la República a que esté mucho más atenta, porque esos fondos deben ser controlados y vigilados para que las obras se hagan con eficiencia y transparencia.

Un segundo aspecto es que hace años no hay autoridades locales, autoridades que tengan corazón, que tengan ganas de trabajar. Esa capacidad de servicio no existe y hemos visto que los resultados de las autoridades que hemos elegido son pésimos.

¿Chiclayo está acéfalo?

Tenemos un alcalde que habla muy bonito, de cosas muy importantes, pero que no ha dado los resultados que se esperan.

Hace unos días ha estado el ministro de Comercio Exterior y Turismo y sus palabras fueron realistas: Chiclayo está sucio. Yo he planteado al presidente de la República que se haga un solo contrato para que en todos los distritos de Lambayeque se concesione el servicio de limpieza pública, que ni siquiera tiene que generar despidos, porque los mismos obreros pueden pasar a trabajar bajo esta modalidad.

Hay mucho por corregir también muchas oportunidades que no estamos explotando como se debe, como el Proyecto Olmos, por ejemplo, por falta de mano de obra calificada. 

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